El pasado 22 de julio de 2013 se implementó la Directiva de Gestores Alternativos, la AIFMD, por sus siglas en inglés (Alternative Investment Fund Managers Directive), para los nuevos fondos y gestoras que llegarán a Europa. Y la cuenta atrás para los ya existentes, a los que se dio un periodo de 12 meses, ya ha comenzado. A pesar de que el tiempo avanza y quedan menos de cinco meses para que el 22 de julio aquellas entidades que quieran comercializar sus fondos alternativos en varios países europeos obtengan el pasaporte necesario, solo el 20% de las gestoras de inversión alternativas habrían presentado la solicitud ante el regulador local para obtener la autorización necesaria, según los datos de un estudio de BNY Mellon de finales de enero, si bien en el último mes esta cifra ha aumentado.
Así, casi el 80% de las gestoras alternativas aún deben presentar dicha solicitud. Teniendo en cuenta que las autorizaciones normalmente requieren varios meses, los expertos consideran probable que se produzcan cuellos de botella y retrasos, algo que podría añadir mayor presión a las gestoras alternativas, los depositarios y los proveedores de servicios para cumplir con los plazos establecidos y tener todo listo antes de la fecha tope en julio.
“Considerando el tiempo que necesitan los reguladores para revisar las solicitudes y los depositarios y administradores para realizar los pertinentes acuerdos, existe el riesgo de que los fondos no lleguen a estar listos en la fecha establecida”, comentaba Hani Kablawi, responsable para EMEA de Servicio de Activos en BNY Mellon. El experto considera que esta lentitud en los procesos muestra las incertidumbres y los problemas que afronta la industria para cumplir la normativa y advierte de que los que han retrasado sus solicitudes no podrán hacerlo más. “Los gestores han de actuar pronto si no quieren tener que asumir las consecuencias de no cumplir la ley, tanto con respecto a los reguladores como con respecto a los inversores”, apostilla.
Anouk Agnes, directora general adjunta de ALFI, la asociación de fondos luxemburguesa, explica a Funds Society que, a pesar de todo, “están viendo signos esperanzadores con respecto al despegue de preparativos por parte de las gestoras para cumplir con la directiva”. En Luxemburgo, 110 entidades han presentado autorización ante el regulador hasta la fecha y 31 han sido autorizadas, según confirman desde la asociación.
Según la firma de abogados Dillon Eustace, el Banco Central de Irlanda habría aprobado a unos 8 gestores y tiene bastantes más a la espera. Dos domicilios que serán clave para esta industria. “Irlanda es una de las jurisdicciones líderes para estos fondos, y da servicio actualmente al 40% de los hedge funds mundiales”, comenta Kieran Fox, director de Desarrollo de Negocio de la asociación de fondos irlandesa, IFIA. Según una reciente encuesta del Banco Central de Irlanda, se estima que el país reciba entre 800 y 100 solicitudes de autorización. Aunque el Banco Central había advertido de que las solicitudes debían recibirse antes del 22 de febrero, para tener todo listo el 22 de julio, Fox espera que el número de solicitudes se incremente en los próximos meses, justo antes del deadline.
Sin cumplir los plazos para 2013
Pero las cosas van lentas. Otra encuesta de BNY Mellon realizada en julio del año pasado revelaba la intención del 26% de las gestoras de pedir autorización durante 2013, pero solo el 19% lo hizo el año pasado, dejando al 81% restante con los deberes pendientes. Con 2014 ya bien empezado, todavía la mayoría de fondos de inversión alternativos han de finalizar los procesos para cumplir todos los requisitos que impone la legislación, y el 37% dice que no está claro cómo afrontará los requisitos adicionales con respecto al reporting.
La última encuesta de BNY Mellon, elaborada junto a la firma de consultoría FTI Consulting, preguntó a más de 50 firmas europeas, estadounidenses, de Asia y Latinoamérica con activos por valor de más de 4 billones de dólares, de los que unos 20.000 millones estarán sujetos a la AIFMD. Un tercio de esas entidades gestiona más de cinco productos alternativos que estarán bajo la normativa.
Con respecto a los plazos, el 41% de los encuestados afirman que realizarán los trámites en el primer trimestre del año, mientras el 20% esperará a los últimos tres meses anteriores al 22 de julio, sin tener en cuenta el tiempo necesario para preparar y procesar las autorizaciones.
Los costes, motivo del retraso
Uno de los motivos de la tardanza pueden ser los costes que conllevará todo el proceso. El coste estimado para cumplir con AIFMD podría alcanzar los 300.000 dólares. La mayoría considera que el proyecto de cumplir con los requisitos de compliance y gestión de riesgos alcanzará un mínimo de 100.000 dólares, y podría sobrepasar los 250.000 dólares en total por gestora. Casi la mitad de los encuestados considera que la tecnología adicional que será necesaria para cumplir con esos requisitos de compliance y gestión de riesgos supondrá la mayor parte de esos costes y el 93% dice que ese aumento de costes será un reto. Y esos costes se trasladarán al TER del fondo, según el 26% de los encuestados.
Para la firma de abogados Dillon Eustace, otro de los motivos de la tardanza es el gran cambio que supone cumplir con la normativa. “Es quizá el cambio fundamental más importante de su historia”. Prueba de ello es el tiempo que ha llevado su aprobación por parte de las autoridades europeas, en consulta constante con la industria, y esperan que pueda implementarse con mayor rapidez.
Y es que tendrá importantes consecuencias: abre un mercado único para los productos alternativos, ya sean hedge funds, fondos de private equity, inmobiliarios o con estructuras que no encajan en UCITS debido a temas de concentración o liquidez. “La directiva ofrecerá a los inversores acceso a más clases de activos, creará una mayor competencia y ofrecerá mayor protección al inversor debido a las obligaciones de transparencia, responsabilidad de los custodios, reglas de valoración de los fondos o requisitos de organización de las gestoras”, explica. Por eso, a pesar de los esfuerzos que requiere cumplir la norma, desde la entidad creen que se igualará el terreno de juego y que el pasaporte otorgará posibilidad de acceso a un mercado mayor. Pero también viene acompañada de “ansiedad” y “frustraciones”.
Y de implicaciones para los gestores que no sean de la UE: desde julio del año pasado, los que comercialicen sus fondos alternativos, independientemente de su domicilio, a inversores europeos, se ven sujetos a algunas restricciones y requisitos de transparencia. Además, como consecuencia de la normativa, el 5% de los fondos alternativos desparecerá (serán cerrados, fusionados o vendidos), según el estudio de BNY Mellon.
Por Alicia Miguel Serrano