En los últimos años, el apoyo de los inversores y ahorradores españoles es lo que explica el crecimiento de la industria de la inversión colectiva que, en su conjunto, camina hacia los 500.000 millones de euros. Un éxito que no está ni ha estado exento de piedras en el camino, ante la amenaza que actualmente suponen unos mercados cada vez más volátiles o las presiones derivadas de la regulación europea, pero también ante las dudas e inseguridad jurídica que creó hace unos meses el caso de Banco Madrid. De ahí que Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, se mostrara aliviada por la nueva normativa que deja totalmente clara la separación entre el capital que tienen los partícipes en los fondos y el balance de las entidades gestoras y depositarias, lo que exime de riesgo a los partícipes en caso de quiebra de una entidad, según explicó en el marco del VII Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva, bajo el título “Consolidando el crecimiento”, organizado esta mañana en Madrid por la APD, Deloitte e Inverco.
Así, explicó que los cambios realizados en las leyes a raíz del caso son “cambios relevantes porque mucho estaba en juego, por la confusión que podría haber supuesto para la industria de los fondos otro tipo de desenlace”. Para la CNMV, en el caso Banco Madrid estaba en juego nada más y nada menos que la seguridad jurídica de la industria de gestión.
Rodríguez explicó que, aunque desde la CNMV defendieron desde el principio que la quiebra del banco no debía afectar a los partícipes de sus fondos, su criterio era diferente al del administrador concursal, que no veía que se cumplieran los requisitos para la separación del patrimonio de los fondos. “Estaba haciendo una lectura literal de la ley concursal que no reconocía las normas especiales que regulan las IICs y los planes de pensiones, lo que suponía el riesgo de sentar un peligroso precedente. Pero afortunadamente el administrador lo reconsideró y ordenó la liberación de los saldos”. Para Rodríguez, más allá de esa decisión puntual lo relevante es evitar otra situación similar y cree que el precedente de Banco Madrid ha sido clave para dar una mayor seguridad jurídica al sector.
“El precedente con Banco Madrid es clave y celebramos los cambios realizados en la ley concursal, a través de la Ley de Segunda Oportunidad”. Rodríguez explica cómo en la norma se aclara que, en caso de concurso, resulta aplicable la legislación especial de IICs y planes y fondos de pensiones: “Cuando una entidad con activos depositados se vea afectada por un concurso de acreedores, la ley concursal redirigirá a la ley de cada instrumento, dejando bien claro que los vehículos de inversión colectiva gozan de especial protección”. Además de esa ley, también se ha revisado el Reglamento de IICs y se ha publicado recientemente una modificación al respecto, dejando bien clara la separación del capital de los partícipes de IICs del balance de gestores y bancos depositarios.
“Es esencial que los inversores confíen en las bondades de estos vehículos para contribuir al crecimiento económico de España: no podemos ver la industria de inversión colectiva como aparte del mundo, sino que su buena marcha es reflejo de lo que subyace, la buena marcha de la economía”, aseguró Rodríguez.
Desde Deloitte, Rodrigo Díaz, socio responsable del área de Investment Management, también hizo hincapié en la seguridad como uno de los factores que han explicado el éxito de la industria en los últimos años, junto la inversión profesionalizada (clave en un entorno volátil estructural y no puntual) y su eficacia fiscal y operativa. “Este año hemos visto la intervención de una entidad financiera y los partícipes no se han visto afectados por el proceso concursal: la teoría se convierte en práctica y el producto fondo ha demostrado que goza de un plano de fuerte seguridad”.
Un buen momento para el sector
Sobre el momento que vive el sector, la última crisis en los mercados y el hecho de sufrir, por primera vez en más de dos años, reembolsos netos en septiembre, Rodríguez considera que es momento “de expectación y observación pero no de punto de inflexión”, recordando que el volumen del sector a finales de agosto sumaba 367.000 millones de euros (fondos y sicavs) y desde 2008 ha crecido un 80%; que cuenta con más de 9 millones de partícipes y que las gestoras obtuvieron en el primer semestre del año un beneficio conjunto de 237 millones de euros, la cifra más elevada desde 2007.
“El sector de la inversión colectiva ha salido reforzado de la crisis, pues ésta ha incentivado a las entidades a cambiar sus modelos, a gestionar mejor los costes, a realizar una gestión activa del riesgo y a tener una mayor eficiencia operacional”. En su opinión, la industria de gestión ha demostrado su capacidad de adaptación y gestionado las novedades impuestas por la regulación y por un cliente que se ha vuelto más cauto. Aunque se dan pasos en la buena dirección, cree que aún queda un largo camino por recorrer para que lo ocurrido en septiembre no marque un punto de inflexión y habla de tres retos de las gestoras en un contexto más complejo: hacer frente a un entorno de competencia acentuada, lidiar con clientes más exigentes y un entorno regulatorio cambiante.
Sobre la competencia, explica que la reactivación del sector ha venido acompañada de nuevos competidores: “La consolidación bancaria llevó a una reducción de las gestoras en un 12% pero en los últimos meses estamos viendo un número creciente de proyectos nuevos de forma que no sería raro que a corto plazo veamos crecer el número de gestoras, muchas de ellas extranjeras”. En concreto, este año la CNMV ha autorizado a 13 nuevos prestadores de servicios, con más actividad en gestión alternativa y capital riesgo que en el negocio tradicional de gestión, donde hay cuatro nuevos jugadores.
Sobre los clientes, considera que la confianza en los mercados no está restaurada completamente tras la crisis y ve cambios en su comportamiento: “Se han vuelto más exigentes y cautos y analizan más las inversiones antes de llevarlas a cabo, por lo que hay que darles información de forma clara y asesoramiento”. Una nueva generación se incorpora a estos servicios y las firmas han de ajustarse a sus necesidades, defiende, por ejemplo, con herramientas online.
En el terreno normativo, todo es movedizo, pues MiFID II está sin finalizar. “Es esencial prepararnos para los cambios que se avecinan y mejorar la competitividad del sector sin mermar la protección de los inversores. Intentaremos que la transposición sea sensata y ordenada porque es fundamental que las reglas estén claras y la seguridad jurídica de los inversores esté bien protegida”, apostilló.
Por Funds Society, Madrid
