La Unión Europea da un nuevo paso en su objetivo de convertir al ahorrador europeo en inversor, tras el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el marco actualizado para la Retail Investment Strategy (RIS). Aunque aún no se dispone del texto oficial, las medidas avanzadas conllevan cambios relevantes en la distribución de productos financieros en la Unión Europea (UE), especialmente en lo que se refiere a costes de los productos, incentivos y asesoramiento.
Para comprender las medidas acordadas, es necesario recordar que «el paquete busca reforzar la protección del inversor minorista al exigir a las entidades que identifiquen y evalúen todos los costes y cargos de los productos para garantizar que sean justificados y proporcionales, mejorando además la información estandarizada (como los KID) para hacer más visibles y comparables los costes, riesgos y rentabilidades. Al mismo tiempo, introduce un marco más simple en la experiencia del cliente, manteniendo la prueba de idoneidad, pero flexibilizándola para productos diversificados y no complejos. También refuerza las normas sobre incentivos para evitar conflictos de interés y exige mayor transparencia en comisiones», explica el Consejo Europeo en su nota oficial.
Value for money
Según explica la institución europea, para garantizar que los inversores minoristas puedan comparar productos de inversión y obtener un valor real por su dinero (el value for money), las entidades que prestan asesoramiento estarán obligadas a identificar y cuantificar todos los costes y cargos que soporten los inversores en relación con los productos recomendados. «Sobre la base de estándares acordados, la directiva UCITS y la directiva AIFMD, así como referencias supervisoras para productos sujetos a la directiva de distribución de seguros (IDD), deberán evaluar si los costes y cargos totales están justificados y son proporcionales. En caso contrario, dichos productos no deberán aprobarse para su comercialización», especifican.
Para los expertos de finReg360, lo más relevante es que las entidades fabricantes deberán justificar, antes del lanzamiento de un producto, que los costes y gastos soportados por los inversores son razonables y adecuados. «Este análisis deberá realizarse en el caso de instrumentos financieros, mediante una comparativa interna (peer review) con productos similares; y para productos de seguros, la comparación se realizará frente a benchmarks elaborados por la Autoridad Europea de Pensiones y Seguros (EIOPA, por sus siglas en inglés). Estos benchmarks se elaborarán a efectos de supervisión y se abre la puerta a que existan benchmarks nacionales durante los primeros cuatro años tras la entrada en vigor de las nuevas normas», explican.
Por otra parte, las normas también mejoran la información estandarizada sobre los productos de inversión, como los Documentos de Datos Fundamentales (KID), que las entidades deben publicar para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas. En opinión de las instituciones europeas, la información sobre costes, riesgos y rentabilidades esperadas será más visible y accesible. «Las plantillas actualizadas que deberán utilizar las entidades serán desarrolladas y publicadas por las autoridades europeas de supervisión competentes. Además, treinta meses después de la entrada en vigor de las nuevas normas sobre PRIIP, la información de los KID deberá proporcionarse en un formato legible por máquina», indican.
Incentivos y experiencia del cliente
Para los expertos de finReg360, otro aspecto destacado de lo acordado hoy es que se introduce una prueba de incentivos o inducement test orientada a garantizar que los clientes reciben un beneficio cuantificable y tangible cuando la entidad perciba retrocesiones o incentivos de terceros. «No obstante, por el momento se desconocen los requisitos concretos de dicho test», reconocen.
El paquete acordado introduce salvaguardas para combatir los conflictos de interés de los asesores financieros mediante el refuerzo de las normas sobre incentivos (honorarios, comisiones, beneficios monetarios o no monetarios). Según los reguladores europeos, los textos legales actualizados refuerzan la obligación de que las entidades y los asesores actúen de forma honesta, justa y profesional, atendiendo al mejor interés del cliente. «Deberán garantizar que cualquier incentivo suponga un beneficio tangible para el cliente y que el coste del incentivo se publique de forma clara y separada del resto de comisiones y cargos. Los Estados miembros que deseen introducir una prohibición de incentivos podrán seguir haciéndolo», indican.
«El acuerdo vuelve a subrayar la obligación de los asesores de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el mejor interés del cliente, intensificando la gestión de conflictos de interés en la prestación del servicio», recalcan desde finReg360.
Además del refuerzo de las normas sobre incentivos, el texto se apoya en otros mecanismos para mantener un elevado nivel de protección del inversor evitando cargas innecesarias para las entidades de inversión, las aseguradoras y los intermediarios de seguros. “La prueba de idoneidad que ya realizan estas entidades garantiza que a los clientes se les recomienden productos adecuados a su situación financiera, necesidades y objetivos. Este enfoque ajusta los productos de inversión a los perfiles individuales y protege frente a ofertas inadecuadas”, defienden las instituciones europeas en el comunicado. No obstante, en el nuevo marco simplificado, los asesores que recomienden a consumidores instrumentos diversificados, no complejos y eficientes en costes ya no estarán obligados a evaluar los conocimientos y la experiencia en inversión del cliente como parte de la prueba de idoneidad.
Clientes profesionales y finfluencers
La propuesta también introduce claridad para el concepto de cliente profesional. Según el acuerdo alcanzado, se considera que los inversores con mayor experiencia no necesariamente necesitan el mismo nivel de protección que el inversor minorista medio. Teniendo esta premisa en cuenta, el marco actualizado permitirá que un mayor número de inversores minoristas sea tratado como cliente profesional.
«Para ello, deberán cumplir al menos dos de los tres criterios siguientes: haber realizado 15 operaciones significativas en los últimos tres años, 30 operaciones en el último año, o 10 operaciones superiores a 30.000 euros en empresas no cotizadas en los últimos cinco años; que el tamaño de su cartera haya superado, de media, los 250.000 euros en los últimos tres años; y haber trabajado y desarrollado actividades relacionadas en el sector financiero durante al menos un año o, como nuevo criterio alternativo, poder acreditar formación o educación en estas actividades y capacidad para evaluar riesgos», aclaran desde el Consejo Europeo y añaden dos matices: «No obstante, el criterio alternativo de formación y educación no podrá combinarse con el criterio de cartera. Asimismo, los directivos y consejeros de entidades financieras sujetos a evaluaciones de idoneidad, así como los empleados de gestoras de fondos de inversión alternativos (AIFM) con experiencia suficiente, serán tratados como clientes profesionales.
Por último, las medidas alcanzadas prestan atención a la los llamados finfluencers y establece requisitos adicionales para ellos. Según explican de las instituciones europeas, la RIS también quiere impulsar la educación financiera y supervisa la actividad de los finfluencers.
Próximos pasos
Los trabajos técnicos continuarán para ultimar los textos legales a comienzos de 2026. Los Estados miembros deberán transponer las nuevas normas en un plazo de 24 meses desde su publicación en el Diario Oficial de la UE. Su aplicación comenzará treinta meses después de dicha publicación, con la excepción de las nuevas normas sobre los PRIIP, que empezarán a aplicarse 18 meses después de su publicación.
El paquete adopta la forma de una directiva que introduce modificaciones específicas en varias directivas de la UE en el ámbito de los servicios financieros, como la directiva de mercados de instrumentos financieros (MiFID), la directiva Solvencia II, la directiva sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS) y la directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativos (AIFMD). Asimismo, un reglamento modifica el régimen de los productos de inversión minorista empaquetados y basados en seguros (PRIIP).
El objetivo es modernizar y simplificar las normas de protección del inversor para que sean coherentes entre los distintos sectores financieros. “La legislación actualizada ofrecerá a los consumidores el mismo nivel de información clara, trato justo y elevada protección, con independencia de los productos de inversión y de los canales de comercialización y distribución que utilicen”, explican en el comunicado.
Por Funds Society, Madrid