La Comisión Europea (CE) ha remitido una carta a las autoridades europeas de supervisión (AES o ESA, por sus siglas en inglés) en la que les comunica su decisión de aplazar la aprobación de 115 actos de nivel 2 en el ámbito financiero. Según explican los expertos de finReg360, en esta comunicación indica que considera que esos actos delegados «no son esenciales para el funcionamiento eficaz de la legislación de Nivel 1 ni para el cumplimiento de los objetivos de política de la UE».
Y por lo tanto explica que «no aprobará ninguno de esos 115 actos antes del 1-10-2027, y propondrá modificar o derogar los que incluyan un plazo para actuar, relacionado con las revisiones legislativas en curso». Los expertos de la firma destacan que la Comisión enmarca esta decisión en el objetivo de simplificar la regulación y reducir las cargas administrativas en el sector financiero.
Aspectos concretos
Desde finReg360 señalan que uno de los actos delegados despriorizado tiene que ver con las finanzas sostenibles. «En el ámbito de las finanzas sostenibles, los actos legislativos se relacionan con la divulgación de información sobre sostenibilidad. La Comisión da un paso atrás respecto al mandato otorgado a las ESA para revisar el reglamento de divulgación de información sobre sostenibilidad (SFDR). Esta revisión buscaba ampliar y mejorar la información sobre la consideración de las principales incidencias adversas de sostenibilidad (PIAS), y los productos financieros considerados ‘sostenibles’ conforme a los artículo 8 y 9 del SFDR. La Comisión confirma, pues, que no modificará las actuales plantillas normalizadas», explican.
Además, la directiva de divulgación de información corporativa sobre sostenibilidad (CSRD, en siglas inglesas) prevé el informe corporativo de sostenibilidad sobre el que la Comisión propone aplazar la publicación de los estándares sectoriales específicos, los estándares para las pequeñas y medianas empresas cotizadas, y los estándares aplicables a las filiales de entidades de países de fuera de la UE. «Suprime la revisión periódica de las ‘normas europeas de información sobre sostenibilidad’ (ESRS, por sus siglas en inglés), para evitar ajustes recurrentes en las plantillas para el informe.Estas medidas son distintas y complementarias de la propuesta de «paquete ómnibus», que también simplifica el informe de CSRD», añaden desde finReg360.
Además de estas consideraciones, los expertos finReg360 señalan que la Comisión también desprioriza los actos referidos a los formatos y plantillas estandarizadas sobre la cooperación e intercambio de información entre autoridades para supervisar el estándar europeo de bonos verdes (EuGB, por sus siglas en inglés); la información a divulgar por los proveedores de datos de sostenibilidad en sitio web y a usuarios; la información sobre ratings ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) que han de divulgar entidades financieras no sujetas al SFDR y determinadas entidades emisoras de calificaciones ASG; y el envío de información al punto de acceso único europeo (PAUE o ESAP, por sus siglas en inglés). «Esto implica que la Comisión no definirá por ahora un formato común para cumplir las obligaciones de divulgación, que se mantienen», matizan
Ámbito de los mercados
Según identifican los expertos, en el ámbito de los mercados, los actos legislativos se relacionan con varios puntos. El primero de ellos es con los instrumentos financieros negociados. «Los actos delegados despriorizados se vinculan, en su mayoría, con la última revisión del régimen sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II-MiFIR, por sus siglas en inglés), conocida como MiFIR Review. En este sentido, la Comisión aplaza lo siguiente los cambios en el contenido y formato de las plantillas para comunicar las operaciones con instrumentos financieros (transaction reporting o TR) y los datos de referencia de los instrumentos financieros (FIRDS, por sus siglas en inglés). La revisión periódica de las características predefinidas de los derivados extrabursátiles (OTC, por sus siglas en inglés) sujetos a MiFIR. Y también la actualización del contenido mínimo a incluir en la política de mejor ejecución que se divulga a los clientes (no debe confundirse con el procedimiento interno de mejor ejecución que introduce MiFIR Review), y el registro de órdenes sobre instrumentos financieros», explican.
En relación con la operatoria de las contrapartes con derivados OTC, contemplada en el reglamento sobre a la negociación con derivados extrabursátiles (EMIR, por sus siglas en inglés), se aplaza la revisión de los umbrales de compensación; las características de las opciones sobre acciones individuales o índices bursátiles exentas de aplicar las técnicas de reducción de riesgos, y el listado de países de fuera de la UE no sujetos a la exención por operaciones intragrupo, aun cuando no figuren en listas de prevención del blanqueo de capitales.
«Quedan aplazados también otros actos sobre la actualización de los formatos y plantillas estandarizadas de folletos y notas de síntesis en ofertas públicas o admisiones a cotización, contemplados en el reglamento sobre los folletos de oferta pública o admisión a cotización de valores (conocido como «reglamento de folletos»). Y otros actos dirigidos a las entidades de contrapartida central y a los depositarios centrales de valores, así como a sus partícipes», añaden desde finReg360.
Otros ámbitos del sector financiero
Según explican los expertos, el resto de ámbitos afectados son, entre otros, el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En este sentido, los actos despriorizados se relacionan con el nuevo paquete normativo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (conocido como la «Sexta Directiva» y el «Reglamento Único») y, más en concreto, con funciones de supervisión de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) y de las autoridades nacionales competentes. «Destaca, entre estos, el referido a la identificación de sectores de mayor riesgo, para los cuales se planteaba reducir los umbrales de titularidad real», destacan.
A este ámbito se añaden cuatro más:
- Supervisión prudencial de entidades de crédito. El régimen de supervisión prudencial y de requisitos de capital11 de las entidades de crédito (conocido como CRD-CRR, por sus siglas en inglés) también tenía previstos los actos delegados sobre la asignación de exposiciones según el método basado en calificaciones internas (IRB, por sus siglas en inglés), y el método alternativo de modelos internos para calcular sus requisitos de fondos propios. Según finReg360, «esto implica que las entidades de crédito seguirán aplicando la normativa de nivel 2 ahora en vigor».
- Fondos de inversión alternativos. El ejercicio de despriorización de la Comisión, también se vincula con la directiva que modifica la directiva de los gestores de fondos de inversión alternativos (conocida como AIFMD, en siglas inglesas) que permitió, entre otros, que estos fondos puedan conceder préstamos. «En este sentido, ha quedado aplazado el acto delegado que definía los requisitos que deben cumplir estos fondos prestamistas para mantener una estructura de tipo abierto. Por tanto, se deja a criterio de la gestora demostrar que el sistema de gestión del riesgo de liquidez del fondo es compatible con su estrategia de inversión y política de reembolso», añaden.
- Solvencia en el sector asegurador. Sobre esto, los actos más destacados relacionados con la directiva sobre los requisitos de solvencia en productos de seguros (conocida como Solvencia II), que afecta a aseguradoras y reaseguradoras, que se aplazan se refieren a planes específicos para abordar los riesgos financieros derivados de factores de sostenibilidad; parámetros y métodos normalizados de los módulos de riesgos de suscripción; criterios para autorizar entidades con cometido especial; criterios de equivalencia de terceros países; circunstancias y especificaciones para imponer y calcular adiciones de capital; identificación, medición, control y gestión de riesgos derivados de inversiones en instrumentos derivados, y criterios sobre el índice de acciones para calcular el capital de solvencia. «Las aseguradoras y reaseguradoras tendrán que aplicar la normativa de nivel 2 ahora en vigor y, si no existiera, definir sus propios criterios para cumplir la normativa de nivel 1″, comentan.
- Índices de referencia. Por último, la Comisión aplaza la revisión periódica del método de cálculo para determinar los umbrales de los índices críticos y significativos, recogidos en el reglamento sobre los índices de referencia (BMR, por sus siglas en inglés).
Desde finReg360 puntualizan que el aplazamiento decidido por la Comisión supone un alivio regulatorio para las entidades financieras, pero también generará inconsistencias en el cumplimiento, especialmente de obligaciones de nivel 1 que aún no cuentan con la normativa de desarrollo. «Esta situación será especialmente relevante para el ámbito de MiFID II-MiFIR, en que se generarán diferencias entre el nivel 1 y la normativa de nivel 2 vigente», indican.
Por Funds Society, Madrid
Por Rocío Martínez