La Cámara de Diputados de Chile solicitó al presidente de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley, en el que se establezca la creación de un impuesto patrimonial de 2,5% que grave a los patrimonios líquidos financieros y no financieros superiores a 10 millones de dólares.
La idea es permitir la creación de una renta básica de emergencia destinada a las familias chilenas, consistente en un ingreso mensual de, al menos, 420.000 pesos (525 dólares) para un grupo familiar de referencia promedio de tres personas, por los próximos seis meses.
La iniciativa busca ir en ayuda de las familias más desposeídas del país, en el marco de las fuertes cifras de desempleo y crisis económica producto del Covid-19.
Agregan los parlamentaros que Chile es uno de los países más desiguales y con peor redistribución de la riqueza. Indican que, en noviembre de 2019, se dio a conocer el informe “Panorama Social para América Latina 2019”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual da cuenta del incremento en la concentración de la riqueza y la fuerte expansión de la desigualdad que afecta a los países latinoamericanos, entre ellos, Chile.
En el caso de Chile, considerando la información tributaria disponible, se puede estimar que el 1% más rico del país concentra el 22,6% de los ingresos y la riqueza de Chile. Además, alrededor de 600 personas en Chile tienen un patrimonio estimado en 490.000 millones de dólares.
Se recalca, asimismo, que en el marco de la pandemia del Covid-19 se ha acentuado la negativa situación económica de las familias más desposeídas. El alza de los despidos en los meses de marzo y abril supera las 500 mil personas y, actualmente, se estima que llegará a un millón de personas, cifras que aumentan si se considera la suspensión de los contratos de trabajo y el consecuente uso de los recursos del seguro de cesantía consistente en los propios ahorros de trabajadores y trabajadoras.
Si a lo anterior se suma la informalidad del trabajo y la escasez de respuestas adecuadas por parte del Gobierno, junto a los niveles de descontento que se viven en el país, se hace necesario dar respuestas concretas que permitan que las personas puedan sortear la crisis con dignidad y en pleno uso de sus derechos.
Tomando en cuenta todos esos datos, el grupo de diputados señala que, mediante el establecimiento de un impuesto a los patrimonios más altos, es posible sostener una renta básica de emergencia por sobre la línea de la pobreza (419.851 pesos, 525 dólares para un grupo familiar de 3,7 personas) por 6 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales.
Aquello beneficiaría a más de 4.000.000 de personas que no han tenido acceso a beneficios estatales o que les han sido más que insuficientes, apoyando directamente a las capas medias de nuestra sociedad, al mismo tiempo que permitiría focalizar las otras ayudas solidarias en los más desposeídos.
La resolución fue presentada por los diputados Karol Cariola Oliva (PC), Manuel Monsalve (PS), Jaime Mulet (FRVS), Daniel Núñez (PC), Andrea Parra (PPD), Catalina Pérez (RD), Alexis Sepúlveda (PR), Guillermo Teillier (PC), Matías Walker (DC) y Gael Yeomans (CS).
