Las empresas del IPSA continúan avanzando en sostenibilidad y consolidando su relación con los grupos de interés a través de políticas y sistemas de identificación de impactos y de respeto de los derechos humanos de trabajadores, comunidades y contratistas. Eso encontró el segundo diagnóstico realizado por el Programa de Sostenibilidad Corporativa, de la Universidad Católica de Chile, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El objetivo, según delinearon en un comunicado, es recabar información acerca del nivel de progreso en la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este sondeo, llamado “Segundo Diagnóstico sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile”, evaluó a las 29 empresas del benchmark accionario local S&P IPSA y 15 compañías públicas. Así, sondear la gestión de derechos humanos, en conformidad con los principales estándares internacionales.
Los resultados revelaron que las 29 empresas IPSA registraron un promedio de 9,4 puntos, de un total de 24, lo que equivale a un cumplimiento de 39%. Esto representa una subida de 4 décimas de punto respecto al primer diagnóstico realizado por las entidades.
El mayor puntaje de la nómina lo obtuvo el gigante del retail Falabella con 19,5 puntos, mientras que la firma de telecomunicaciones Entel fue la empresa que registró el mayor incremento en el nivel de cumplimiento respecto al primer diagnóstico, subiendo de 3 a 10 puntos. La supermercadista SMU, por su parte, aumentó su puntaje en 6,5 puntos, llegando a 17 puntos.
“Lo que uno puede ver es que las empresas han avanzado bastante en materia de compromiso de respeto de los derechos humanos. Actualmente, cerca de dos tercios de los directorios de las empresas IPSA tienen una buena política de respeto de los DD.HH., cuando el año pasado era solo un tercio. Esto es positivo, porque da cuenta de que los directorios comprenden que la empresa es parte de la sociedad y que su relación con ella pasa, necesariamente, por prevenir y mitigar impactos negativos”, comenta el director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho UC, Juan Eduardo Ibáñez, en la nota de prensa.
Este año, la medición también incluyó a 15 empresas públicas, cuyos resultados revelan que el cumplimiento, en general, es bajo. Este grupo de empresas obtuvo un promedio de 3,4 puntos. De hecho, cinco de ellas obtuvieron cero puntos.
Pese a esto, tres empresas estatales destacaron, alcanzando un puntaje total superior al promedio de las compañías IPSA. Se trata de Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) con 11,5 puntos, la minera Codelco con 10,5 puntos y Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con 9,5 puntos. También destaca Metro de Santiago, con 8 puntos.
En el desagregado de firmas IPSA, las empresas alcanzaron un promedio de 3,1 de un total de 6 puntos en el criterio “compromisos y gobernanzas”, siendo la categoría con mayor grado de cumplimiento. Mientras que en “debida diligencia”, el promedio se ubicó en 3,7 puntos, lo que representa un 3% más que el año anterior. Por otro lado, en cuanto a los “mecanismos de reclamación y remediación”, las compañías IPSA disminuyeron el nivel de cumplimiento en 0,3 puntos en comparación al Primer Diagnóstico.
“Como se advierte, los desafíos van en la línea de implementar procesos de debida diligencia para identificar posibles impactos en DD.HH. y contar con mecanismos efectivos, legítimos y accesibles para formular reclamos y, en caso de daño, lograr una remediación directa desde la empresa”, detalló Ibáñez.
El diagnóstico se elaboró utilizando la metodología Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) de la World Benchmarking Alliance (WBA). Se usó solo información pública de las empresas, especialmente aquella reportada en las memorias anuales en conformidad con la NCG N° 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Por Funds Society
