Última actualización: 12:45 / Lunes, 4 Abril 2016
Filtración paraísos fiscales

La participación española en los Papeles de Panamá: 1.200 empresas, 560 accionistas, 90 beneficiarios y 165 intermediarios

Imagen
La participación española en los Papeles de Panamá: 1.200 empresas, 560 accionistas, 90 beneficiarios y 165 intermediarios
  • La infanta Pilar de Borbón figura en los papeles porque fue presidenta y directora de la empresa panameña Delantera Financiera desde 1974 a 1993
  • Micaela Domecq Solís-Beaumont estaba apoderada para aprobar operaciones de Rinconada Investments Group SA, una sociedad panameña constituida en 2005 e inactivada en 2010
  • El director de cine Pedro Almodóvar y su hermano y productor Agustín fueron apoderados, desde junio de 1991, de la sociedad Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y activa hasta noviembre de 1994
  • La Agencia Tributaria está analizando ya "en profundidad" la información de los Papeles de Panamá y utilizará todos los instrumentos a su disposición
  • El hecho de crear una empresa offshore con el propósito de tributar menos no constituye ningún delito; solo lo es su utilización para evadir impuestos o blanquear dinero
  • Según un reciente informe de Private Wealth Management, en 2015 las principales razones por las que los individuos de altos patrimonios invirtieron fuera de sus países fueron las expectativas de mejores retornos y más opciones de inversión; el anonimato figura en octavo lugar

Los Papeles de Panamá, hechos públicos ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que desvelan cerca de 215.000 sociedades creadas en paraísos fiscales por numerosas personalidades públicas –entre muchos otros clientes-, están en el punto de mira de periodistas y autoridades tributarias de todo el mundo. Entre los 11,5 millones de documentos filtrados del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, la participación española, en cifras, asciende a cerca de 1.200 empresas creadas en estos paraísos fiscales, con 560 accionistas, 90 beneficiarios y 165 intermediarios.

Entre los nombres de conocidos españoles con sociedades instrumentales en paraísos fiscales (en el pasado o en el presente) destacan el de Pilar de Borbón, la hermana del Rey emérito Juan Carlos I; hasta una docena de miembros de la familia andaluza Domecq, entre ellos Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía; o el cineasta Pedro Almodóvar. En la página de la ICIJ tan solo se menciona a Pilar de Borbón y Domecq como asociados con este tipo de sociedades -en el pasado o en el presente- pero el diario El Confidencial y La Sexta, que han destapado la noticia en España, están dando más nombres, como el de este último.

La infanta Pilar

La infanta Pilar de Borbón figura en los papeles porque fue presidenta y directora de la empresa Delantera Financiera, establecida en Panamá en 1969, desde agosto de 1974, un mes después de que el entonces príncipe Juan Carlos asumiera de forma interina la Jefatura del Estado, y en vigor hasta su disolución cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado nuevo Rey en 2014. Los documentos de Mossack Fonseca revelan, según la ICIJ, que en 1974 cuando asumió la dirección de la empresa offshore, su marido, Luis Gómez-Acebo, también asumió el papel de secretario-tesorero y administrador de la sociedad. Desde marzo de 1993, ninguno de ellos aparecía ni volvió a aparecer jamás como administrador. Desde ese año, el intermediario del beneficiario anónimo de la sociedad fue el bufete de abogados madrileño Gómez-Acebo & Pombo, fundado por Ignacio Gómez-Acebo, cuñado de Pilar de Borbón. Anteriormente el representante societario fue el londinense Timothy Lloyd. El hijo de Pilar de Borbón, Bruno Alejandro Gómez-Acebo Borbón, se convirtió en administrador y tesorero de la empresa desde julio de 2006 hasta su disolución en junio de 2014, según los papeles. Pilar de Borbón no ha contestado a las peticiones de comentarios del ICIJ.

Los Domecq

Por su parte, según información de la ICIJ, Micaela Domecq Solís-Beaumont estaba apoderada para aprobar operaciones de Rinconada Investments Group SA, una sociedad panameña constituida en 2005 que estaba vigente mientras su marido, Miguel Arias Cañete, ocupó cargos públicos en España y en la Unión Europea. Ella figuraba como firmante autorizado junto a miembros de su familia aristocrática española, los Domecq, de los cuales seis hermanos estaban también vinculados con Rinconada Investments Group. El Deutsche Bank de Ginebra y la empresa suiza de servicios financieros Gestrust SA ayudaron a los Domecq a crear Rinconada Investments Group con el apoyo de Mossack Fonseca. Mossack Fonseca inactivó la sociedad en enero de 2010.

En respuesta a las informaciones, el abogado de Domecq ha asegurado que ella ha declarado todos sus ingresos y activos a las autoridades fiscales españolas. Ha añadido, además, que Rinconada no está activa y Domecq no tiene poder notarial ni es "un signatario autorizado por la sociedad". Un portavoz del gabinete de Arias Cañete ha explicado además que desde que está casado con Domecq (1978), tienen separación de bienes, "de acuerdo con el Código Civil español" y ha añadido que la declaración de Cañete es acorde al Código de Conducta de los miembros de Parlamento Europeo sobre conflictos de intereses y está también en línea con el Código de Conducta para los comisarios de la Comisión Europea. Además, ha aclarado que la compañía no ha tenido ningún tipo de actividad durante muchos antes de que tomara posesión como miembro del Parlamento Europeo.

Los Almodóvar

Por su parte, el director de cine Pedro Almodóvar y su hermano y productor Agustín fueron apoderados, desde junio de 1991, de la sociedad Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y activa hasta noviembre de 1994. Pedro y Agustín Almodóvar, así como la productora El Deseo, están "al corriente" de sus obligaciones tributarias, según han señalado a Europa Press este lunes fuentes de la productora.

El turno de la agencia tributaria

Una vez conocidas las informaciones, ahora es el turno de las autoridades tributarias de todo el mundo. Pero hay que tener en cuenta que el hecho de crear una empresa offshore con el propósito de tributar menos no constituye ningún delito, sino que todo depende de su uso. Su utilización para evadir impuestos o blanquear dinero sí es ilegal. Por eso, en ningún caso las informaciones reveladas suponen asociar un delito a las personalidades que han estado vinculadas a sociedades de este tipo en el pasado, o la mantienen en el presente.

Tras esta filtración, eso sí, la industria offshore tendrá que afrontar una mayor transparencia. Pero hay que tener en cuenta que, de primeras, es erróneo pensar que la principal motivación del cliente de estas sociedades offshore es esconderse. De hecho, según un reciente informe de Private Wealth Management, el año pasado las principales razones por las que los individuos de altos patrimonios invirtieron fuera de sus países fueron las expectativas de mejores retornos y un mayor acceso a opciones de inversión. El anonimato que proporcionan algunas sociedades offshore figura en octavo lugar.

En cualquier caso, las autoridades tributarias analizan la información. En el caso de España, la Agencia Tributaria está analizando ya "en profundidad" la información de los Papeles de Panamá y utilizará todos los instrumentos a su disposición, según ha declarado a Europa Press. Entre ellos, se analizarán las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero (el modelo establece que los españoles y extranjeros residentes en España deben informar a Hacienda de todos los bienes que tengan fuera (cuentas, valores o inmuebles) siempre que superen los 50.000 euros). De esta forma, se analizarán los datos aportados por los contribuyentes con bienes en el extranjero y los posibles "vínculos" de éstos con terceros.

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha señalado que la Agencia Tributaria tiene muchos medios a su alcance para analizar y depurar la información de los Papeles de Panamá. "Las obligaciones tributarias hay que cumplirlas, así es que se analizará y se depurará. La Agencia Tributaria tiene muchos medios a su alcance y existen antecedentes en los que se ha llevado a cabo la investigación oportuna", ha dicho.

Más de 1.100 millones en Panamá

Según datos de la Agencia Tributaria recordados por el diario Expansión, los españoles han declarado a Hacienda 1.139 millones de euros en cuentas, valores e inmuebles situados en Panamá, de acuerdo con la presentación del modelo 720 de bienes y derechos situados en el extranjero y con información referida a 2012, declarada en 2013. De este total, 52,8 millones están depositados en cuentas bancarias, 75 millones de euros más en acciones o participaciones en entidades de inversión colectiva y casi un millón de euros en seguros y rentas temporales o vitalicias. El grueso de las inversiones de los españoles en el país centroamericano se encuentra en valores y derechos por un importe de 976,9 millones de euros, y en inmuebles y en otros derechos de propiedad hay un total de 34 millones de euros.

De los más de 200 estados y territorios en los que los españoles declaran tener bienes en el extranjero, Panamá ocupa el puesto decimosexto por importe. Encabezan el ranking Suiza (19.800 millones de euros), Luxemburgo (9.979 millones), Países Bajos (7.540 millones), Reino Unido (5.200 millones) y Estados Unidos (5.000 millones).

El despacho se desmarca

Tras la publicación de los nombres de accionistas de empresas offshore que apuntan a numerosas personalidades públicas de todo el mundo, entre las que destacan grandes empresarios, políticos y deportistas, el despacho panameño Mossack Fonseca se ha desmarcado de cualquier vinculación con los delitos que pudieron haber cometido sus cientos de miles de clientes (en algunos casos, relacionados con actividades ilícitas).

Ramón Fonseca Mora, socio de la firma, aseguraba que la compañía suma 40 años de ejercicio legal y que tras haber creado 240.000 estructuras jurídicas en ese período, no ha enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito. Dice que el "99%" de sus clientes son intermediarios que revenden los productos de Mossack Fonseca a sus clientes finales y son algunos de éstos los que podrían estar involucrados en los presuntos delitos. "Si un coche atropella a una persona, la fábrica del coche no es culpable", dijo. Para el abogado, es altamente probable que de las miles de estructuras jurídicas creadas por el bufete, alguna termine en sucesos delictivos.

En una declaración escrita que el bufete suministró a la agencia española Efe, explica que sus servicios no representan "ninguna vinculación comercial con las sociedades así constituidas", ni implican "una facultad de administración o de captación de fondos de los clientes". En la carta, Mossack Fonseca asegura que la responsabilidad de "conocer al cliente" (Know Your Client o KYC por sus siglas en inglés) se comparte con las entidades con las que trabaja regularmente, que presentan al cliente y son, "firmas legales e instituciones financieras internacionales ampliamente reconocidas en todo el mundo".

 

menu