Las resoluciones del Banco Central de Brasil (Bacen) sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) —empresas que ofrecen servicios de intercambio, custodia y otros servicios relacionados con activos digitales relacionados con criptomonedas— representan un importante avance regulatorio que fortalecerá las prácticas del mercado, aunque también impondrá mayores costos legales que podrían consolidar el sector, según Fitch Ratings.
El marco normativo, vigente desde febrero de 2026, alinea a Brasil con los estándares globales y reduce los riesgos operativos, aunque las empresas más pequeñas se enfrentan a desafíos derivados de los nuevos requisitos de capital y gobernanza.
Las resoluciones 519, 520 y 521, publicadas el 10 de noviembre de 2025, establecen requisitos integrales de licenciamiento, prudenciales y limitaciones basadas en la actividad para los PSAV y las instituciones autorizadas. La normativa formaliza la segregación de la custodia de los criptoactivos de los clientes, introduce estándares mínimos de gobernanza corporativa que exigen al menos tres directores para las funciones clave y prohíbe las actividades combinadas de intermediación y custodia para limitar los conflictos de interés.
Los bancos, las casas de bolsa y los corredores de divisas pueden ofrecer servicios de activos digitales y criptomonedas previa notificación y certificación. Las salvaguardias operativas requeridas reconocen los conceptos de la tecnología de registro distribuido (DLT), incluyendo monederos calientes, fríos y calientes, contratos inteligentes, monedas estables y prueba de reservas.
Fitch espera que el marco respalde la integridad del mercado y reduzca los riesgos operativos y legales, al tiempo que impone costos de cumplimiento y certificación relacionados con la tecnología y la ciberseguridad que podrían limitar a las empresas más pequeñas y con escaso capital. Los analistas de la calificadora esperan que la regulación fortalezca las prácticas de mercado, la resiliencia operativa y la transparencia. Las nuevas certificaciones y los requisitos mínimos de gobierno corporativo aumentarán los costos, pero tendrán un impacto positivo al incrementar la robustez y reducir el potencial de pérdidas operativas y riesgos legales.
Las nuevas normas respaldan la posición de Brasil como centro regional de finanzas digitales
La alineación del marco con la aplicación de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) y los estándares globales de tokenización respalda la posición de Brasil como centro regional de finanzas digitales, manteniendo la estabilidad del sistema financiero. Las restricciones al crédito y a la captación de depósitos —que limitan el endeudamiento de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) al doble del capital regulatorio— buscan contener el riesgo fuera del alcance deseado por la Comisión Nacional de Seguridad de la Información (CNSI) para las instituciones financieras tradicionales.
El periodo de transición de 270 días para las instituciones existentes exige el cumplimiento de las disposiciones relativas a la gobernanza, los productos y las operaciones. Fitch prevé que los grandes bancos y los intermediarios consolidados que puedan ofrecer servicios de custodia e intermediación de activos digitales se beneficien de normas más claras, ventajas reputacionales y economías de escala en los controles, lo que podría permitirles ganar cuota de mercado a los proveedores de servicios de activos virtuales más pequeños. Los VASP más pequeños y extranjeros se enfrentan a retos, ya que la transición se traducirá en mayores costes derivados de la certificación técnica especializada y las inversiones en gobernanza corporativa, lo que podría impulsar la consolidación del mercado.
