El patrimonio de las sicavs encadena tres años de caídas después de que en 2018 bajara un 9,5%, en medio de las críticas a este tipo de vehículos de inversión. La propuesta del Gobierno, contenida en el actual Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019, traslada desde la CNMV a la Agencia Tributaria la supervisión de estas sociedades, para hacer más estricto el control sobre la identidad de los partícipes.
Las sicavs, que tributan al 1% y deben tener un patrimonio mínimo de 2,4 millones de euros, deben tener un mínimo de 100 integrantes, pero las críticas entienden que en realidad son vehículos de grupos reducidos de inversores que completan el resto, hasta la centena, con los llamados «mariachis».
Según los datos de la consultora VDOS, el patrimonio de las sicavs acabó 2018 en 28.193 millones de euros, un 9,5 % menos que un año antes, y lejos de los 34.525 millones de cierre de 2015, el mejor año desde el inicio de la crisis en 2007.
Esta caída se debe, según la consultora, al efecto combinado de las pérdidas de las carteras por importe de 2.300 millones y los reembolsos netos de más de 650 millones de euros.
Respecto al número de sociedades, también ha ido en descenso en los últimos años desde las 3.372 de diciembre de 2015 hasta las 2.753 a finales de 2018.
De la supresión a un control más exhaustivo
Todos los partidos políticos han puesto sobre la mesa su propuesta para un mayor control de las sicavs. El PP propuso en su día elevar la participación mínima de cada partícipe hasta el 0,55% para evitar precisamente la existencia de los llamados «mariachis» y así lo pactó con Ciudadanos en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de agosto de 2016, aunque esta modificación nunca vio la luz.
Antes, en febrero de 2016, PSOE y Ciudadanos habían pactado un acuerdo de Gobierno para la investidura de Pedro Sánchez, que no salió por falta de apoyos parlamentarios. Ahí ya se incluía la reforma que contemplan hoy los PGE de 2019 para devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las sicavs.
Desde el ala izquierda del arco parlamentario se aboga directamente por la supresión de estos vehículos de inversión, algo que en algunas comunidades autónomas ya es una realidad. En 2009 el Gobierno vasco, compuesto por PSE, PNV y Hamaikabat (una formación nacionalista de izquierda ya desaparecida) acordó elevar la tributación de las sicavs al tipo general del impuesto de sociedades, lo que, en la práctica, significó su desaparición. Seis años después, el Gobierno de Navarra siguió el mismo camino.
La patronal del sector de la inversión colectiva, Inverco, destaca que la cara B de este endurecimiento y del traslado del control a la Agencia Tributaria es la salida de capitales hacia otros países con mejor tratamiento fiscal de estos instrumentos financieros, regulados desde hace más de 30 años por directivas europeas.
Por Fórmate a Fondo
