La presión sobre la industria de la gestión de patrimonios se está incrementando a tal velocidad -dado el dinamismo de las autoridades nacionales e internacionales y los diferentes acuerdos entre países que van entrando en vigor sin dar descanso- que David Schwartz, presidente de FIBA (Florida International Bankers Association) declara que “la industria se encuentra ante una encrucijada”.
El panorama regulatorio no es ni mucho menos fácil para las firmas de wealth management, sean éstas grandes o pequeñas. Los crecientes costes de ampliar los equipos de compliance están poniendo en duda la rentabilidad de los negocios, y la privacidad de los clientes parece haber desaparecido del terreno de juego. “¿Se ha perdido la privacidad para siempre? Quizá. Estamos en un nuevo mundo”, dice Jon Grouf, socio de la firma neoyorkina Duane Morris –que cuenta con más de 700 abogados-.
Schwartz y Grouf participaron junto Bruce Zagaris, socio de la boutique legal Berliner Corcoran & Rowe de Washington, en una mesa redonda organizada por Citco Corporate Services sobre la regulación de la industria, en la que Ernesto Mairhofer, director para Américas de la firma, ejerció de moderador.
El contexto se ha complicado enormemente en los últimos años. Por un lado, Estados Unidos implementa FATCA y sus “IGA” (acuerdos intergubernamentales) que, dependiendo del modelo firmado, supone un intercambio unilateral o bilateral. Posteriormente, su equivalente –aunque con algunas diferencias- GATCA, en el Reino Unido.Y ahora, el CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE, que en la práctica ya empieza a funciona en algunos países el 1 de enero del 2016, aunque el primer intercambio se haga en el 2017.
Dado que el mencionado acuerdo de intercambio automático de información de la OCDE debe ser trasladado por las diferentes jurisdicciones a la normativa local, aún veremos el nacimiento de nueva legislación en muchos de los países participantes, entre los que las diferencias en el grado de implementación son notables.
Pero lo que preocupa a las entidades –según el socio de Berliner Corcoran & Rowe-, además de los costes y el correcto cumplimiento de todas estas normas, son los recortes en los derechos de privacidad de los titulares de los patrimonios, pues en regiones como América Latina son clave –incluso por razones de seguridad física- para los clientes. Estos recortes vienen –además de por las nuevas regulaciones- de la cada vez mayor actividad de whistleblowers (denunciantes, no siempre dentro del marco de la ley), del creciente auge del periodismo de investigación -que ha dado lugar al nacimiento de un consorcio formado por más de 190 periodistas de 65 países-, o de filtraciones (como el famoso caso de wikileaks, que hizo que algunos individuos llegasen a abandonar sus paísespor razones de seguridad). “Deberíamos luchar más por los derechos de los que pagamos impuestos. No debería darnos miedo pedir más derechos”, dice.
“Antiguamente, casi nadie preguntaba por activos a nombre de una sociedad, pero hoy se busca al dueño último” señala Jon Grouf. Las estructuras multi jurisdiccionales utilizadas hasta ahora pueden cambiar sus atributos en función de los países implicados y los acuerdos entre unos y otros. “Esta nueva regulación va a tener un impacto grande en muchos países, aunque quizá no en los Estados Unidos”. Todo dependerá de si el país es considerado “participante o no”, porque sus reguladores se muestran reticentes a sumarse a CRS esgrimiendo como razón la existencia de FATCA.
Las grandes fortunas y, especialmente, sus asesores tendrán que invertir, mal que les pese, en abogados y expertos que les ayuden a cumplir con las leyes internacionales y los deseos de sus clientes, y todos los jugadores de la industria del wealth management que deseen seguir operando lo harán para evitar implicaciones legales y daños reputacionales.
Todos estos cambios en la normativa internacional están llevando a que muchos países abran la oportunidad de que cumplan ahora con sus obligaciones fiscales -a través de regulaciones o amnistías- aquellos contribuyentes que no lo hicieron en su momento. En este sentido, Grouf recuerda que Chile tiene un programa de regularización al 8%, Estados Unidos del 27,5%, Brasil está discutiendo en el parlamento algo similar pero con una mayor alícuota del orden del 30% y Colombia anunció este año un 16% hasta 2017. También tenemos a México con un programa de regularización y a Argentina, cuyo programa ha tenido poco éxito y se espera uno más atractivo.
¿A dónde nos lleva esto? “Puede que cada vez haya más entidades que no quieran aceptar fondos del exterior”, apunta el socio de Duane Morris. El presidente de la asociación de banqueros internacionales de Florida no duda en calificar el momento actual de “sobreregulación”, no alberga esperanzas de relajación por parte de las autoridades y anima a la industria a exponer su opinión, mientras señala que: “el riesgo ya ha influido en la industria. Ya estamos viendo bancos que reducen su riesgo y dejan jurisdicciones enteras”, y reconoce que en un momento dado, “pensamos en la muerte de Miami como centro financiero, pero la escalada global de regulación ha eliminado la desventaja de nuestra plaza y el dinero vuelve a Miami. ¿Hasta cuando? No lo sabemos, pero hay que aprovechar el momento”.
A lo que Ernesto Mairhofer, de Citco, añade“hay un mundo luego de FATCA y CRS, diferente sin lugar a dudas, pero las familias de altos recursos tendrán las mismas necesidades que hoy día: planificación hereditaria ordenada, temas de cross border (por ej. hijos viviendo en diferentes países), inseguridad en sus países de residencia, evitar ganancias ficticias por la devaluación de sus monedas, etc.”