A diferencia de algunos países escandinavos (Noruega, Dinamarca o Suecia) y otros latinoamericanos (como México o Chile), que cuentan con un sistema de pensiones privado de carácter obligatorio, España carece de un modelo de este tipo. Las pensiones públicas cubren actualmente el 73,9% del último salario del trabajador una vez se jubila, según los datos de la OCDE en su informe “Pension at a glance 2013”. Es el segundo país analizado con mayor tasa de sustitución sobre el salario proporcionada por la Seguridad Social, solo por detrás de Austria (con el 76,6%), y con una tasa muy por encima de la media de la OCDE (40,6%), lo que explica el escaso empuje del ahorro privado en pensiones.
En Chile, la tasa de sustitución de las pensiones privadas obligatorias sobre el salario supera el 37%, mientras en Australia la cifra es del 39%, y llega al 48% en Dinamarca, el 51% en Israel, el 61% en Holanda y casi el 66% en Islandia. Pero en España no hay sistema obligatorio de ahorro privado y, debido a la amplia cobertura del sistema público, apenas es representativo. En total, el volumen de los fondos de pensiones españoles a finales de 2013 se situó en máximos, 92.413 millones de euros, pero es una cifra que apenas representa algo más del 8% del PIB, según los datos de la OCDE, frente al 12% que supone en México, el 60% de Chile y una media ponderada del 77%. E Inverco prevé que la cifra crecerá solo un 3,2% este año.
Pero las autoridades están trabajando para dar la vuelta a esta situación. Los cambios demográficos y el envejecimiento de la población están poniendo en jaque al sistema público de forma que en los últimos años se han realizado varias reformas que se dirigen a hacerlo más sostenible, lo que desembocará también en una merma de la cuantía de las prestaciones públicas de jubilación.
Con la reforma de 2011, que entró en vigor en 2012, se aprobó la ampliación de la edad de jubilación (desde los 65 hasta los 67 años, de forma progresiva hasta 2027), la de los años necesarios de cotización para cobrar la totalidad de la prestación (desde los 35 hasta los 37 años también alcanzados en 2027) y se amplió el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión (desde 15 hasta 25 años en 2022). Esos cambios paramétricos se han completado con la reciente entrada en vigor del llamado factor de sostenibilidad (en enero de 2014), que ligará las pensiones a la esperanza de vida de los ciudadanos a partir del año 2019 y que actualiza de forma anual las prestaciones teniendo en cuenta no la inflación como hasta ahora, sino otras variables como la evolución de las cuentas de la Seguridad Social, a partir de este año.
Las recientes reformas en el sistema público ponen sobre la mesa una realidad: el sistema actual es insostenible y necesita de reformas que garanticen su supervivencia. Pero el precio que hay que pagar por esas reformas podría ser una pérdida de poder adquisitivo del pensionista o una bajada de las prestaciones, que cada vez cubrirán menor porcentaje sobre el último salario. Ante esta situación, las autoridades están tratando de incentivar el ahorro privado.
Información para mayores de 50 años
En primer lugar, el Estado enviará a los mayores de 50 años un documento impreso, por vía postal a su domicilio y de forma anual, en el que informará de la pensión estimada que recibirán una vez se retiren. Esa obligatoriedad será extensible a los proveedores de productos para la jubilación, como aseguradoras o gestoras de fondos de pensiones, que tendrán que informar de la pensión estimada que el ciudadano obtendría de los productos privados contratados para la jubilación (las estimaciones que podrían realizarse teniendo en cuenta tasas de rentabilidad anual del 3,5% y de inflación del 2%). Posiblemente se dispondrá de esta información a partir de la primavera de 2014. Una información que “será un recordatorio para que los ciudadanos puedan tomar decisiones”, explicaba Mariano Rabadán, presidente de Inverco, en una reciente comida con periodistas.
Los incentivos para el ahorro privado: una oportunidad para las gestoras
Además de esta medida meramente concienciatoria, el Gobierno tiene previsto remitir al Parlamento próximamente una serie de medidas para potenciar el ahorro a largo plazo o finalista. Entre las propuestas están el refuerzo de la previsión social complementaria en las pequeñas y medianas empresas; la redefinición de la política de inversiones de los fondos de pensiones; la mejora de los supuestos de liquidez y la liquidez de los planes de pensiones; facilitar la movilidad de los derechos de los planes de pensiones; promocionar los planes de empleo e impulsar la educación financiera en materia de previsión social complementaria. Pero habrá que ver cómo se concretan estas medidas finalmente en la ley.
La mejora de la fiscalidad para el ahorro a largo plazo podría ser otra de esas herramientas, según los últimos datos, que se recogería en la reforma fiscal que prepara el Gobierno. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se mostró recientemente «convencido» de que dicha reforma incluirá instrumentos de apoyo a los sistemas complementarios privados de pensiones. De producirse, se cumpliría una demanda que vienen realizando las gestoras desde hace tiempo: el 87% de las entidades cree que los planes de pensiones como complemento de cara a la jubilación no están lo suficientemente incentivados, según los datos de una encuesta del Observatorio Inverco, por lo que proponen mejorar la fiscalidad en el momento de la prestación y aumentar los límites de aportación con beneficios fiscales. Las gestoras también proponen obtener la liquidez del plan a los 10 años con pago de impuestos y establecer un sistema cuasi obligatorio de planes de empresas, medidas cuya aplicación se está estudiando y que, al aumentar el atractivo de los planes, impulsarían su negocio.
Con todo, el Gobierno ha dado un paso atrás recientemente, al eliminar los incentivos fiscales de los planes de pensiones de empleo, estableciendo que las aportaciones se integren en la base de cotización a la Seguridad Social a diferencia de la situación anterior, lo que podría desincentivar a las empresas a la creación o aportación a esos planes.
Por Fórmate a Fondo