Conforme pasa el tiempo la cuantificación de los daños generados por los terremotos de septiembre de 2017 va creciendo porque, si bien el numero de edificaciones que se cayeron durante los sismos es relativamente pequeño, es necesario derrumbar edificaciones que, aunque continúan en pie, están inservibles y representan un riesgo para la sociedad.
Los daños se han presentado en escuelas, hospitales, carreteras, iglesias y casas habitación. Hasta el momento se estima que la reconstrucción de todas esas edificaciones requerirá poco más de 47.000 millones de peso (cerca a 2.500 millones de dólares). La gran pregunta es: de dónde saldrán los recursos para financiar todas esas obras.
Hasta el momento se tienen 15.900 millones de pesos, de los cuales 8,2 provienen de recursos presupuestales, 5 de los seguros con que se contaban por parte de las instalaciones pertenecientes al gobierno y 2,7 del bono catastrófico, que es al final de cuentas un seguro que cubre los daños generados por fenómenos meteorológicos o terremotos. Por lo tanto, falta de financiar cerca de 32.000 millones de pesos.
El dinero que falta para financiar las obras de reconstrucción equivale aproximadamente al 0,1% del PIB. Ese monto se podría incluir en el presupuesto de gastos del gobierno federal de 2018 y aumentar el déficit público en esa misma magnitud lo cual no genera ningún desequilibrio fiscal porque, a pesar de ser una cantidad importante de dinero, cuando se pone en perspectiva en las finanzas públicas no resulta imposible de financiar.
La inversión física del gobierno federal ha disminuido consecutivamente, en 2014 representó el 4,8% del PIB, para 2018 se programa que sea 2,8% del PIB. Si se incrementa a 2,9%, no suena a una desviación desproporcionada, sobre todo que el aumento se iría a construcción, generando una derrama económica muy importante al fomentar el empleo directo e indirecto. Un programa agresivo de reconstrucción en los estados de Chiapas y Oaxaca, que fueron los mas afectados por los sismos, apoyaría la recuperación económica de la zona.
Otra posible fuente de financiamiento son las ganancias del Banco de Mexico, quien en los últimos años las ha aportado para mejorar el desempeño de las finanzas públicas. Durante 2017 dichas ganancias ascendieron a alrededor de 1,1% del PIB. Si en 2018 son de magnitud similar, con el 10% de las ganancias del Banco de México se podría financiar el faltante para realizar las obras de reconstrucción. Esto no es vender reservas del banco central para financiar las obras, es utilizar las ganancias que obtiene el banco central por el manejo de su tesorería para financiarlas.
En conclusión, si bien es una suma importante la que se requiere para reconstruir las edificaciones que destruyeron los sismos que se registraron en septiembre, debido a que las finanzas públicas se encuentran saludables, es posible financiarlas con gasto público sin crear un desequilibrio macroeconómico. Situación muy diferente a la que existía cuando el terremoto de 1985.
Columna de Francisco Padilla Catalán
