En pleno debate parlamentario sobre el presupuesto, el gobierno de Uruguay (Frente Amplio, izquierda) busca la cuadratura del círculo: aumentar la recaudación sin tocar a las rentas medias y bajas e incentivar la inversión para impulsar el crecimiento. Multinacionales, inversores extranjeros, contribuyentes locales de altos ingresos e individuos extranjeros con altos patrimonios son el objetivo de una batería de medidas de presión/seducción. Funds Society entrevistó a Isabella Antonaccio, directora de Zonas Francas, a cargo de las políticas de incentivo de inversiones.
Continuidad y tax holiday
El principal activo de Uruguay en la región es la estabilidad y la continuidad de las políticas. En este sentido, el ministerio de Economía se plantea mantener un régimen favorable a los cambios de residencial fiscal de extranjeros adinerados con nuevas condiciones.
“Cuando hablamos de las condiciones para obtener la residencia fiscal en Uruguay no estamos haciendo ningún cambio en absoluto. Hay distintas modalidades por permanencia, inversión o intereses vitales, todo eso se mantiene igual. Otra cosa son los cambios en el llamado régimen de tax holiday y ahí lo que estamos diciendo es que cualquier persona que venga a Uruguay en el régimen de permanencia (183 días al año o más) puede obtener exoneraciones fiscales por diez ejercicios. Pero si hablamos de otros esquemas, como el de inversiones, sí se incrementan las exigencias para obtener el tax holiday y también los beneficios”, explica Antonaccio.
Como resumió una consultora, la reforma “aumenta el ticket de entrada” a Uruguay, pero en la dinámica de presión/seducción se producen novedades importantes: los beneficiarios actuales del tax holiday pueden renovar ese régimen hasta veinte años a cambio de inversiones.
“Entendemos que este mecanismo, que puso en marcha el anterior gobierno en plena pandemia, fue sumamente efectivo para la atracción de extranjeros adinerados que apostaron a vivir e invertir en Uruguay. Hay casos importantes de individuos de la región o de Europa que trajeron a todos sus ejecutivos aquí. Pensamos que todo esto dinamiza el país y que es una herramienta para el crecimiento”, añade Antonaccio.
El objetivo es aumentar el número de residentes fiscales adinerados y que eso se vea reflejado en sectores enteros como el Real Estate, la inversión en venture capital o en innovación.
“Pensamos que un país que atrae extranjeros de alto patrimonio y que a su vez promueve la inversión tiene condiciones ideales para potenciar la economía”, señala la responsable.
Recaudación y presión sobre los contribuyentes
La medida fiscal que más aportaría a las arcas públicas es la aplicación del impuesto mínimo global a las multinacionales (se calcula entre 350 y 400 millones de dólares anuales) pero la más polémica es un cambio de las normas del secreto bancario que agilizaría los controles.
Sin mayoría en el parlamento, el Frente Amplio podría dejar de lado los cambios relacionados con el secreto bancario para permitir que la Dirección General Impositiva (DGI) requiera información directamente sin mediar autorización judicial. Por otro lado, la aplicación del impuesto mínimo global ha sido bien recibido por las multinacionales alcanzadas por los acuerdos de la OCDE que obtendrían en Uruguay un régimen más favorable que el de sus países de origen.
Hay otras medidas a debate, como un aumento de los impuestos a los incrementos patrimoniales de fuente extranjera, específicamente, las rentas derivadas de la venta o transmisión de participaciones (acciones o cuotas) en entidades no residentes.
“Los incrementos patrimoniales en Uruguay ya estaban gravados, lo que no estaba son los obtenidos en el exterior y por lo tanto es una medida de equidad fiscal. Estimamos que la recaudación por ese concepto será de unos 55 millones de dólares al año”, dice Isabella Antonaccio.
El proyecto a debate en el parlamento también modifica el impuesto a la renta (IRPF) y el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR). Como explica un informe del estudio Insight Trust, los cambios tratan de “ampliar la base imponible sobre rentas externas y cierran resquicios utilizados en planificaciones, moviendo a Uruguay hacia un modelo parcialmente más global en la tributación de personas físicas”.
Desde el ministerio de Economía se estima que, en su totalidad, los cambios tributarios mejorarán la recaudación en unos 600 millones de dólares anuales y, al mismo tiempo, servirán para potenciar la inversión.
La agenda del ministerio de Economía y de Isabella Antonaccio es especialmente ambiciosa y abarca la atracción de talento extranjero para todos los sectores de la economía, la promoción de los fondos financieros para innovación, la inversión en el sector del cine y la implementación de cambios tecnológicos para agilizar trámites. La aprobación del presupuesto quinquenal es la primera etapa clave del plan.
Por Magdalena Martínez
