El Consejo General de Economistas de España aboga por favorecer el «ahorro individual» para complementar la pensión como una «solución alternativa o complementaria a la presión fiscal que soporta el elevado gasto en pensiones». En el marco del «III Encuentro sobre Economía Laboral», el presidente del Consejo, Valentín Pich, ha reconocido la importancia de las pensiones como elemento de «cohesión y estabilidad social» y por el gasto que suponen para el Estado -10 % del PIB-, aunque también ha reprendido a medios y políticos por la «frivolidad» con que se está tratando el debate sobre la reforma del sistema. «Parece que el que chilla más o tiene más capacidad de presión hace que le prestemos más atención», ha afirmado Pich, para después mostrar su sorpresa por que los representantes políticos «se dejen llevar por el ambiente», aunque lo ve «comprensible».
Pich ha reconocido que “el problema de las pensiones en España no tiene una solución clara y única que pueda satisfacer totalmente a todas las partes. La interlocución entre todos los agentes sociales y económicos que inciden en ello es imprescindible para encontrar la mejor salida consensuada, que sea además sostenible en el tiempo”.
En relación al importante gasto en pensiones del Estado –como uno de los asuntos que se han analizado en el Encuentro–, Pich ha estimado que “si bien esto no deja de ser preocupante, procurar políticas que favorezcan el ahorro individual como suplemento a la prestación de la pensión puede ser parte de una solución alternativa o complementaria a la presión fiscal que soporta este elevado gasto”.
Por su parte, el presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL), Roberto Pereira, ha señalado durante su intervención que “el comportamiento adverso de nuestra demografía, con altos índices en el número de nacimientos en las décadas de los 60 y 70, seguido de descensos paulatinos desde la década de los 80 hasta hoy, han propiciado el actual desajuste en el sistema redistributivo, que pone en peligro el modelo de prestación de las pensiones en España tal y como se ha venido haciendo hasta ahora”.
Pereira se ha referido al «comportamiento adverso» de la demografía como uno de los elementos que han favorecido el actual «desajuste» en el sistema redistributivo, «que pone en peligro el modelo de prestación de las pensiones en España».
El exministro socialista Valeriano Gómez, contrario a un sistema mixto de pensiones
En el acto ha participado, además, el exministro socialista de Trabajo Valeriano Gómez, quien no ha descartado «en absoluto» que haya que ir hacia el cómputo del total de la vida laboral para el cálculo de las pensiones. El exdirigente socialista, autor de la reforma de 2011 que retrasó la edad de jubilación a los 67 años, ha asegurado que «en pensiones es mejor mirar muy largo, no hacer las cosas de hoy para mañana».
«La razón por la que el periodo de cómputo se amplió (en 2011) sólo hasta los 25 años fue porque el sistema no tiene informatizada toda la vida laboral de todos los pensionistas cuando adquieren la condición de jubilados», ha afirmado, ya que se empezó a digitalizar en 1985, hace 33 años. A pesar de esto, ha asegurado que hoy se podría conocer «con normalidad la vida laboral de cualquiera que se jubilara hoy con 33 años de vida laboral», por lo que no descarta que se vaya hacia el cómputo total como se hace «prácticamente» en toda Europa.
Respecto a la reforma que hizo el PP en 2013 para desvincular la revalorización de las pensiones de la evolución de la inflación, Gómez ha dicho que «el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) ha sido más una ocurrencia que una visión profunda a largo plazo». En su opinión, es una fórmula muy complicada que durante cuarenta años va a dar un resultado negativo, lo que supone de facto «congelarlas». «Si se mantiene el sistema, puede congelar y conllevar pérdidas de poder adquisitivo importantes. Uno percibe 100 euros cuando comienza su jubilación, pero cuando está acabando el poder de compra puede suponer 50 o 55 euros», ha advertido el extitular de Trabajo.
Para Gómez es tan criticable la complejidad del IRP como la sencillez del factor de sostenibilidad, que también se incluyó en la reforma de 2013. El factor de sostenibilidad introducirá un coeficiente reductor en el cálculo de las nuevas pensiones que dependerá de la esperanza de vida estimada para los nuevos jubilados y cuya entrada en vigor se ha aplazado a 2023 por el acuerdo en materia de pensiones del Gobierno con el PNV.
Gómez se ha mostrado contrario a un sistema mixto, complementado con planes de jubilación privados, ya que si un Gobierno en tiempos de crisis puede llegar a congelar las pensiones, la inestabilidad en un sistema privado sería todavía mayor.
Por Fórmate a Fondo