El viernes 22 de mayo vence el período de gracia de 30 días del pago de cupón en tres de los bonos de Argentina por valor de 500 millones de dólares. Si Argentina no paga este tramo de la deuda bajo legislación extranjera, se activará el default.
Después de semanas de negociaciones y extensiones de plazos, según los analistas de Portfolio Personal Inversores (PPI), la oferta del gobierno argentino tendría una aceptación menor al 20%. Así, el rechazo de los acreedores extranjeros, esencialmente fondos internacionales, habría sido categórico.
“Distintas fuentes mencionan que el gobierno estaría sumando contactos con los principales acreedores para que haya una contraoferta. Pero por el momento, dicen que BlackRock no quiere enviar ninguna oferta por escrito como lo solicita Marin Guzmán. La desconfianza que generó la filtración de la oferta de uno de los principales acreedores de la deuda Argentina, podría distorsionar en cierto sentido las negociaciones”, señalan desde PPI.
El gobierno argentino estaría trabajando en mejorar la oferta: “Una posible opción sería respetar el capital original (en lugar de la quita de 5%), reducir a menos de tres años el período de gracia, capitalizar intereses durante ese plazo y subir la tasa de interés del cupón. Analistas optimistas del mercado hablan de una leve distancia de valor de recupero entre la oferta actual del gobierno que ronda el 35%, y el 45% que estarían exigiendo los acreedores”, añaden los analistas de PPI.
Los fondos internacionales tienen la clave
Según los analistas de Criteria, se estima que el 70% de los bonistas locales aceptó la oferta de canje del gobierno. El problema es que ese grupo apenas representa el 10% del total y en ese contexto: “queda claro que acercar posiciones con los grandes fondos de inversión como Blackrock, Pimco o Fidelity es condición necesaria para llegar a un acuerdo”.
“Se pueden proyectar tres escenarios: el gobierno mejora la oferta y acuerda con acreedores en los próximos días, el gobierno deja caer la negociación y se declara el default, o bien realiza el servicio de los bonos globales y gana tiempo hasta junio, cuando vence un nuevo pago de títulos con ley extranjera”, señalan desde Criteria.
“Si el Gobierno quisiera adoptar la tercera estrategia (pagar y negociar), deberá afrontar servicios por valor 3.200 millones de dólares para la deuda con ley extranjera durante 2020. De este modo, podría seguir negociando con la deuda performing, pero ha reiterado en varias oportunidades que las reservas son escasas para afrontar estos montos”, explican desde la firma argentina.
¿Un Standstill Agreement similar al de Ecuador?
Los analistas de Consultatio también tratan de exponer los escenarios posibles: default, un acuerdo despúes de recibir contraofertas o un Standstill Agreement que recordaría a lo que acaba de hacer Ecuador. Así, Argentina pagaría el 22 de mayo y se mantendría hasta el próximo vencimiento el 28 de julio.
“La lógica del Standstill es que no se puede cerrar un acuerdo para los próximos 30 años en medio de un shock negativo cuyas consecuencias para la actividad son las peores desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Tiene sentido? ¿es lo mejor para ambas partes (gobierno y acreedores)? ¿debería reaccionar el mercado al igual que con Ecuador (positivamente)?”, plantean desde Consultatio.
“Creemos que en el caso que los acreedores acepten una prórroga de las negociaciones, aplazar la negociación no solo no ayudará, sino que incluso podría empeorar la negociación y alejar (aún más) las pretensiones de las partes.
En la situación actual hay valor para el gobierno y para los acreedores en buscar cerrar un acuerdo con los niveles de quita de valor presente. Para ello, delegar la iniciativa en los tenedores para que vengan con una contrapropuesta no es una buena opción, toda vez que de alcanzar algún acuerdo que contenga las expectativas de la mayoría de ellos, por definición será el peor de todos (el más caro) para Argentina”, añaden desde Consultatio.
Por Magdalena Martínez