Las asociaciones bancarias AEB y CECA denuncian la inseguridad jurídica y los graves efectos económicos de un impuesto, que genera el nuevo impuesto en las entidades bancarias. Según el manifiesto conjunto que han hecho público, dicho impuesto se ha gestado en un “proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos que deberían incluirse en toda tramitación legislativa y particularmente en un ámbito tan sensible como la fiscalidad»
Según ambas entidades, todo esto genera incertidumbre general y en los mercados financieros en particular. Además, las asociaciones rechazan frontalmente la decisión de incorporar un nuevo impuesto al sector bancario por sus graves efectos para la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía, «bajo un contexto de riesgos geopolíticos y con fuertes necesidades de financiación en España y en Europa», señalan. Y estiman que el nuevo gravamen restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas.
La reflexión que lanzan ambas entidades es que este impuesto «no tiene parangón en los países de la UE», por lo que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía, y carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés.
“Además, supone la fragmentación del mercado interior por su diferente aplicación entre comunidades autónomas, y también el señalamiento de un sector cuyo objetivo es trabajar por el crecimiento económico y el progreso social. Las asociaciones bancarias reiteran su determinación de emprender acciones legales”, concluye el comunicado.