La revalorización de las pensiones públicas se ha convertido en una de las medidas económicas más relevantes de los últimos años. En un contexto marcado por la inflación y el aumento del coste de la vida, la actualización de las pensiones busca preservar el poder adquisitivo de los jubilados y garantizar unos ingresos dignos durante esta etapa vital. Sin embargo, esta subida, aunque positiva en términos sociales, tiene un efecto directo que muchas veces pasa desapercibido: su impacto fiscal en el IRPF.
En España, las pensiones públicas tributan como rendimientos del trabajo dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esto implica que cualquier incremento en la cuantía de la pensión se traduce automáticamente en un aumento de la base imponible del contribuyente. Como consecuencia, muchos pensionistas pueden verse afectados por un mayor pago de impuestos, incluso aunque su poder adquisitivo real apenas mejore.
La clave está en entender que el IRPF es un impuesto progresivo. No toda la pensión tributa al tipo más alto, pero un incremento de ingresos puede provocar el salto a tramos superiores, la pérdida de determinadas reducciones fiscales o un aumento del tipo medio efectivo aplicado. Este efecto es especialmente relevante en pensionistas con rentas medias, situados cerca de los límites entre tramos.
Supongamos el caso de un pensionista que en 2025 percibía una pensión bruta anual de 24.000 euros, aplicando la revalorización oficial confirmada del 2,7%, su pensión aumenta progresivamente y en 2026 pasa a situarse en 24.648 euros brutos anuales. En 2025, con una base imponible de 24.000 euros, este pensionista pagaba 2.560 euros anuales en concepto de IRPF, lo que representaba un tipo efectivo cercano al 10,7%. Sin embargo, tras la subida de la pensión, en 2026 su base imponible asciende a 24.468 euros, lo que puede situarle parcialmente en un tramo superior del impuesto. Como resultado, su factura fiscal anual pasa a ser de 2.763 euros, es decir, 203 euros más que el año anterior. Esto supone un incremento cercano al 8% en el importe pagado a Hacienda, a pesar de que su pensión solo ha aumentado un 2,7% en términos brutos. Este ejemplo ilustra cómo una subida nominal de la pensión no siempre se traduce en una mejora proporcional del ingreso neto disponible, una realidad que muchos pensionistas descubren al realizar su declaración de la renta. De los 648 euros de incremento, 203 se van directamente a impuestos, disfrutando únicamente de 37 euros mensuales adicionales.
Otro elemento relevante es el ajuste de las retenciones. En muchos casos, las retenciones aplicadas a la pensión no se actualizan automáticamente tras la revalorización, lo que puede provocar resultados a pagar en la declaración si no se revisan con antelación. Además, el impacto fiscal se intensifica cuando la pensión se combina con otros ingresos, como el rescate de planes de pensiones, rentas del ahorro, alquileres o trabajos parciales. La suma de todas estas rentas puede elevar considerablemente la base imponible y aumentar el tipo efectivo aplicado.
Este contexto pone de manifiesto la necesidad de una planificación financiera y fiscal adecuada durante la jubilación. Analizar con antelación el efecto real de las subidas de las pensiones, coordinar las distintas fuentes de ingresos y planificar el momento y la forma de percibirlos permite optimizar la carga fiscal y evitar sorpresas desagradables.
La jubilación no es solo una etapa de cobro de ingresos, sino una fase que requiere decisiones estratégicas para preservar el bienestar económico a largo plazo. Entender cómo influyen los impuestos en la pensión es un paso esencial para garantizar estabilidad, tranquilidad y una mejor gestión del patrimonio en esta etapa de la vida.
Tribuna de Julio Fernández García, CEO de JubilaME y profesor de IE Business School Headspring
Por Rocío Martínez
Por Funds Society, Madrid