El proceso constituyente que nació en Chile al alero de las protestas de octubre de 2019 está llegando a su fin. Ahora, con el borrador de la nueva Carta Magna en mano y a la espera de que la ciudadanía lo vote el 4 de septiembre, los bancos de inversiones destacan sus luces y sombras, desde el punto de vista de las perspectivas económicas.
Desde que se instaló la Convención Constitucional en julio de 2021, la aparición de propuestas consideradas como extremas ha tenido a los inversionistas en vilo, pero desde las firmas internacionales destacan que el borrador entregado a la ciudadanía en mayo es más moderado.
Por el lado del optimismo, en Morgan Stanley señalan que, si bien la primera mirada al borrador sugiere un aumento en la carga fiscal y más presión regulatoria, “no vemos señales de elementos potencialmente disruptivos en el marco de política macroeconómica de Chile”.
La firma –en un reporte firmado por Lucas Almeida, Gilberto Hernández-Gómez y Emma Cerda– destacó que la exclusión de propuestas “menos ortodoxas” para empresas, la economía y las instituciones, debería beneficiar al mercado de renta fija. Esto, señalan, ya que “el resultado debería bajar la incertidumbre política para líderes de negocios, promoviendo las inversiones mientras mantiene un marco fiscal bastante ortodoxo”.
Por el contrario, desde Credicorp Capital destacan los elementos que tiene la propuesta de constitución que podrían ponerle freno a la inversión. “Varios artículos aprobados sugieren un cambio significativo en las reglas actuales, que apuntan hacia un entorno menos favorable para los negocios al reducir los incentivos a la inversión, aumentar la incertidumbre legal fiscal y apoyar un sistema político asimétrico”, señalaron en un reporte reciente.
Para la firma regional, los principales riesgos económicos que se desprenden del texto son un debilitamiento en la posición fiscal, una inversión privada desacelerada, un menor crecimiento a largo plazo y una baja confianza de consumidores y empresarios.
Eso sí, en el banco de inversiones acotan que estos riesgos se materializarían en el mediano a largo plazo. “Lo aprobado no impactaría en lo inmediato al sector corporativo, mientras que, los cambios propuestos a nivel institucional nos preocupan más que los económicos”, dicen.
Desde Bank of America concuerdan con el diagnóstico. “El primer borrador constitucional fue mejor de lo que esperábamos, ya que excluyó propuestas radicales, pero de todos modos aumenta la incertidumbre para la inversión”, escribió Sebastián Rondeau en un informe reciente.
El problema, señala el banco de inversiones, es que la potencial Carta Magna “estimulará más gastos y subidas de impuestos”. Además, agregan, de crear “incertidumbre respecto a algunas inversiones, en medio de riesgos regulatorios, de derechos de propiedad y permisos, afectando el entorno de negocios.
Central, gasto fiscal y la minería
Entre el extenso articulado de la propuesta constitucional chilena –que, con 499 artículos, se perfila para ser la constitución más extensa del mundo–, los bancos de inversiones destacan algunas propuestas relacionadas con la economía del país andino.
El Banco Central no vería grandes cambios, de aprobarse el texto, pero algunas firmas aseguran que su independencia sería un poco más débil bajo el nuevo marco. Por ejemplo, recalca Credicorp Capital, los miembros del Consejo podrían ser destituidos, aunque con razones “débiles y difusas”. Esto, advierten de la firma regional, abre “la puerta a utilizar este mecanismo con fines políticos”.
Eso sí, por el lado contrario, el banco de capitales peruanos rescata la extensión del período presidencial del Central, de tres a cinco años, como positiva. “El mandato es más largo que el período presidencial y más acorde con un ciclo económico monetario regular”, destacan.
Uno de los puntos que más saltan a la vista son los elementos de protección social. “Los artículos del borrador para la nueva Constitución apuntan a una expansión significativa de derechos sociales, incluyendo un rol del Estado mucho más grande en materias de educación, salud, seguridad social y vivienda”, señala Morgan Stanley. Estos sectores cuentan actualmente con una participación clave del sector privado.
En términos de industrias clave, la minería tenía las miradas del mercado puestas encima, considerando la prominencia de Chile en los mercados del cobre y el litio. Por un lado, según destacaron Diego Pereira y Lucila Barbeito de JPMorgan en un informe, se rechazaron normas que buscaban limitar las licencias, con un sistema de permisos temporales y revocables.
Pero eso no deja al sector exento de riesgos. “Vemos el riesgo de un sistema de autorizaciones, derechos y licencias débiles, que será establecido a través de una ley ordinaria”, por una mayoría simple, ligado a lo que describen como “mayorías políticas circunstanciales”. Con estas propuestas, explican desde la firma estadounidense, “la incertidumbre en la inversión en el sector minero probablemente persistirá hacia delante”.
Otros focos de incertidumbre
Otros artículos que generan cierta incertidumbre en la economía chilena, destacan desde Credicorp, son los derechos de agua, donde una Agencia Nacional del Agua autorizará su uso bajo un criterio no mercantil; la legislación de las huelgas, donde ven “muy pocas limitaciones” y el derecho a huelga en el sector público; y potenciales riesgos para la inversión a través de cambios en el mecanismo de expropiación y la protección de tierras indígenas.
Además, se podrían ver efectos a futuro a raíz de los cambios en la forma del gobierno que propone el borrador constitucional.
Desde Credicorp señalan que el cambio de los quórums de 2/3 o 3/5 para las reformas constitucionales por una mayoría simple, podría traer cambios estructurales con más frecuencia que antes. “Esto es particularmente relevante en un contexto en el que las iniciativas de gasto ya no son facultad exclusiva del presidente, sino que también será posible a través de la Cámara de Diputados, lo que puede resultar en un aumento adicional del gasto público”, advierten.
Por otro lado, advierte Bank of America, “la Convención propuso reemplazar el Senado con un consejo regional menos poderoso, que podría reducir los controles y contrapesos”. Esto, además, en un contexto en que no hay claridad sobre cómo dialogarán los consejos regionales con el poder legislativo central.
El riesgo del rechazo
Ahora el primer borrador está siendo afinado para ser presentado al país como un texto definitivo el 4 de julio de este año. Después viene el cedazo de la ciudadanía, en un plebiscito de salida en que los chilenos votarán –de forma obligatoria, a diferencia de las demás elecciones– si es que aprueban el texto o no, el 4 de septiembre.
Así, la falta de respaldo de la ciudadanía podría suponer un riesgo en sí mismo. “Esperamos que la volatilidad siga siendo alta debido a la incertidumbre que rodea a la nueva constitución, que persistirá hasta la votación de septiembre, con el texto definitivo que se terminará en julio y que actualmente no cuenta con el apoyo de la población”, comenta Julius Baer en una nota, firmada por Nenad Dinic y Leonardo Pellandini.
La intención de voto ha cambiado en los últimos meses, según refleja el sondeo Plaza Pública, de Cadem. Hasta finales de marzo, el apruebo lideraba las preferencias, mientras que en abril se dio vuelta el resultado. Eso sí, después de marcar un máximo reciente de 48% el 6 de mayo, el rechazo ha perdido ímpetu, acortando la brecha. Al viernes de la semana pasada, un 45% rechazaría el borrador, un 37% lo aprobaría y un 18% se perfila como indeciso.
En ese sentido, JP Morgan apunta a una correlación entre la aprobación –en descenso– del incipiente gobierno de Gabriel Boric y el apoyo a la propuesta constitucional. Y si esta correlación se mantiene, advierte la firma estadounidense, “las consideraciones económicas, como la inflación alta y la caída del consumo real, podría ser un freno para el empuje del gobierno para el ‘apruebo’”.
¿Y qué pasa en un escenario de rechazo? Eso podría traer consecuencias negativas para el país, incluso si la Constitución actual –instalada en 1980– es más amigable con los negocios. “Una victoria de la opción de ‘rechazo’ podría exponer a Chile a riesgos renovados de descontento social –un riesgo compuesto por una inflación en máximos de muchas décadas y una economía que se está rebalanceando tres los estímulos excesivos de 2021– y probablemente impediría que se despeje el panorama aincierto actual”, advierte Morgan Stanley.
Esto, aseguran desde el banco de inversiones, porque un rechazo en las urnas no traería a Chile al punto en que estaba en octubre de 2019 –cuando iniciaron las protestas que gatillaron el proceso constitucional–, sino que obligaría a los políticos a buscar soluciones alternativas.
Por Javiera Donoso
