La industria de la inversión colectiva goza de buena salud, pero se enfrenta a un momento “delicado”: así lo reconoció Ana maría Martínez-Pina, vicepresidenta de la CNMV, en el marco del XI Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva organizado por la apd, Deloitte e Inverco y celebrado esta mañana en Madrid. Delicado porque, a pesar de que el sector sigue creciendo (el crecimiento de gestoras iniciado en 2014 ha dado como resultado que a finales de 2018 hubiera inscritas 119 entidades, 10 más que en 2017, y en lo que va de año se han creado cuatro nuevas, mientras el patrimonio sigue elevándose), hay retos sobre la mesa, sobre todo una situación de incertidumbre en los mercados, con las tensiones comerciales, las negociaciones del Brexit y las perspectivas de crecimiento mundial en su nivel más bajo tras la crisis financiera como protagonistas.
Un contexto también marcado por las consecuencias de una regulación europea, MiFID II, que entró en vigor hace casi dos años pero que en España se transpuso meses después: “Han pasado casi dos años y la regulación ha tenido un efecto claro tanto en las gestoras como en sus clientes”, dijo. Entre esas consecuencias, el regulador instó a las gestoras a emitir el informe anual de gastos que han de proporcionar a sus clientes “a la mayor brevedad posible” una vez acabe 2019 y valora la publicación de unas pautas aclaratorias –vía documento de preguntas y respuestas- para marcar un plazo máximo razonable para que remitan esa información sobre gastos a sus clientes. “Las gestoras tienen la obligación de remitir a sus clientes información detallada, de forma anual, sobre comisiones y gastos que les aplican. 2019 será el primer ejercicio sobre el que deban hacerlo; si bien la normativa no establece un plazo máximo para facilitar la información, creemos que debería facilitarse a la mayor brevedad posible una vez cerrado el año objeto de reporte”, dijo.
Sobre las consecuencias de la normativa, también señaló que, como resultado del nuevo régimen de incentivos, se ha incrementado el servicio de asesoramiento: “Hemos observado que el nuevo régimen de incentivos en la comercialización ha supuesto un incremento del servicio de asesoramiento, centrado a veces en IICs gestionadas por el propio grupo, con seguimiento de la idoneidad de las recomendaciones como elemento clave para justificar el cobro de incentivos”. La vicepresidenta de la CNMV ofreció algunos datos: en 2019, los minoritas que han contratado asesoramiento ascienden a 1,9 millones, con un volumen de 175,2 millones de euros, un incremento del 77% con respecto al ejercicio previo. Los ingresos por el servicio ascienden a 594 millones de euros en 2018, un 15% más con respecto a 2017. En 2018 había también 1,3 millones de clientes minoristas con servicios contratados de gestión discrecional de carteras, más del 21% con respecto al año previo, y con un patrimonio de 70.700 millones de euros.
Sobre el resto de normas relacionadas con MiFID II, reconoció que aquellas relacionadas con el análisis y la información a inversores resultan “un tanto excesivas en cargas para las empresas, debilitando el negocio de los operadores locales”, algo que quieren rectificar: “Queremos seguir de cerca la evolución del sector y trataremos de proponer las medidas convenientes para solventar los problemas que generen las normas”.
El foco de trabajo
Actualmente, el regulador tiene su foco puesto en factores como la liquidez, aunque su análisis de 2018 en fondos concluye que “realmente el riesgo en general es reducido”. “Estamos trabajando en el seguimiento de la liquidez de los fondos de inversión. En los últimos meses se han dado dos casos de problemas en Europa y ello ha provocado preocupación en los supervisores, incluida ESMA. La CNMV analiza también la liquidez pero no es algo nuevo”, indicó. Aseguró que es importante que las gestoras tengan controles adecuados: en concreto, deben tener procedimientos de control de liquidez y evitar conflictos de interés entre inversores, deben disponer de metodología para establecer el nivel de liquidez y el horizonte para liquidar y poner umbrales a inversiones que pueden presentar mayores problemas. También deben realizar pruebas de estrés del activo y del pasivo para identificar problemas e implementar planes de contingencia para activar mecanismos admitidos en la normativa, como side pockets, suscripciones y reembolsos parciales o suspensión de reembolsos.
Otro de los focos de trabajo es la emisión de guías técnicas para transmitir al sector criterios y prácticas fruto de la experiencia supervisora. En concreto, habló del plan para 2019 de emitir una guía técnica para las gestoras sobre los procedimientos de selección de intermediarios financieros: “Deben seleccionar a entidades a las que transmitirán las órdenes buscando el mejor interés de las IICs y de los clientes y prestando atención a la prevención de conflictos de interés”. La información publica ya finalizó antes de verano, y el regulador está valorando comentarios para incorporarlos al texto definitivo antes de que finalice 2019. También trabaja en una guía técnica sobre el procedimiento de autorización de nuevas entidades, con recomendaciones para agilizar los procesos, que son laboriosos. La guía ofrece la posibilidad de tener contactos previos con la CNMV, una especie de prenotificación para identificar los aspectos más relevantes del proyecto y para que la CNMV pueda hacer una valoración rápida. Y hay otra novedad: un formulario de documentación y autocomprobaciones para asegurar que la documentación es suficiente y coherente.
Avances en ESG
Otro foco de trabajo es la ESG, y la CNMV quiere integrar aspectos de este tipo en las cotizadas y las IICs. “En nuestra estrategia de 2019-20 está contribuir a generar un mercado competitivo, y estamos comprometidos en impulsar el desarrollo de las mejores prácticas en temas de ESG”, explicó. La lista de fondos que invierten teniendo en cuenta estos principios se ha multiplicado en poco tiempo, pero por ahora siguen siendo una minoría: se han registrado 17 fondos solidarios (que ceden parte de comisión gestión a ONGs), y 37 fondos que aplican criterios ESG en sus inversiones; el patrimonio conjunto a julio de 2019 era 2.000 millones de euros. “Estamos participando en foros internacionales, para ver el papel del supervisor en las finanzas sostenibles, tratando de velar para que los inversores estén bien informados, asesorados y que tengan información fiable y clara”.
También con atención a las propuestas normativas de la Comisión Europea para financiar un crecimiento sostenible, cuatro principalmente: la propuesta de reglamento sobre taxonomía para aclarar qué es la ESG; la modificación del reglamento sobre índices de referencia, que ha incluido dos nuevos relacionado con el cambio climático; el reglamento aprobado sobre información que se tiene que dar sobre ISR y sus riesgos; y una propuesta en la que se está trabajando sobre el estándar de bonos verdes a nivel europeo. “A nivel nacional hemos promovido un grupo con varios supervisores, como el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos De Pensiones, la Dirección General del Seguro y la Oficina del cambio climático para intercambiar experiencias y cooperar”, añadió.
“Hemos comenzado octubre con dudas en los mercados, y hemos de seguir trabajando para que el sector de la inversión colectiva ocupe el lugar que le corresponde en la estructura de ahorro de las familias. Las IICs se han consolidado cmo vehículo más eficiente para canalizar el ahorro de los ciudadanos y el reto es mantener esta posición”, apostilló.
Por Funds Society, Madrid
