Como si de una telenovela romántica se tratase, asistimos de nuevo a un episodio de la turbulenta relación entre las agencias de calificación y las autoridades europeas supervisoras de los mercados financieros. En este nuevo episodio, el Tribunal de Cuentas Europeo ha emitido un nuevo informe en el que se critica la eficiencia de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en la supervisión de las agencias de calificación (Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch).
En concreto, el Tribunal califica de insuficiente el personal con el que cuenta la ESMA para desempeñar una de sus principales funciones, que no es otra que la supervisión de las agencias de calificación. Además, el Tribunal en su informe considera que la página web del supervisor es poco transparente y clara, en comparación con la información proporcionada por su homólogo en los Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC). Pero esta situación se complica aún más debido a que el Tribunal también culpa al propio supervisor de favorecer el oligopolio en la industria del rating. Una crítica muy a tener en cuenta porque, como indican los datos de la propia ESMA, Standard and Poor’s y Moody’s acaparan aproximadamente el 75% de los ingresos del mercado de calificación en la Unión Europea.
Dadas estas circunstancias, la pregunta que emerge es, ¿dónde quedaron los propósitos y los resultados de las diferentes reformas emprendidas por las autoridades Europeas en materia de regulación de las agencias? Para responder esta cuestión es interesante regresar a los anteriores episodios. El primero se remonta al año 2011, cuando se crea la ESMA. Este organismo se creó con el cometido de promover la competencia en el sector del rating e incrementar la transparencia de las metodologías que se utilizan en el proceso de su asignación, además de establecer un mecanismo sancionador por los errores que las agencias pudieran cometer en sus calificaciones de riesgo. En este contexto, no debemos olvidar que, en los años previos a la reciente crisis financiera, las agencias de calificación infravaloraron los verdaderos riesgos que presentaban gobiernos (Grecia, Irlanda, Portugal, etc.), entidades bancarias y activos hipotecarios (sobre todo los activos relacionados con las hipotecas subprime).
Pero éste no ha sido el único episodio. Otro tuvo lugar en enero de 2013, cuando el Parlamento Europeo aprobó una directiva (2013/14/UE) que fundamentalmente pretendía mitigar los conflictos de interés que provocan las diferentes actividades de las agencias (por ejemplo, la realización de servicios de asesoramiento o consultoría sobre los propios productos que posteriormente estas agencias califican), establecer una serie de normas en relación a la emisión de calificaciones soberanas, así como reducir la excesiva dependencia que los inversores y las propias autoridades tienen depositado en estas agencias. A consecuencia de esto, tras diferentes fallos cometidos por las agencias a lo largo del tiempo, y las diferentes reformas regulatorias, los supervisores europeos deberían plantearse dos cuestiones. La primera de ellas, ¿por qué cuando las entidades bancarias solicitan liquidez al Banco central Europeo, este organismo les exige que aporten como colateral activos calificados por una de las cuatro grandes agencias del sector como así indica el informe del Tribunal de cuentas? En segundo lugar, y dada la relevancia que tienen los ratings sobre la estabilidad de los mercados financieros, ¿por qué la ESMA no presenta los medios suficientes para la supervisión adecuada de las agencias?
Si bien es cierto que, con el inicio de la crisis, las agencias de calificación estuvieron en el punto de mira por sus fallos cometidos y la escasa transparencia que algunas de sus metodologías presentan, ahora el objetivo de las críticas parece apuntar también a los supervisores europeos.
Columna de Carlos Salvador, profesor de CUNEF.
Por Alicia Miguel
Por Funds Society, Madrid