El Banco Central de Uruguay (BCU) ha presentado un anteproyecto de ley que amplía sus funciones de control y protección de los inversores, una iniciativa que se produce después de una serie de fraudes y de escándalos que provocaron importantes pérdidas entre los ahorristas locales.
Así, el BCU remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el anteproyecto de ley que propone modificaciones a su Carta Orgánica «con el objetivo de fortalecer la protección del inversor y fomentar un ecosistema de financiamiento más dinámico, transparente y seguro para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos», según anunció un comunicado de la institución.
El principal cambio propuesto es ampliar el ámbito de regulación y control del BCU para incluir a las entidades que, aún sin emitir valores, realicen operaciones financieras convocando a la inversión mediante la captación masiva de recursos financieros del público. En la propuesta, se configura una operación financiera cuando exista un desembolso de fondos a cambio de una promesa de rentabilidad futura, gestionada por un tercero.
Además, en materia de supervisión, la reforma refuerza las facultades de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) para investigar y actuar frente a potenciales infractores, otorgándole potestad para:
- Requerir información y realizar inspecciones con atribuciones similares a las de la Dirección General Impositiva, donde además no podrá ser oponible el secreto profesional.
- Ordenar el cese inmediato de actividades irregulares y suspender campañas publicitarias o la captación de fondos.
Además de los cambios propuestos para la Carta Orgánica, el BCU ha implementado, y prevé profundizar, otras acciones que tienen por objetivo proteger al inversor y dinamizar el mercado de valores. Entre ellas se destacan las acciones de comunicación y educación financiera que están orientadas a informar oportunamente a la población y prevenir conductas fraudulentas.
En 2024 tres proyectos asociados a la ganadería (fondos ganaderos), un importante desarrollador inmobiliario, dos proyectos asociados a las criptomonedas y dos más con el mercado de seguros y corretaje de bolsa, anunciaron problemas de solvencia, provocando pérdidas de unos 800 millones de dólares a unos 7.000 ahorristas uruguayos o residentes en Uruguay. Las entidades implicadas no estaban reguladas por el Banco Central a pesar de prometer un rendimiento, lo que generó una polémica en el país sobre la protección de los inversores.
Por Magdalena Martínez
