MiFID II supone una oportunidad para que el sector bancario redefina las relaciones de las entidades financieras con sus clientes pero también será una palanca para introducir el tema de la sostenibilidad en el mundo del asesoramiento. Así lo explicó José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), en el marco del curso “La economía del blockchain. Lo que está por venir”, organizado por la APIE y patrocinado por BBVA y que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
El experto, que habló del papel del sector bancario en una economía sostenible y libre de emisiones en carbono, explicó el plan de acción de la CE, que se concreta en diez acciones a desarrollar en el periodo 2018-2020, lo que significa que la Comisión se ha propuesto llevarlas a cabo en tan solo dos años. Dentro de estas acciones, destacó cuatro propuestas que afectan al sector financiero y forman parte del primer paquete legislativo que la CE lanzó el pasado 24 de mayo con el fin de concretar su plan de acción.
Una de ellas será introducida a través de una modificación de la MIFID II y de la Insurance Distribution Directive (IDD), mientras las otras tres serán objeto de los correspondientes reglamentos, con lo cual en su momento se transpondrán directamente al derecho de cada país miembro.
En concreto, la primera incorpora la sostenibilidad en el asesoramiento financiero mediante una modificación en MiFID II.
“Existe una propuesta de modificación del Reglamento Delegado 2017/565 de MiFID II que se publicó el 24 de mayo de 2018, que propone que a la hora de prestar servicios de inversión, y dentro de los objetivos de inversión del cliente, se tengan en cuenta sus preferencias sobre sostenibilidad y medio ambiente”, explican desde el despacho FinReg360. Será lo que llaman el “Green MiFID”.
Sobre las otras tres propuestas destacadas por Roldán, una de ellas consiste en establecer una taxonomía o clasificación oficial de actividades sostenibles e introducirlas progresivamente en las normas de la UE. “Esto permitirá aclarar qué es verde y qué no es verde, qué es sostenible y qué no lo es. Con ello, todos los actores dispondrán de un lenguaje común en esta materia que servirá para medir y comparar riesgos financieros. Esta taxonomía es importante porque en base a esa clasificación se podría introducir el factor de sostenibilidad en los requisitos de capital de los bancos y las compañías de seguros. La Comisión se reserva la posibilidad de recalibrar los requisitos de capital aplicables a los bancos en función del factor verde, cuando así se justifique desde el punto de vista del riesgo”, comenta Roldán.
La segunda propone desarrollar dos índices de referencias de sostenibilidad sobre economías con bajo impacto en emisiones de dióxido de carbono y con impacto positivo en éstas.
Los deberes del inversor institucional
Y la tercera propuesta establece deberes más claros para los inversores institucionales y los gestores de activos en lo que respecta a la sostenibilidad. “Así, deberán incorporar la sostenibilidad en su proceso de toma de decisiones y tendrán que explicar los fundamentos de éstas a los inversores finales de una forma más transparente”, explica Roldán.
En su intervención, de hecho, dejó claro que los inversores institucionales están llevando adelante la inversión sostenible: las gestoras de fondos de inversión, los fondos de pensiones.. se han convertido en accionistas muy activos a la hora de tomar decisiones en las compañías sobre riesgos de cambio climático, por ejemplo. “Los gestores de activos están convencidos de que la inversión con conciencia climática es posible sin comprometer los objetivos de maximizar las rentabilidades de los inversores. No es solo altruismo”, dijo.
Y es que el impacto del cambio climático puede además notarse en el crecimiento económico: una subida de 2,5 grados centígrados de la temperatura puede detraer hasta 33 billones del PIB mundial actual, dijo.
Y aseguró que, en el mundo de las finanzas sostenibles “estamos pasando de preguntarnos por qué a por qué no”, en un contexto en el que las autoridades utilizarán a la banca como palanca de cambio. “Este fenómeno viene para quedarse con tanta fuerza como el tema digital: todas las entidades bancarias tienen una estrategia digital y de aquí a dos años como máximo, también todas las entidades de referencia van a tener una estrategia sostenible, y no va a haber banco que se pueda quedar al margen de estos desarrollos”.
La oportunidad que supone MiFID II… aunque con retraso
Sobre el retraso de la normativa, Roldán apeló a “hacer un esfuerzo” para que las leyes técnicas sean tramitadas por el parlamento con una velocidad adecuada. Sabemos que viene y al mismo tiempo no hay texto legal aprobado que permita hacer frente a esta nueva realidad con los clientes. Cuanto antes podamos solucionarlo mucho mejor”, indicó. Además, hizo una llamada para evitar las discrecionalidades nacionales, y descafeinar en las leyes nacionales las directivas, “que en este contexto de unión bancaria dificulta la integración”.
Por eso pidió “más regulaciones (de aplicación directa) y menos directivas y pidió a los actores implicados evitar el gold-plating, que no ha desaparecido. “Hemos de ser coherentes con la necesidad de construir la unión bancaria”, dijo.
Roldán habló de MiFID II como una normativa que brinda una oportunidad a la banca para forjar relaciones con los clientes desde unas bases más sólidas, que van a minimizar potenciales errores entre banca y clientes. «Es una oportunidad para hacer reset en las relaciones de la banca con los clientes”, indicó.
Por Alicia Miguel Serrano