Los pagos digitales se generalizan en Latinoamérica, con un salto del 3% al 40% de adultos usando cuentas digitales entre 2011 y 2021. De acuerdo con el informe “Más allá del dinero en efectivo: la revolución de los pagos digitales en América Latina y el Caribe”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región enfrenta brechas significativas en materia de interoperabilidad, regulación, infraestructura y adopción por parte de comercios y poblaciones vulnerables.
Brechas de acceso y la interoperabilidad
Zonas rurales, comunidades indígenas, adultos mayores y personas con bajos ingresos muestran tasas de adopción muy inferiores al promedio. En algunos países, las diferencias urbano-rurales superan los 50 puntos porcentuales.
La brecha también se observa en el tejido empresarial. Miles de pequeños comercios aún dependen casi exclusivamente del efectivo, frenados por costos de terminales, baja alfabetización digital, desconfianza o incertidumbre regulatoria.
Uno de los mayores desafíos identificados es la interoperabilidad. La falta de conexión fluida entre bancos, billeteras y proveedores de pago fragmenta el mercado y reduce los beneficios de la digitalización. Esta fragmentación encarece costos, limita la competencia y desincentiva a comercios pequeños y consumidores.
A ello se suman los costos de adopción: comisiones, inversión en dispositivos y estándares técnicos. Mientras las grandes cadenas pueden absorberlos, los pequeños negocios encuentran barreras que dificultan su incorporación a la economía digital.
Aunque un 72% de los latinoamericanos declara sentirse más seguro pagando digitalmente que portando efectivo, los riesgos de fraude y ciberataques siguen siendo un tema sensible. El BID advierte que el crecimiento exponencial de transacciones digitales debe ir acompañado de marcos de seguridad robustos, capaces de proteger al usuario sin frenar la innovación.
El papel crucial del Estado
Los gobiernos tienen un rol determinante en esta transición. Según el informe, deben actuar en tres frentes:
- Facilitadores de infraestructura, garantizando conectividad y sistemas modernos.
- Reguladores equilibrados, con normas claras que promuevan competencia y protejan al usuario.
- Adoptantes ejemplares, digitalizando pagos de subsidios, impuestos y servicios públicos para generar escala y confianza.
El caso de Brasil con su sistema Pix, que logró en pocos años una masiva adopción, demuestra el potencial de políticas públicas decididas. Bolivia, por su parte, ha modernizado su sistema mediante una estrategia de interoperabilidad liderada por el banco central. Sin embargo, no todos los países han logrado articular marcos regulatorios y tecnológicos con la misma eficacia.
Oportunidad para la inclusión financiera
Más allá de desplazar el efectivo, los pagos digitales representan una puerta de acceso a servicios financieros de mayor valor agregado, como ahorro, crédito o seguros. Pero este potencial solo se materializará si los sistemas logran integrar a los sectores tradicionalmente excluidos.
El BID recomienda políticas activas que fomenten la alfabetización digital y financiera, reduzcan los costos de adopción y promuevan la interoperabilidad. También sugiere vincular la digitalización de pagos con otros productos financieros, para evitar que la transformación se limite a un simple cambio de canal sin impacto real en la inclusión.
La región se encuentra en un punto de inflexión. Si bien el uso de efectivo retrocede y la digitalización avanza, los desafíos son significativos. De la capacidad de gobiernos, bancos y fintech para coordinar esfuerzos dependerá que los pagos digitales se conviertan en una verdadera revolución inclusiva.
Por Funds Society
