Última actualización: 10:16 / Martes, 2 Febrero 2021
Análisis de Credicorp Capital

El proceso chileno y cómo la Constitución colombiana de 1991 puede servir de referencia

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  • El próximo mes de abril se inicia en Chile el proceso de elección de los miembros de la convención constitucional que serán los encargados de redactar la nueva Carta Magna
  • La Constitución colombiana de 1991 se tradujo en un incremento directo del gasto público del 4%-5% del PIB, según señala el informe
  • Las principales fuentes de presión fiscal que pueden surgir del proceso de constitucional son: i) potenciales nuevos derechos, especialmente relacionados con salud, educación y pensiones; ii) demanda de mayores recursos por parte de los gobiernos regionales; y iii) el grado de claridad en las definiciones y los mecanismos legales para la garantización efectiva de los derechos
  • El proceso constituyente mantendrá una incertidumbre más bien elevada, no obstante, el proceso también representa una oportunidad que podría conducir a un fortalecimiento del país, la sociedad en general, los estándares de vida y las instituciones.

El próximo mes de abril se inicia en Chile el proceso de elección de los miembros de la convención constitucional que serán los encargados de redactar la nueva Carta Magna tras el resultado favorable del plebiscito celebrado el pasado mes de octubre.

En este contexto, el equipo de Credicorp Capital Research ha publicado recientemente un informe titulado Proceso Constitucional: cuidado con las cuentas fiscales- ¿el caso de Colombia como punto de referencia?, en el que analizan el impacto que la nueva Constitución puede tener sobre las arcas fiscales chilenas y cómo el caso colombiano puede servir de referencia para identificar posibles puntos de presión fiscal.

La Constitución colombiana de 1991 supuso un incremento directo del gasto público del 4%-5% del PIB

Las cuentas fiscales chilenas se han deteriorado en los últimos años debido a un menor crecimiento estructural, compromisos adquiridos tras el estallido social del 2019 y en el último año, por la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

De cara al proceso constitucional y para poder identificar los riesgos que este podría generar sobre la situación fiscal, el equipo de Research de Credicorp Capital ha tomado como referencia la Constitución colombiana de 1991, aunque puntualizan que el contexto era “marcadamente diferente en comparación con la situación actual en Chile”. Con esta nueva Carta Magna el país se convirtió en un Estado Social de Derecho donde predominaban los derechos individuales frente a los colectivos y que se tradujo en un incremento directo del gasto público del 4%-5% del PIB, según señala el informe.

Así, para el equipo de Credicorp Capital su principal preocupación es que en Chile se produzca un deterioro adicional de la situación fiscal del país, siendo las principales fuentes de presión: i) la probabilidad de nuevos derechos, especialmente aquellos relacionados con la salud, educación y pensiones; ii) la demanda de mayores recursos por parte de los gobiernos regionales; y iii) el grado de claridad de los mecanismos legales definidos para el cumplimiento de los derechos.”

Con respecto al primer punto, el informe explica que el incremento del gasto público en Colombia desde 1991 se debió a la prioridad de los derechos individuales frente a los colectivos y a las mejoras en la cobertura y calidad de la educación y salud público. En esta línea, el informe concluye que: “Aunque Chile ya ha destinado crecientes recursos a la educación, pensiones, salud y programas sociales en años recientes, el tamaño del Estado y del gasto social continúan siendo bajos en comparación con otros países de la región, de manera que parece sensato asumir que el proceso constitucional derivará en un incremento del rol del gobierno en la economía”.

Con respecto al segundo factor, el informe de Credicorp Capital señala que el hecho de que os gobernadores regionales vayan a ser electos democráticamente en abril 2021, “implica que estos podrían demandar un incremento de recursos para cumplir con las promesas hechas durante la campaña”. En el caso colombiano, las transferencias regionales pasaron del 1, 5% el PIB en 1990 a 3,9% del PIB en 1998 para dar respuesta a la mayor cobertura y mejorar la calidad de los servicios de educación y salud.

Otro factor crítico será el rol que jugará el Congreso y el alcance de la Corte Constitucional, que serán los organismos encargados de implementar la regulación especifica que garantice los nuevos derechos de la Carta Magna. En el caso colombiano, hay análisis que añaden entre 1.0-1.5% del PIB del gasto público adicional por fallos de la Corte Constitucional.

Ingresos fiscales permanentes y gastos eficiencias serán las claves del éxito

Daniel Velandia y Samuel Carrasco, coautores del informe, insisten en afirmar que su escenario base no contempla un cambio del modelo económico porque “hay consenso en que este ha traído importantes beneficios durante la última década pese a que se requieren mejoras para hacerlo más inclusivo” y la regla de los 2/3 de aprobación que necesita cada artículo para ser aprobado, “reduce la probabilidad de propuestas radicales".

En este sentido, esperan que tanto el gobierno como el Congreso se comprometan “a buscar mecanismos para incrementar los ingresos fiscales permanentes, permitiendo preservar la alta confianza y credibilidad de los inversionistas extranjeros que continúan viendo a Chile como un lugar seguro en la región”. Además, señalan que será “clave centrarse en la eficiencia de cualquier gasto adicional, de forma que conduzca a un mayor crecimiento potencial”.

Así, el informe concluye que, aunque este es un proceso desafiante que mantendrá la incertidumbre elevada, “también representa una oportunidad que podría conducir a un fortalecimiento del país, de la sociedad en general y los estándares de vida y las instituciones”.

 

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