La planificación patrimonial internacional atravesó una transformación silenciosa pero contundente en la última década: el eje dejó de ser “dónde abrir la cuenta” para pasar a ser cómo justificar, documentar y gobernar estructuras en un entorno de transparencia, intercambio de información y compliance. En ese cambio de paradigma, Enrica Casagrande, abogada y notaria uruguaya especializada en planificación patrimonial y fiscalidad internacional, observa un punto de inflexión: “Antes muchos creían que la información nunca iba a llegar. Hasta que llegó. Y ahí cambió todo”.
Casagrande es socia de UNTITLED SLC, firma global de asesoría legal y fiduciaria con foco en familias latinoamericanas con activos en múltiples jurisdicciones. Desde Uruguay —y con presencia también en Miami, BVI y Madrid— la empresa acompaña a clientes que invierten o mantienen patrimonio en Estados Unidos y otras plazas, diseñando estructuras orientadas a orden sucesorio, protección patrimonial y gobierno familiar. Acompañan a familias que buscan sostener su patrimonio con criterios de largo plazo, en un contexto regulatorio cada vez más exigente.
Transparencia: menos anonimato, más documentación
Funds Society dialogó con la especialista, cuyo recorrido profesional incluye desde el mundo corporativo y de compañías reguladas —incluyendo fondos y estructuras de inversión— hacia un campo donde, dice, confluyen derecho, fiscalidad, psicología familiar y pedagogía.
“Viví en primera persona el cambio desde cuando FATCA parecía un bicho raro, hasta la llegada de CRS y el momento en que los fiscos empezaron a enviar cartas informando: ‘sabemos que usted tiene una cuenta en tal lugar con tantos activos’”, relata. Ese shock regulatorio, en su opinión, hizo caer dos pilares del pasado: el anonimato y la idea de que “con un domicilio o un pasaporte” bastaba.
Hoy, señala, la diligencia de las instituciones financieras es más incisiva: preguntan residencia fiscal, doble residencia, consistencia documental, y detectan incongruencias. “Si no coincide el pasaporte con lo que declarás, te lo cuestionan. Hubo escándalos, y el sistema hizo un clic”.
El efecto práctico, agrega, es doble. Por un lado, más obligaciones y requisitos. Por otro, una necesidad creciente de “explicar” y “educar”, especialmente en países que avanzan a ritmos distintos. “No todos los países van igual. Hay mercados donde estos temas aún se ven lejanos, y te toca anticipar implicancias: qué va a mirar el fisco, hacia dónde va la jurisprudencia, qué riesgos se abren”.
Casagrande observa que todavía persisten enfoques rudimentarios —poner activos “a nombre de” terceros o resolver con una donación en vida sin medir impactos—, pero que el mercado se está sofisticando. “Muchas veces la donación se interpreta como planificación para mañana, y en realidad estás ejecutando hoy; no te prepara para el futuro”, advierte. La consecuencia, dice, suele aparecer en generaciones posteriores, cuando surgen conflictos de gobernanza o sucesión.
En la evolución familiar, identifica una tendencia positiva: herederos más abiertos a equipos de asesores, comités y prácticas de gobierno corporativo, lo que aporta visión estratégica y reduce decisiones improvisadas. El desafío, sin embargo, es que cada vez es menos automático que los hijos continúen el negocio: “Tenés uno que se dedica y otros que no. Si no planificaste, terminan decidiendo personas sin interés o sin know-how”.
En su trabajo regional, Casagrande subraya que no existe una receta única: las diferencias entre países —impuestos, CRS/FATCA, reglas sucesorias y legítimas— condicionan el diseño. “Nosotros no vendemos una jurisdicción ni un producto: buscamos soluciones según objetivos y según dónde están los activos”, explica, y destaca que la tendencia actual es hacia estructuras más eficientes y simples, no redes complejas montadas por inercia.
Trusts: flexibilidad para ordenar sucesión y control
La abogada señala que una de las razones por las que los trusts ganan terreno es su capacidad de introducir reglas que el derecho civil latinoamericano no siempre permite. “El testamento es un ‘one shot’: me morí y se gatilló. En un trust podés dejar condiciones, controles y un plan de administración: qué pasa con la empresa, cómo se distribuyen dividendos, cómo se protege a menores, qué decisiones requieren consenso”, resume. En estructuras irrevocables, agrega, el foco legal suele estar en demostrar el desapoderamiento real del fundador.
Aunque valora el avance regulatorio, Casagrande marca un límite: “El compliance ayuda a hacer las cosas bien, pero hay que cuidar que no se lleve puesto el derecho a la privacidad”, especialmente en jurisdicciones con riesgos de seguridad.
En un escenario de globalización financiera y patrimonios cada vez más internacionalizados, su conclusión es contundente: el valor de la planificación ya no está en “ocultar”, sino en ordenar. Y para lograrlo, la clave es volver a lo básico: objetivos claros, estructuras sostenibles y un trabajo coordinado entre asesores legales y financieros.
América Latina: impuestos, intercambio de información y derecho sucesorio
Enrica Casagrande trabaja con familias latinoamericanas que, además de actividad local, suelen acumular activos financieros e inmobiliarios en el exterior. En UNTITLED SLC, ese enfoque se refleja incluso en su operación en Miami: “No asesoramos al cliente americano típico; acompañamos al latinoamericano que invierte o tiene patrimonio en Estados Unidos, o casos puntuales de americanos con interés en LatAm”.
Las diferencias entre países, sostiene, se vuelven determinantes en tres capas:
- Tributación (por ejemplo, si un impuesto grava bienes locales o también bienes en el exterior; si existe impuesto patrimonial; cambios de reglas).
- Intercambio de información (FATCA, CRS y la velocidad con la que cada plaza adopta estándares).
- Régimen civil/sucesorio (legítimas, restricciones a la libre disposición, capitulaciones, pactos familiares).
“En Latinoamérica en general tenés legítimas: cuánto puedo disponer libremente en un testamento, qué puedo pactar entre cónyuges, qué instrumentos se usan y cuáles no”, enumera. Y remarca un punto práctico: la planificación no es solo “armar” la estructura; es sostenerla con costos y cumplimiento. “No es lo mismo montar algo en Uruguay que incorporar un inmueble en Estados Unidos. El factor impositivo marca el costo real”.
Menos “modas” y más diseño a medida
Uno de los desafíos recurrentes con clientes es la tendencia a pedir “lo que hizo otro” sin análisis de objetivos. “Vienen y te dicen: ‘mi amigo armó esto, yo quiero lo mismo’. Y ahí la clave es frenar: necesito entender tu situación y qué querés lograr”, comenta.
En su visión, el valor agregado del asesor no es vender jurisdicciones ni “productos”, sino diseñar soluciones. “Nosotros no vendemos una jurisdicción. Buscamos la mejor opción para lo que el cliente quiere lograr, considerando dónde están los activos y cómo trata el país de origen a esa estructura”.
En ese punto, incluso defiende jurisdicciones que cargan con prejuicios simplificadores: “Todo lo Caribe se asocia a ‘mala palabra’. Pero hay plazas muy reguladas, con buenas leyes de compañías y flexibilidad. El análisis tiene que ser técnico, no por contagio”.
Además, describe una tendencia clara: estructuras más eficientes y menos barrocas. “Antes veías redes enormes: una compañía en un lugar, dueña otra en otro, fundación en otro. Hoy, con transparencia, se busca algo más simple, más ordenado, y solo se multiplica jurisdicción si el negocio o los activos lo requieren”.
Si tuviera que condensar su aprendizaje profesional en una práctica, Casagrande elige una: preguntar. “Hablás de muerte, incapacidad, conflictos. Al principio cuesta. Después aprendés a hacerlo natural, con claridad, incluso con humor, porque son temas que hay que poner sobre la mesa”.
En el trasfondo, su diagnóstico es consistente: la planificación patrimonial internacional ya no se trata de estructuras “para ocultar”, sino de estructuras para ordenar. En un mundo hiperconectado, con regulaciones que se armonizan y familias que se diversifican geográficamente, la pregunta dejó de ser “dónde” y pasó a ser “para qué”: objetivos, gobernanza, continuidad y protección.



