La inestabilidad política continua y la parálisis de políticas en Perú (‘BBB’/Estable) son síntomas de una gobernabilidad debilitada y desafíos persistentes de gobernabilidad, dice Fitch Ratings. Las tensiones entre el presidente, el gabinete y el Congreso han socavado la formulación y ejecución de políticas y elevado la incertidumbre política. Esto, a su vez, ha empañado las perspectivas de inversión.
El deterioro de las instituciones políticas de Perú y/o el debilitamiento resultante de la perspectiva económica más allá de los niveles ya moderados en relación con la mediana ‘BBB’ podría renovar la presión de calificación negativa.
Un proceso de juicio político en el Congreso contra el presidente es la última señal de las tensiones políticas internas en curso. El presidente Pedro Castillo se enfrenta a un riesgo de juicio político a través del proceso actual que comenzará el 28 de marzo o posibles mociones futuras. Su popularidad ha caído, enfrenta dos investigaciones por corrupción y se está acumulando apoyo legislativo para un juicio político. Después de que una moción anterior fracasara por un amplio margen en diciembre de 2021, 50 legisladores firmaron una moción de juicio político por “incapacidad moral” el 8 de marzo.
La moción de juicio político continúa a pesar de que el Congreso aprobó recientemente un voto de confianza (64 de 130) en el nuevo gabinete del presidente Castillo encabezado por el primer ministro (PM) Aníbal Torres, el cuarto en ocho meses desde que asumió el cargo en julio de 2021. El PM anterior, Mirtha Vásquez y ministros clave renunciaron en enero y febrero citando influencias externas en la administración.
Los desafíos de gobernabilidad de larga data han generado incertidumbre en cuanto a la estabilidad del gobierno. Los intentos de juicio político y la alta rotación ministerial continúan las tendencias del mandato del gobierno anterior, pero con mayor intensidad. Las tensiones entre los políticos de extrema izquierda encabezados por Vladimir Cerron, secretario general del Partido Perú Libre, que respaldó la campaña del presidente, y los moderados han contribuido igualmente a las rupturas públicas en el gabinete.
Dos tercios, 87 de 130 diputados, necesitarían votar a favor del juicio político para destituir al presidente. Si una oferta de juicio político tiene éxito o el presidente renuncia, el proceso de sucesión constitucional podría avanzar rápidamente. En caso de que el vicepresidente decida no gobernar, el jefe del Congreso se convierte en presidente interino y pronto debe convocar una elección presidencial para terminar el mandato.
Por lo tanto, un juicio político exitoso aumentaría materialmente el riesgo de nuevas elecciones. Es poco probable que las nuevas elecciones aborden los desafíos políticos estructurales subyacentes, como la profunda polarización, un centro político débil y un Congreso fragmentado. La falta de un centro político fuerte contribuye a la polarización política, lo que aumenta la probabilidad de parálisis de las políticas y el tipo de alborotos que han caracterizado la política interna reciente. Ningún candidato centrista se ubicó entre los cuatro primeros en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2021. Otra campaña presidencial frenética que presenta un amplio campo de candidatos y una visibilidad limitada de las políticas probables de la administración potencial durante los próximos 6 a 12 meses, repitiendo el 2021 proceso, extendería la incertidumbre política.
Si bien Perú tiene un largo historial de política fiscal prudente y una carga de deuda moderada, Fitch señaló que la creciente volatilidad política fue un factor en la decisión de eliminar el escalón positivo anterior para la credibilidad de la política macro y fiscal de su calificación, lo que condujo a la rebaja a ‘BBB/Estable’ en octubre de 2021. Esta rebaja anticipó continuos desafíos de gobernabilidad.
Una asamblea constituyente es menos probable después de que el Congreso promulgó una ley que requiere la aprobación del Congreso para proceder con cualquier referéndum público. Sin embargo, la inestabilidad política ha elevado la incertidumbre y ha paralizado la formulación de políticas, lo que plantea riesgos tanto para la gobernanza política como para el desempeño macroeconómico.
Los riesgos para las perspectivas macro son particularmente relevantes para la solvencia, especialmente si el crecimiento del PIB cae por debajo de la tasa ya moderada del 2,5 % que la calificadora espera para 2022-2023, que está sustancialmente por debajo de la mediana global ‘BBB’. Los planes de inversión empresarial no están posicionados para el crecimiento. Los dividendos corporativos aumentaron mientras que las utilidades retenidas cayeron y la inversión minera disminuyó 2,5% el año pasado.
Por Javiera Donoso
