Michelle W. Bowman, miembro de la Fed desde 2018, prestó juramento como Vicepresidenta de Supervisión de la Junta de la Reserva Federal. El juramento fue administrado por el presidente de la Fed, Jerome Powell, en la sala de prensa del edificio Martin de la Junta de Gobernadores del banco central estadounidense. Reemplazará a Michael S. Barr, que fue nombrado por Joe Biden y acabó dimitiendo en febrero para evitar roces con la nueva administración de gobierno republicana.
Bowman fue nominada por el presidente Donald Trump el último 24 de marzo de y fue confirmada por el Senado de los Estados Unidos el 4 de junio. Su mandato como Vicepresidenta de Supervisión finalizará el 9 de junio de 2029, mientras que su mandato como miembro de la Junta concluirá el 31 de enero de 2034.
Antes de su nombramiento en la Junta de Gobernadores, Bowman ocupó el cargo de comisionada bancaria del estado de Kansas desde enero de 2017 hasta noviembre de 2018. También fue vicepresidenta del Farmers & Drovers Bank en Kansas desde 2010 hasta 2017. Además de su experiencia en el sector bancario, trabajó en Washington D. C. para el senador Bob Dole, de Kansas, entre 1995 y 1996, y fue asesora del Comité de Transporte e Infraestructuras de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y del Comité de Reforma y Supervisión Gubernamental entre 1997 y 2002. En 2002, pasó a ser directora de asuntos intergubernamentales y del Congreso en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Entre 2003 y 2004, ocupó el cargo de subsecretaria adjunta y asesora política del secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge.
Bowman se había mostrado muy crítica con el plan de Barr sobre los criterios de Basilea III, que habrían obligado a los principales bancos del país a mantener unos niveles de capital mucho mayores a los actuales a modo de «colchón anticrisis». En su último discurso público en la Universidad de Georgetown, al referirse a la supervisión y regulación del sistema, dijo que algunas de las normas que se han aplicado desde la crisis financiera de 2008 y la recesión posterior eran «retrógradas», ya que abordaban la crisis hipotecaria y «no tenían plenamente en cuenta las posibles consecuencias futuras» de esas políticas.
«Nuestro objetivo debe ser que los bancos puedan quebrar sin peligro, es decir, que se les permita quebrar sin que ello suponga una amenaza para la estabilidad del resto del sistema bancario», afirmó Bowman.