Los Papeles de Panamá, hechos públicos el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que desvelan cerca de 215.000 sociedades creadas en paraísos fiscales por numerosas personalidades públicas –entre muchos otros clientes-, están ya teniendo consecuencias.
En primer lugar, Francia ha vuelto a poner a Panamá en su lista de paraísos fiscales y España lo está estudiando.
El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, ha anunciado hoy que su país ha vuelto a incluir Panamá en su lista de paraísos fiscales, y reclamó acelerar la acción internacional para luchar contra la opacidad fiscal y el fraude. «Francia ha decidido reinscribir a Panamá en la lista de países no cooperativos con todas las consecuencias para todos los que hagan transacciones con Panamá», ha señalado Sapin en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional. El ministro ha alegado que «Panamá es un país que ha pretendido hacer creer que era capaz de respetar los grandes principios internacionales» sobre la transparencia financiera, y lamentó que eso le hubiera permitido «salir de la lista negra de paraísos fiscales». La patronal panameña ha denunciado que la medida es «incorrecta, injusta y precipitada», y ha lamentado que no se mida con «la misma vara» a otros países, entre ellos algunos miembros de la OCDE.
En este sentido, la Agencia Tributaria española estudia renegociar los acuerdos que tiene con Panamá, ya que éste dejó de ser paraíso fiscal para España en 2011 por la firma del Convenio para Evitar la Doble Imposición. Hacienda analiza ahora la posibilidad de devolver a Panamá a la lista española de paraísos por su falta de colaboración, según fuentes conocedoras del proceso. De momento, la Agencia Tributaria ya está investigando «en profundidad» la información contenida en los papeles de Panamá por si hubiera alguna irregularidad relacionada con las 1.200 sociedades españolas abiertas en el país centroamericano.
Además, en España, la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado, con los votos de Podemos, PSOE, PNV y Democracia y Libertad, una proposición no de ley para rebajar de 120.000 a 50.000 euros el límite para perseguir como delito el fraude fiscal, equiparándolo al fraude a la seguridad social y a las arcas europeas.
Los Papeles también se han llevado ya por delante a un importante político: el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, ha dimitido por haber tenido una empresa en un paraíso fiscal. Según informó la televisión pública islandesa RÚV, la decisión fue adoptada en una reunión del Partido Progresista, que lidera Gunnlaugsson, y horas después de que éste hubiera pedido la disolución del Parlamento al presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson. Gunnlaugssonn seguirá al frente de su partido, que ha propuesto al hasta ahora ministro de Agricultura, Sigurour Ingi Jóhansson, como nuevo primer ministro.
Por Alicia Miguel Serrano
Por Fórmate a Fondo