Desde el 12 de febrero, todas las empresas que operen con derivados extrabursátiles (OTC) están obligadas a registrar sus operaciones a repositorios, una medida que afecta a toda la industria financiera (bancos, aseguradoras, empresas de inversión, gestoras de fondos) y también a las empresas no financieras, según explican desde SWIFT.
Hasta ahora, las operaciones en el mercado extrabursátil (over-the-counter) se realizaban fuera del ámbito de los mercados organizados, directamente entre las partes. A partir del 12 de febrero, la nueva regulación obliga a que las contrapartes faciliten “un conjunto de datos” a los registros de operaciones (trade repositories), repositorios en los que queda registrada y se almacena toda la información digitalizada.
Una de las novedades más importantes es la identificación obligatoria de quienes tomen parte en este tipo de transacciones financieras. A partir de ahora, las contrapartes deben quedar identificadas, de manera unívoca, mediante el uso de un código conocido como Identificador de Entidad Jurídica (LEI por sus siglas en inglés), de cuya emisión y gestión se encarga el Registro Mercantil.
La medida es un nuevo paso dentro de la reforma del mercado de derivados iniciada en 2012 como consecuencia de las dificultades puestas en evidencia tras la crisis de Lehman Brothers. “El reporting de derivados OTC es uno de los hitos en materia normativa que se ha producido tras la crisis financiera mundial”, según Gema Montoya, directora de SWIFT Iberia. Entre los objetivos de la nueva regulación está “dotar de una mayor transparencia a los mercados financieros, y contribuir a la mejora de la evaluación y gestión de los riesgos de carácter sistemético, además de ofrecer una visión más exacta de los riesgos asumidos por cada participante”, subraya la directora de la filial para España y Portugal de SWIFT.
La cooperativa bancaria asegura que trabaja con todos los repositorios centrales para que sus miembros lleguen a tiempo para cumplir con la nueva regulación.
A quién afecta
La medida afecta a todas las clases de OTC e instrumentos derivados: acciones, bonos, materias primas, swaps o derivados de créditos, incluidos tipos de interés y divisas, excepto divisas al contado. Y la obligación de reporting (registro de operaciones) recae en todas las entidades de la UE que utilizan derivados que cotizan en bolsa o de venta libre: bancos, aseguradoras, empresas de inversión, gestoras de fondos y empresas no financieras, a excepción de los bancos centrales, los gobiernos centrales y entidades públicas del sector.
Antecedentes
Con el objetivo de garantizar la transparencia de los mercados y mejorar la gestión del riesgo, el G20 puso en marcha el proyecto LEI, una iniciativa que implica la creación de un elemento identificador de las partes implicadas en una operación OTC (el código LEI, siglas en inglés de Identificador de Entidad Jurídica), y un sistema de gestión en torno al mismo, recogido en el Reglamento europeo EMIR (European Market Infraestructure Regulation), cuyas reformas están siendo aplicadas de forma secuencial desde el 15 de marzo de 2013 y que contará con avances este año.
Solicitud del código identificador
Para cumplir con EMIR, y dado que aún se está trabajando a nivel global en el diseño final del sistema de emisión de LEIs, se ha puesto en marcha una solución provisional que permite a las entidades obtener unos códigos interinos denominados pre-LEI. El sistema de solicitud y asignación de estos códigos se encuentra operativo desde el pasado 28 de enero en el Registro Mercantil, que recoge en su página web las normas para la tramitación de su solicitud.
SWIFT es una sociedad cooperativa propiedad de sus miembros que proporciona una plataforma de comunicaciones productos y servicios al sector financiero. La compañía permite intercambiar millones de mensajes financieros estandarizados de forma segura y fiable a más de 10.000 entidades bancarias y sociedades de 212 países, reduciendo los costes y el riesgo operativo.
SWIFT actúa además como catalizador al poner en contacto a la totalidad de la industria financiera para trabajar de forma conjunta en el diseño de las prácticas, normas y soluciones de interés común.
Por Alicia Miguel Serrano