Para llevar a cabo las reformas estructurales en campos tan importantes para el país, como son el energético, la educación y las telecomunicaciones fue necesario negociar con diversas corrientes políticas para realizar las modificaciones legales necesarias, varias hasta nivel de la Constitución.
El objetivo de las reformas es fomentar la competencia en los sectores energéticos y de telecomunicaciones, romper con el monopolio del estado en el primero y con los privados que se formaron en el segundo. Se busca la competencia para incrementar la eficiencia, atraer capitales para mayor desarrollo de tecnología y con ello lograr la reducción de costos. En el caso de la educación el objetivo es aumentar su calidad y adecuarla a las transformaciones que están sucediendo en el mundo, para no quedarse rezagado.
Algunos de los beneficios se llegaron a materializar en el corto plazo. Tal es el caso de la telefonía, tanto fija como celular, donde la competencia y las nuevas reglas provocaron que los usuarios tengan menos costos. En el sector energético los beneficios para el consumidor no se han consumado, un sector donde apenas se está incorporando capital privado y la competencia aún no se concretiza. Hasta ahora lo único que se ha logrado es atraer inversiones. En el caso de la educación, por la forma en que se decidió instrumentarla, tomará varios años poder mejorar la planta magisterial a través de incorporar maestros en función de sus conocimientos en lugar de sus relaciones sindicales.
Desafortunadamente, detener las reformas es algo muy sencillo, se puede llevar a cabo sin ningún cambio de leyes, simplemente con que el ejecutivo deje de llevar a cabo las acciones que le corresponden y las vaya posponiendo con diversas razones es suficiente. Por ejemplo, el tener pequeños errores en las licitaciones o en la descripción de los proyectos permite posponer los procesos y, en el extremo, nunca llevarlos a cabo.
En el caso del sector eléctrico el tema es alarmante porque los cambios tecnológicos se están orientando a transformar dicha industria y se requiere de grandes inversiones. Regresar a la hegemonía del estado en la industria eléctrica es preocupante debido a que se requiere fomentar las energías renovables, ya que tienden a ser el sustituto del petróleo en diversas actividades. En lugar de invertir en refinerías para producir gasolina, cuyo periodo de maduración es largo y para cuando sean rentables las condiciones del mercado se hayan transformado, deberíamos de canalizar recursos para la generación, en cualquiera de sus formas, y distribución de energía eléctrica y fomentar la participación del sector privado en dichas actividades.
El gobierno no va a tener los suficientes recursos para llevar a cabo todos los gastos sociales que pretende y a la vez invertir en el sector eléctrico. Un ejemplo de la transformación tecnológica son los coches eléctricos, dentro de 30 años la gran mayoría del transporte serán de ese tipo y es necesario prepararse para ello.
Ya existen problemas de falta de energía eléctrica en algunas partes del país, situación que se recrudecerá conforme la actividad económica aumente su dinamismo, como lo pretende el futuro gobierno. Ya hemos vivido períodos donde el crecimiento económico viene acompañado de falta de energía eléctrica y la necesidad de racionarla, vía apagones, tanto a nivel industrial como habitacional.
Columna de Francisco Padilla Catalán
