A petición de un legislador oficialista, el parlamento argentino ha empezado a tramitar una ley de impuesto extraordinario que gravaría por una única vez a los grandes patrimonios. El tributo apunta a quienes se sumaron al “blanqueamiento” de capitales de 2016 y 2017, pero tratando de evitar que la medida sea inconstitucional.
El presidente Alberto Fernández ha anunciado que respalda el nuevo impuesto que serviría para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus. El proyecto se presentará la semana que viene en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja a cargo del diputado Carlos Heller, del bloque Frente a Todos dirigido por Máximo Kirchner.
“No creo que esto afecta a más del 1% de la población, pero puede tener un impacto importante sobre los ingresos públicos. Para tener una idea, si tomamos solo a los que ingresaron al blanqueo del gobierno anterior y les aplicamos un impuesto del 2%, es igual a presupuesto que gastó el PAMI (Programa de Atención Médica Integral de Argentina) en 2019”, dijo Heller.
Fuentes oficialistas consideran que las 50 mayores fortunas de Argentina reúnen más de 70.000 millones de dólares.
Pero los juristas han advertido que apuntar a los patrimonios que entraron en el sinceramiento de 2016/2017 puede ser inconstitucional, ya que aquel proceso se basó en dar una serie de condiciones y garantías jurídicas a los participantes. Además, los interesados ya pagaron en su día un impuesto especial acorde con lo declarado.
Así, la lista del nuevo impuesto y la de la exteriorización de capitales no debería coincidir y los impulsores de la iniciativa están buscando crear un gravamen excepcional que tenga que ver con la importancia del patrimonio del contribuyente.
El proceso de blanqueamiento de capitales realizado durante la administración de Mauricio Macri batió récords mundiales ya que, según fuentes oficiales, alcanzó 116.800 millones de dólares.
Por Magdalena Martínez
