MiFID II está a la vuelta de la esquina y adaptarse es urgente. Gestoras de fondos, empresas de servicios de inversión y todas aquellas firmas de servicios financieros ligadas al sector han de tomar medidas inmediatas ante una legislación que implica retos, pero también oportunidades. Dos principales, según José María Méndez, director general de Cecabank: la oportunidad de realizar una “adecuada transformación digital, aprovechando este viaje para digitalizar procesos internos y externos de relación con clientes”, y en segundo término, la oportunidad de restablecer la confianza en el sector, teniendo en cuenta que la normativa “trata de resolver la asimetría de poder existente entre entidad y cliente”.
Méndez hizo esta reflexión esta mañana, en el marco del evento “MiFID II como impulso de la transformación digital en la distribución de activos”, organizado por Cecabank, en el que se pusieron números a los costes que tendrá la legislación en Europa: más de 2.500 millones de euros. “Algunas estimaciones cifran el impacto en el entorno de los 2.500 millones de euros, pero en mi opinión es una cifra que se queda corta, pues toma como referencia solamente el coste en los grandes operadores de mercado, no de toda la industria”, señalaba Antonio Romero, director corporativo de servicios asociativos, auditoría y recursos de Cecabank. Para hacer frente a estos costes, y teniendo en cuenta que “MiFID II es solo una pieza dentro de un panorama más complejo”, el experto propone una solución: la especialización, en una de las tres áreas del negocio (la relación directa con el cliente, la tecnología –un punto donde las fintech suponen una gran oportunidad- y los procesos).
Sobre los costes de la normativa, Salvador Mas, CEO de Finametrix, advirtió de que, si no se digitalizan los procesos, MiFID II “es una ruina para una entidad retail”, que tendrá que profundizar en muchas cuestiones (entre ellas, el estudio del cliente y los tests de idoneidad, en los que tarda 15-20 minutos de media, por lo que, de no digitalizarse esos procesos, el coste sería enorme, explica), mientras Fernando Pastor, director de ventas para Europa y Latinoamérica de Web Financial Group, defiende que, precisamente por ello, “el camino de MiFID II es una oportunidad para la digitalización, para buscar una recuperación de los costes operativos y mejorar la rentabilidad de las entidades”.
Y ya no hay tiempo para pensárselo, sino solo para actuar. Aunque la transposición en España aún se está tramitando –Romero calcula que los trámites parlamentarios llevarán al menos un mes y luego tendrá que aprobarse en las Cortes, una situación que conlleva “incógnitas” ante la situación política-, y aunque Romero da por seguro “que la normativa de transposición no estará a tiempo, y que el próximo 3 de enero, cuando MiFID II entra en vigor, no estará lista en España”, se muestra tranquilo y recomienda que desde esa misma fecha las entidades se adapten a las novedades. “También hubo retrasos con MiFID I y España tiene experiencia suficiente a la hora de gestionar estas situaciones”, recuerda, y hace hincapié en la necesidad de anticiparse. “En principio la directiva no tiene efectos directos, porque éstas generan obligaciones solo para los estados, pero la jurisprudencia europea ha admitido en algunas circunstancias ese efecto directo, aunque con muchas restricciones. Por eso, el riesgo de que un cliente nos pueda reclamar la aplicación de las directivas no es nulo; existe y lo más prudente es anticiparse y aplicar las normas a partir del 3 de enero”, advierte. Y eso están haciendo la mayoría. Además, explica, la directiva europea es “tan precisa que la norma española poco aporta”.
El impacto en la distribución
Más allá de los tiempos y del impacto económico para las entidades -y la posibilidad de reducirlo y moderarlo a través de la tecnología y la especialización-, la normativa tendrá consecuencias en el modelo de negocio de las entidades y también, en la distribución de productos de inversión. Aunque aún hay muchas dudas en el horizonte: “No sé cómo va a impactar a corto plazo, y no creo que nadie lo sepa. No lo sabremos en un año sino en un periodo de tres a cinco años”, explica Mas. En su opinión, el espíritu de la norma conlleva muchos cambios en la cadena de distribución del ahorro (sobre todo en el mundo minorista): “En espíritu es una ley muy ‘behavioral’, quiere mejorar el sector cambiando la cadena de valor y dando muy duro en la parte de incentivos. El espíritu es que el inversor perciba que está pagando por los servicios y que conozca el coste de los mismos, a diferencia de la situación actual”, dice.
Pero hay varios “peros”. En primer lugar, porque un defensor de las finanzas del comportamiento diría que el cliente no quiere MiFID II, ni “sufrir al saber el precio de lo que está pagando y, en ese sentido, el sistema actual es una obra maestra” porque permite al cliente ser feliz en la ignorancia. Y en segundo lugar, porque la normativa contempla los famosos tres supuestos (ampliables por los estados), que le deja ciertas escapatorias al espíritu de la norma, vías que hubieran sido mucho mayores de haberse aceptado el cuarto supuesto demandado por Inverco. “No sé lo que va a pasar, si las entidades irán confluyendo hacia el espíritu de la norma o seguiremos más o menos igual: hay normas que casi abocan a la arquitectura abierta, pero no del todo pues hay una escapatoria con el segundo supuesto; también las normas casi obligan a cobrar por asesoramiento pero también se puede evitar con el asesoramiento no independiente…”, dice Mas, como pruebas y ejemplos de sus dudas.
Pastor, a pesar de las dudas, cree que el mundo de la arquitectura abierta “está para quedarse” y que la normativa no llevará a reducir activos y productos. “Lo que cambia más que nada es la forma de relacionarse con el producto y la entidad”, señala.
Manfred Nolte, socio de Management Solutions, cree que puede haber un “rebalanceo” de productos, aunque éste no se producirá por imposición directa de la norma. “Puede haber un rebalanceo de las carteras globales de productos. En el pasado se han comercializado productos que no han sido necesariamente los mejores, no ha habido un buen ajuste entre oferta y demanda. Lo que más controversia ha generado es que se han comercializado muchos productos que parecían interesantes pero que luego se ha demostrado que no lo eran tanto, porque escondían grandes riesgos latentes no explicados. MiFID II pretende lanzar más luz y en este escenario de mejor transparencia puede ocurrir que se comercialicen los productos en la medida en que el mercado los vaya demandando”, explica. En su opinión, el proceso de mayor transparencia permitirá elegir mejor al cliente y esto llevará una mayor eficiencia y ajuste al mercado a medio plazo, de forma que “solo las entidades que vayan haciendo eficientes sus cargas de estructura o actuando a través de palancas de valor diferencial, siento por ejemplo más creativas, tengan ciertos espacios para vender de forma rentable”.
El impacto en la actividad
Nolte también dejó claro que MiFID II afectará a gran parte de la industria financiera: desde todas las empresas de servicios de inversión -de bancos a agencias y sociedades de valores-, pasando por las gestoras. “En banca minorista, el reto fundamental vendrá derivado de la necesidad de reorganizar la prestación de servicios a los clientes en cuatro grandes grupos: asesoramiento independiente o no independiente, gestión discrecional de carteras y servicios de comercialización”. Y esa reorganización conlleva implicaciones, en cuanto a comisiones, productos que se pueden o no ofrecer en cada ámbito, retrocesiones… En banca de inversión y mayorista habló de la internacionalización sistemática, como vía para trasladar las obligaciones del reporting post-ejecución.
En las entidades custodias también habrá consecuencias, coincidieron los expertos, y también en las gestoras. Para Joaquín Rivero, director de Desarrollo de Negocio de Servicios Operativos de Cecabank, las gestoras españolas tienen una oportunidad. “Es un mundo por explorar pero, en un mundo en el que las internacionales vienen ganando cuota en los últimos años, MiFID II ofrece a las gestoras españolas una fantástica oportunidad, con el río revuelto, para arañar cuota, aunque dependerá de variables como hacia dónde dirijan sus objetivos comerciales, cómo se especialicen, cómo se posicionen en canales y alianzas con posibles socios…”
Sobre los puntos de impacto de la normativa en contenido, Romero habló de cinco niveles: la protección de los inversores (que conlleva a diferenciar los productos entre complejos y no complejos, y a grabar las comunicaciones y conversaciones relacionadas con órdenes y cuya finalidad sea gestionar dichas órdenes con los clientes, algo de muy difícil precisión que puede llevar a grabar todas las interacciones, con los costes que ello puede suponer, advierte); el impacto en el asesoramiento y en el cobro de incentivos, que tiene consecuencias sobre el sistema de distribución de productos; las políticas de mejor ejecución –que lleva a las entidades a tener que operar con dos centros, BME y otra plataforma dentro de los sistemas multilaterales de negociación que operen con valores españoles-; el reporting sobre transacciones; y la formación de los profesionales que prestan servicios de inversión (en este sentido, Cecabank ha desarrollado un programa de formación y certificación ya reconocido por la CNMV, con un porcentaje del 75%-80% de aprobados).
Soluciones de Cecabank
En este contexto, Cecabank ha lanzado “Solución Global de Valores”, un sistema integrado con el ecosistema de las entidades, flexible, modular, multi plataforma y ágil, para facilitar la adaptación de cada uno de sus clientes a la normativa, “potenciando con ello el modelo de negocio de cada entidad y poniendo a su disposición una variada selección de productos (comercialización de acciones, fondos de inversión propios y de terceros y fondos de pensiones). Nace como “una herramienta completa y global para adaptarnos a las necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes”, ha explicado Rivero.
Por Alicia Miguel Serrano
