La tasa Tobin o el impuesto a las transacciones financieras, tan denostado por la industria de la gestión de activos, finalmente se aplicará. España y otros 10 Estados miembros -entre ellos Alemania, Francia e Italia- han anunciado este martes un acuerdo político «de mínimos» sobre la hoja de ruta para poner en marcha esta tasa. El nuevo gravamen se implantará por fases -empezando por las acciones y algunos derivados- para evaluar su impacto económico y su puesta en marcha se retrasa al 1 de enero de 2016.
Es decir, que los ministros se comprometen a tener en cuenta «el impacto económico» antes de ampliar el impuesto a otros instrumentos financieros, pero lo aplicarán finalmente. «La primera fase de la tasa a las transacciones financieras armonizada deberá aplicarse como muy tarde el 1 de enero de 2016«, ha anunciado durante el Ecofin el ministro austriaco de Finanzas, Michael Spindelegger, que ha actuado como portavoz del grupo de los 11, según informa Europa Press. No obstante, el diseño definitivo de la tasa con «soluciones viables» deberá estar listo a finales de año.
Además, si algunos de los Estados miembros participantes quiere gravar productos no incluidos en este acuerdo para mantener tasas nacionales existentes (aparte de las acciones y algunos derivados), estarán autorizados a hacerlo. Eslovenia no ha suscrito la declaración por la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones, con lo que el grupo podría quedarse en 10 países.
Pero las críticas no sean hecho esperar de países como Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Hungría, Holanda, Luxemburgo o Malta. «No dudaremos en recurrir una tasa que tenga un impacto extraterritorial, perjudique a Reino Unido o a otros Estados miembros y perjudique al mercado interior», ha amenazado el ministro de Finanzas británico, George Osborne, según la agencia de noticias. Ha sido precisamente el veto de Londres el que ha obligado a poner en marcha la tasa mediante una cooperación reforzada puesta en marcha por España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.
El impacto en el ahorro y la inversión
Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España. El objetivo de esta iniciativa es reducir las operaciones especulativas y hacer que la banca contribuya de forma equitativa a los ingresos públicos. Pero las voces más críticas no lo ven así porque no solo consideran que no se recaudará lo previsto sino que además perjudicará al empleo, la inversión y las pensiones y los pensionistas.
Recientemente, Chistian Dargnat, el presidente de Efama, criticaba este impuesto, al considerar que la tasa tendría un “efecto devastador”. “No niego la legitimidad del impuesto como ciudadano europeo pero hemos de preguntarnos si es justa y eficaz y la respuesta es negativa”, explicó. En primer lugar porque encarecerá los costes de la operativa en los mercados y colocará en desventaja al mercado europeo frente a Londres, Wall Street o las plazas asiáticas, y además llevará a las gestoras y bancos a deslocalizar su actividad para poder seguir siendo competitivos, por lo que recaudará mucho menos de lo esperado. Además, el encarecimiento de la operativa podría provocar un colapso de los fondos monetarios, claves para financiar la economía europea.
Pero, más allá de captar pocos ingresos y empujar la operativa fuera de Europa, el impuesto – que gravaría con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados- mermará los ahorros de los ciudadanos europeos, por lo que la calificó de “pesadilla”. “Una persona que invierta en fondos de pensiones durante 30 años verá mermada su rentabilidad en una tercera parte por el efecto de la tasa”, afirmó el presidente de Efama.
Por Alicia Miguel Serrano