El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) decidió dejar de hacer cumplir una norma de 2024 que dificultaba la clasificación de los trabajadores como contratistas independientes. El Financial Services Institute (FSI), que representa a la industria de bróker- dealers independientes y sus representantes registrados, es uno de los demandantes que llevó al DOL a los tribunales para anular la regla de la administración anterior a Trump, que habría obligado a los gestores de patrimonios a clasificar a más contratistas como empleados.
A través de un boletín y con efecto inmediato, el DOL instruyó a los investigadores de la agencia a no aplicar la regla sobre contratistas independientes emitida durante la administración de Joe Biden. En su lugar, la agencia utilizará un estándar más simple, basado en lo que denominó “principios de larga data”.
Robin Traxler, vicepresidenta senior y subasesora general del FSI, calificó a través de un comunicado como «inoperante» la norma de la administración Biden para la clasificación de trabajadores. “Los asesores financieros independientes han carecido de seguridad respecto a su elección de ser contratistas independientes durante demasiado tiempo. Ellos eligen la independencia para poder administrar sus propios negocios y servir mejor a sus clientes”, agregó.
De acuerdo a una nota publicada en la revista Financial Advisor, aunque el DOL aún no ha rescindido formalmente la regla de 2024, la agencia indicó que continúa trabajando para volver a un estándar “más simple para determinar si un trabajador es un empleado o un contratista independiente conforme a las normas federales sobre salario y horas laborales”, señaló el bufete de abogados Fisher Phillips en una nota a sus clientes el 5 de mayo último.
La regla de 2024, que actualmente está siendo impugnada en tribunales federales, sigue vigente para efectos de litigios privados.
El Departamento de Trabajo dijo que baraja la posibilidad de rescindir la regulación, e indicó que su División de Salarios y Horas hará cumplir la Ley de Normas Justas de Trabajo utilizando la “Hoja de Trabajo #13” de la agencia, que exige que los empleadores distingan entre una relación laboral y una meramente contractual basada en una prueba de “realidad económica”, en lugar de conceptos técnicos de la era Biden.
Esta prueba se basa en decisiones de la Corte Suprema que consideran factores como el grado en que los servicios prestados son parte integral del negocio principal, la permanencia de la relación y la inversión del supuesto contratista en instalaciones y equipo.