El rechazo de la nueva Constitución propuesta de Chile prolonga, en lugar de resolver, las incertidumbres derivadas de la reforma constitucional, aunque puede aliviar las preocupaciones entre las empresas chilenas sobre posibles propuestas futuras, dice Fitch Ratings. No obstante, la incertidumbre seguirá pesando sobre la inversión en sectores clave y, por tanto, sobre el crecimiento económico, mientras que es probable que el gasto social aumente independientemente del resultado del referéndum.
En el referéndum del domingo 4 de septiembre, el lado del ‘Rechazo’ recibió un apoyo del 62% frente al 38%, un margen mucho más amplio de lo que sugerían las encuestas de opinión. La propuesta fue desarrollada por una Asamblea Constituyente elegida en mayo de 2021, luego de protestas generalizadas a fines de 2019 contra la desigualdad, el sistema de pensiones y la percepción de falta de fondos de los servicios públicos.
El resultado del referéndum no pone fin al proceso de reforma constitucional. El apoyo a una nueva constitución fue fuerte en el plebiscito de 2020 que condujo a la creación de la Asamblea Constituyente, y encuestas recientes indican poco interés popular por volver a la constitución existente, que data de 1980. El presidente Gabriel Boric dijo el domingo que todavía estaba comprometidos con “construir un nuevo itinerario constitucional”.
La propuesta rechazada planteó preguntas importantes sobre el papel de los pueblos indígenas en la aprobación de grandes proyectos en sectores como la minería, la electricidad y la silvicultura; derechos de agua bajo un nuevo sistema de permisos temporales y revocables; indemnización a los propietarios de los bienes expropiados; el papel del sector privado en la provisión de seguros de salud y pensiones; y la composición y facultades de la cámara alta del Congreso. El hecho de que no se implemente podría impulsar la confianza del mercado y eliminar el problema más inmediato que ha afectado la inversión corporativa.
Sin embargo, persistirá la incertidumbre sobre una nueva Constitución y las implicaciones para el modelo económico, la gobernanza y la formulación de políticas de Chile. Que la victoria de la campaña ‘Rechazar’ haya sido más enfática de lo previsto sugiere que una propuesta revisada contendría propuestas menos radicales. Sin embargo, esto podría depender de cómo se prepare, incluso si el Congreso toma un papel más activo o si se convoca otra Asamblea Constituyente, y su composición (la Asamblea elegida en 2021 tenía una alta proporción de miembros independientes de izquierda).
Esta incertidumbre ha pesado sobre la economía de Chile y ha complicado la formulación de políticas. El crecimiento se ha ralentizado drásticamente tras el espectacular repunte pospandémico del año pasado, que fue impulsado por la demanda interna. El PIB se contrajo un 0,8 % intertrimestral en el 1T22 y se mantuvo estático en el 2T22, en parte debido a la incertidumbre política, así como al impulso fiscal negativo y al endurecimiento monetario.
La moderación de los precios del cobre y los mayores costos de importación de energía ayudaron a impulsar el déficit de cuenta corriente al 8,5 % del PIB en el 2T22, lo que aumentó los riesgos de condiciones de financiamiento global más estrictas y una desaceleración económica mundial.
El peso chileno se debilitó a un mínimo histórico frente al dólar en julio, lo que ayudó a impulsar la inflación anual del IPC a un máximo de 28 años del 13,1 %, lo que probablemente impulse un mayor endurecimiento monetario. Desde entonces, el peso se ha estabilizado después de que el banco central interviniera en el mercado de divisas en julio, y la renovación de la Línea de Crédito Flexible del FMI de 18.500 millones de dólares de Chile alivia las vulnerabilidades de financiamiento externo. Pero las reservas internacionales han caído aproximadamente 4.000 millones de dólares a 42.500 mil millones desde que comenzó la intervención.
La constitución rechazada enumeró derechos sociales de vivienda, pensiones, atención médica y educación que habrían incrementado el gasto social con el tiempo. Pero el presidente Boric ya había prometido aumentos en el gasto social, lo que podría dificultar el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit del propio gobierno.
El gobierno planea aumentar los impuestos en alrededor del 4% del PIB para financiar sus compromisos de gasto, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien en julio presentó un proyecto de ley que aumentaría las regalías de las mayores mineras de cobre y aumentaría los impuestos a los que ganan más, ha reiterado que la política seguirá siendo “pragmática”.
La incertidumbre política no está únicamente relacionada con la reforma constitucional. El gobierno también debe presentar un paquete de reforma de pensiones este mes, que buscará aumentar el papel del sector público. No está claro si el respaldo de la administración Boric a la Constitución rechazada debilitará la capacidad de su administración para implementar su agenda política.
