Ha sido una semana en la que se ha hablado mucho sobre el futuro de las pensiones en España. La Comisión del Pacto de Toledo del Congreso ha dejado titulares impactantes, propuestas recurrentes y certezas absolutas…
José Luis Escrivá (AIReF): “Las pensiones perderán un 7% de poder adquisitivo en 2022
En el primer capítulo podemos encuadrar las declaraciones del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, que ha advertido que mantener el poder adquisitivo de las pensiones supone un déficit adicional de 10.000 millones de euros al 1,7% que prevé para este año. En su opinión, por lo tanto, las pensiones sólo deberían revalorizarse un 0,25% hasta el año 2022.
Escrivá cree que de mantenerse el desequilibrio de la Seguridad Social durante el periodo 2013 a 2022 y con una inflación media del 1,8 %, a partir de 2018, la pensión corriente reduciría su poder adquisitivo en torno a un 7% mientras que la tasa de sustitución (relación entre pensión media y salario medio) se estabilizaría.
El presidente de la AIReF ha señalado que la única forma de hacer frente a este desequilibrio de la Seguridad Social sería aportando al sistema unos 15.000 millones de euros en los próximos siete años, bien con transferencias del Estado o aumentando las cotizaciones o reduciendo el gasto. A partir de ese momento se produciría el reequilibrio del sistema y la revalorización de las pensiones por encima del mínimo del 0,25 %.
Sobre este asunto, el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz, ha defendido la reforma del índice de revalorización de las pensiones para vincularlas también a la evolución de la inflación, ya que el mecanismo vigente supone una pérdida de poder adquisitivo.
Lagares: planes de pensiones obligatorios en la empresas y reducción de las cotizaciones
Por su parte, el catedrático de Hacienda Pública Manuel Jesús Lagares, ha abogado por los planes de pensiones obligatorios en las empresas para combinarlo con la pensión pública y ha instado a reformar el modelo de cotizaciones sociales, porque es un «impuesto antiguo» que debería ir ligado a los ingresos.
En su opinión, las pensiones públicas se pueden financiar con unas cotizaciones más modernas, reducidas a un 10%, y cuya disminución se compensaría mediante un recargo solidario para pensiones en el IVA, que estaría entre el 2 % y el 4 %.En este sentido, ha señalado que la rebaja de cotizaciones impulsaría el empleo y el recargo en el IVA recaería en el consumo y no en la contratación.
Este modelo de financiación de las pensiones públicas haría que la tasa de sustitución (nivel de pensión en relación al salario) fuera del 40 % mientras que el 20 % restante provendría de pensiones complementarias obligatorias en el seno de las empresas. Unos planes de empresas que tuvieran supervisión estatal y que invirtieran en valores que garanticen rentabilidad futura y se los pueda llevar el trabajador si cambia de empresa.
Lagares ha señalado que se podría aumentar la edad de jubilación de forma selectiva en determinados núcleos de trabajadores y que la base de cálculo de las pensiones debería estar vinculada a cuentas nocionales, para que se cobre al final del proceso en función de lo que se ha aportado al sistema. En su opinión, es muy posible que los gastos en pensiones se sitúen en el 50% del gasto público total si no cambia nada.
También el subdirector de Fedea ha defendido que se vaya hacia un sistema de «cuentas nocionales de contribución definida», que registre todo lo que el trabajador cotice a lo largo de su vida laboral. Con este modelo, la pensión a la que tendrá derecho se calculará en función de todo lo aportado y de otras variables como la esperanza de vida en el momento de su jubilación, la ratio entre cotizantes y jubilados o el crecimiento del PIB.