El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que pretende, entre otras cosas, establecer un nuevo impuesto estatal indirecto sobre las transmisiones de bienes inmuebles situados en España tanto a personas físicas como entidades no residentes de la Unión Europea (UE), equivalente al 100% del precio de compra de los inmuebles.
Asimismo, esta proposición de ley incrementa el IVA de los alquileres vacacionales al tipo general del 21%, y reduce las ventajas fiscales ya consolidadas para las socimis en España, al tiempo que incluye ciertos incentivos fiscales para el alquiler de viviendas a precios asequibles.
Nerea Llona, Tax & Legal Counsel – Spain & LatAm, de Utmost Wealth Solutions, proveedor líder mundial de soluciones patrimoniales basadas en seguros, comenta: «Es muy probable que el anuncio de estas medidas cause cierta incertidumbre entre familias de alto patrimonio que han invertido o están considerando invertir en el mercado inmobiliario español. En caso de que estas medidas lleguen a aprobarse tal y como figuran en la proposición de ley, afectarían, entre otros, a inversores residentes en Latinoamérica, EE.UU., Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Noruega o Suiza, que suelen invertir primero en inmuebles en España, antes de trasladar su residencia a nuestro país».
«Este nuevo impuesto sometería a los compradores residentes fuera de la UE al pago de un impuesto que gravaría las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles situados en territorio español (excepto País Vasco y Navarra) aplicando un tipo de gravamen del 100% del valor del bien. Todo esto, pretende apoyar el objetivo del Gobierno de conseguir una política de vivienda asequible en España», añade.
No obstante, Llona advierte que «por ahora, la proposición de ley se encuentra en una fase inicial, debiendo pasar por el correspondiente procedimiento legislativo, el cual puede llevar a modificaciones relevantes. En todo caso, ya se están planteando dudas sobre su viabilidad teniendo en cuenta que ciertas medidas podrían contravenir la normativa comunitaria, incluido el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo por ser consideradas discriminatorias como ya ha ocurrido en el pasado con cuestiones similares que fueron denunciadas ante la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. De este modo, habrá que ver cómo avanza el procedimiento parlamentario para saber si realmente se implementará la proposición tal y como se recoge en el texto inicial».
Por último concluye que «a pesar de este controvertido anuncio, con un adecuado asesoramiento fiscal y legal, España sigue ofreciendo amplias oportunidades de planificación patrimonial, y se encuentra muy bien posicionada para seguir atrayendo a familias de alto patrimonio de todo el mundo gracias a su favorable entorno empresarial, su clima y sus excelentes centros educativos, entre otros factores».