Como los mercados, la temporada de juntas ha sufrido turbulencias. Los inversores redefinen sus objetivos de sostenibilidad y su diálogo con las cotizadas ante la presión regulatoria.
El año comenzaba con la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, que rápidamente se hizo notar en la actitud de los inversores, si bien el cambio ya venía de antes. La presión de los fiscales generales de numerosos estados, en especial los gobernados por los republicanos, y otros grupos de interés conservadores, sobre las inversiones sostenibles ya habían dado sus frutos en la temporada anterior.
Las cuatro grandes gestoras de fondos (BlackRock, Vanguard, Fidelity y State Street, las llamadas Big4) bajaron notablemente su apoyo a las propuestas sobre sostenibilidad presentadas por otros inversores o grupos activistas, ante el temor a ser denunciados de no cumplir sus obligaciones fiduciarias por parte de los grupos de presión. Estas, según ellos, no son otras que buscar la rentabilidad financiera de sus inversiones, sin considerar aspectos de sostenibilidad o impacto sobre terceros. Como ejemplo real, el fondo de pensiones público del estado de Texas retiró más de 8.000 millones de dólares a BlackRock por sus políticas de inversión sobre los combustibles fósiles como el petróleo, pilar de la economía texana.
Con el frenesí regulatorio desplegado por Trump, a base de executive orders (órdenes ejecutivas, es decir decretazos), la mayoría de los inversores institucionales han tenido que redefinir sus políticas de inversión, en concreto con respecto a la sostenibilidad y determinados aspectos como los planes de acción climática o sus políticas de diversidad, igualdad e inclusión (diversity, equaliity & inclusion o DEI en inglés). Y no solo los inversores, sino también las compañías cotizadas y otras instituciones.
Cambios en las políticas
Estas órdenes ejecutivas aumentan el rechazo hacia los programas DEI y las políticas ESG en agencias federales así como el escrutinio sobre empresas e instituciones que las promuevan. Las demandas sobre deberes fiduciarios se extienden a supuestas prácticas discriminatorias, entre otros litigios. Por ejemplo, una sentencia judicial determinó que American Airlines incumplió su responsabilidad al incluir inversiones ESG en los planes de jubilación de sus empleados. Ante esta presión, algunas compañías han reducido sus compromisos DEI, como Accenture, Alphabet, Amazon, Ford, Meta, Walmart y McDonald’s. En concreto, British Petroleum abandonó su plan de ser líder en energía verde después de solo un año, eliminando un objetivo de transición para el bonus ejecutivo, mientras que Starbucks suprimió el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero del incentivo a largo plazo.
Los inversores también han cambiado los objetivos de sus políticas. Vanguard ha eliminado requisitos de diversidad para los consejos de administración, manteniendo solo la diversidad de conocimientos y el cumplimiento de la normativa local de cada compañía. Igualmente, State Street Global Advisors sustituyó objetivos específicos de diversidad por otros genéricos. Goldman Sachs ha eliminado los aspectos DEI de sus propias políticas internas. BlackRock ha suprimido sus objetivos de un 30% de diversidad en el consejo y al menos un consejero representando minorías. Además ha abandonado la Net Zero Asset Managers Alliance (NZAMA), que ha detenido sus actividades.
De forma similar, grandes bancos y aseguradoras han causado baja de sus respectivas alianzas NZBA y NZIA, aunque permaneciendo en la de propietarios de activos (NZAOA), al tiempo que han frenado sus avances y suprimido objetivos de sostenibilidad, aunque con excepciones. Por ejemplo, UBS eliminó objetivos de reducir emisiones en sus préstamos de los bonus de sus ejecutivos, al igual que el sudafricano Standard Chartered. Por su parte, HSBC redujo del 25% al 20% el peso de los objetivos ambientales para el incentivo a largo plazo de sus directivos y eliminó uno de los objetivos de sostenibilidad para el bonus. En contraste, en la ya celebrada junta de Apple, el consejo resistió las propuestas en contra de las políticas DEI y las mantuvo con el apoyo masivo de sus accionistas.
Los proxy advisors
Por su parte, los asesores de voto (proxy advisors), también han adaptado sus políticas de voto a los nuevos vientos que soplan desde el nuevo continente. Antes, el mayor del mundo, ISS, recomendaba votar en contra del presidente de la comisión de nombramientos si no había mujeres o diversidad étnica en el consejo. Desde febrero de 2025, ya no considera estos factores a la hora de recomendar sobre la (re) elección de consejeros. El segundo, Glass Lewis, ha realizado este año cambios similares, admitiendo una política flexible desde marzo de este año.
Estos cambios se producen en medio de un debate sobre el papel de los asesores de voto, su influencia y su regulación, en especial sus conflictos de interés. El papel de los dos mayores proxys del mundo, de origen norteamericano, ha sido duramente criticado por la Administración Trump, incluso en su primer mandato, y por otros líderes como Elon Musk o Jaime Dimon, el combativo presidente ejecutivo de JP Morgan. La critica se centra en la excesiva influencia de los proxy advisors sobre los inversores institucionales y solicita a estos últimos que tomen sus propias decisiones de voto y se impliquen directamente con las compañías, integrando los aspectos de gobernanza y sostenibilidad en sus decisiones de inversión y actividades de implicación (o engagement).
Sin embargo, la mayoría de los proxy advisors europeos, como el inglés Minerva Analytics, el suizo Ethos Foundation, el alemán DSW, el italiano Frontis Governance y por supuesto nosotros, el español Corporance Asesores de Voto, mantenemos en nuestras directrices de voto la importancia de contar con políticas de diversidad, acción climática y otros aspectos de sostenibilidad, tanto en las sociedades cotizadas como en los inversores institucionales. La regulación de los asesores de voto y la gestión de sus conflictos de interés es un tema pendiente del que hablaremos otro día.
Reacción en Europa
El Viejo Continente no es ajeno a este debate sobre rentabilidad y sostenibilidad. El informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea pone el dedo en la llaga sobre las serias amenazas que se ciernen sobre la Unión Europea y su vulnerabilidad ante los rápidos cambios globales que se están produciendo. Pero también habla de sus oportunidades y sus valores (democracia, paz, justicia, libertad y prosperidad en un entorno sostenible), para lo que propone tres medidas principales. En primer lugar, cerrar la brecha de innovación con Estados Unidos y China, redefiniendo nuestra industria. En segundo lugar, descarbonización y competitividad, invirtiendo en tecnologías limpias y energía verde. Y por último, más seguridad y menos dependencia en áreas como energía, defensa y tecnología.
Para ello se necesita una inversión anual de 800.000 euros entre pública (20%) y privada (80%), con financiación común (deuda) paneuropea. También será necesaria una mayor integración que mejore la productividad en la Unión, y nuevos socios estratégicos comerciales alineados con su política.
El informe Draghi, apoyado por el informe Letta, ha provocado junto con otros factores que la propia Unión Europea se plantee su filosofía de sostenibilidad y, sobre todo, sus obligaciones de transparencia. Como consecuencia, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció en febrero un paquete de medidas (Ómnibus) con objeto de reducir y simplificar los requisitos de información de las directivas europeas de información sobre sostenibilidad corporativa (CSRD) y debida diligencia sobre medio ambiente y derechos humanos (CS3D), que estaban en proceso de transposición. Esta iniciativa regulatoria pretende impulsar la competitividad de las empresas europeas, liberando capacidad de inversión para fomentar un ambiente favorable para su crecimiento, innovación y creación de puestos de trabajo de calidad.
Los temas de discusión en la temporada
El debate entre inversores y emisores sigue teniendo lugar en las juntas de accionistas en torno a los temas clásicos, al tiempo que nuevos temas emergentes se cuelan en las agendas. Las propuestas sobre remuneraciones (estructura, transparencia y cantidades, con objetivos claros y medibles), consejo de administración y comisiones (composición, conocimiento, independencia, retribución) y derechos de accionistas (capital, acciones de lealtad, dividendos y recompras) siguen teniendo protagonismo y niveles de oposición más altos. Pero nuevos temas entran en juego en el diálogo inversor-emisor.
El principal, ya casi un clásico, es el plan de acción climática, principal riesgo de la sostenibilidad, requerido por los inversores en aras de la transparencia. Cada vez son más las compañías que lo someten a votación, aunque no vinculante, en sus juntas de accionistas (say-on-cli- mate, siguiendo el ejemplo del say- on-pay), una excelente medida de transparencia con el inversor. A este se suman con fuerza otros temas como la geopolítica, ya en la agenda de los consejos por su clara y creciente importancia e influencia en los negocios de las compañías, y factores sociales como la diversidad, los derechos humanos y de los trabajadores, la cadena de proveedores o la transparencia fiscal.
Capítulo aparte merece la tecnología. A los riesgos ya tradicionales como la transformación digital o la ciberseguridad, el tema de moda es sin duda la inteligencia artificial (IA). Es raro no ver en una junta en Estados Unidos una propuesta sobre el particular, tanto desde el punto de vista de riesgo de negocio (cómo la IA puede afectar al modelo, la organización interna o la competencia) como de la gestión de la propia IA (protección de datos en su captura, gobernanza del dato y su uso para productos y servicios).
Menos propuestas y más diálogo
Con independencia de los temas tratados, observamos una tendencia a debatirlos menos en las juntas de accionistas, y más mediante diálogo directo con las compañías o a través de campañas colectivas de otros inversores institucionales y otras entidades. En la temporada anterior, se batieron récords de propuestas presentadas por inversores, si bien su apoyo fue algo menor debido, entre otras razones, al repliegue de las grandes gestoras de activos, comentado anteriormente.
Algunas organizaciones activistas acostumbradas a presentar propuestas en las juntas y organizar campañas, como As You Sow, Follow This o incluso Greenpeace han sufrido el acoso, y diríamos hasta el abuso, de las grandes corporaciones afectadas. Entre ellas se incluyen ExxonMobil, Shell o Energy Transfer, que demandó a Greenpeace por liderar una protesta de indígenas contra la construcción de un oleoducto en 2016 y ha sido multada con 660 millones de dólares, que la ONG recurrirá. Con estas demandas multimillonarias, las compañías usan sus enormes recursos financieros para silenciar las voces activistas, que ya han decidido dejar de presentar sus propuestas en las juntas ante tan terrible amenaza. Esto es un grave atentado contra la democracia accionarial.
Retos futuros
Estamos, por tanto, en tiempos de grandes cambios en la actitud de los inversores y la respuesta de las compañías en las que invierten. La reacción provocada por el movimiento anti-woke / anti-ESG en Estados Unidos, reforzado por la nueva presidencia republicana, ha tomado carta de naturaleza legal, obligando a todos los actores (inversores, emisores, gestores, asesores) a replantear su estrategia de inversión a largo plazo. El debate rentabilidad-sostenibilidad está sobre la mesa y en pleno apogeo.
Esto ha provocado una reacción, no solo en la Unión Europea sino también el Reino Unido, Suiza y otros países europeos y del resto del mundo que, no obstante, es un ejercicio sano. Es posible que todo el tema de la sostenibilidad haya avanzado demasiado rápido con una regulación excesiva, en la que se exige informar de objetivos y métricas todavía poco claros, definidos y comparables.
Confiamos en que el resultado de esta reflexión sea un mayor diálogo entre las compañías y sus dueños que son los accionistas y que los temas importantes se identifiquen y traten en su justa medida. Al fin y al cabo, los Acuerdos de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas no han cumplido aún los 10 años, por lo que se impone la paciencia y el análisis sincero y responsable por parte de todos.
Tribuna de Alicia Prieto Angulo, Cesga, directora de Análisis de Corporance Asesores De Voto.
Por Alicia Miguel
Por Funds Society, Madrid