Las movilizaciones de miles de jubilados de toda España para reclamar una mayor revalorización de las pensiones públicas han hecho mover ficha al Gobierno de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunciaba deducciones para personas mayores en la rebaja del IRPF, aunque sin determinar el rango de edad.
Según Montoro, esta deducción se sumaría a las que ya contempla el IRPF destinadas a personas con discapacidad o a aquellas que tienen personas con discapacidad a cargo. «Y esa es la idea que también llevaremos próximamente a la Ley de IRPF, es lo que se llama deducción de la cuota por edad», ha dicho el ministro.
Sin embargo, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que más del 63 % de los jubilados españoles están exentos del pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al cobrar pensiones inferiores a 12.000 euros anuales. Gestha ha asegurado en un comunicado que el alcance de la «deducción por edad» anunciada por el ministro de Hacienda va a tener un alcance limitado que solo beneficiaría a un tercio de los pensionistas con mayores ingresos.
En concreto, los pensionistas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias serían los menos beneficiados por esta medida, frente a los de las provincias de Madrid, Barcelona, Zaragoza, que serían a quienes más beneficiaría.
Más allá del anuncio de Montoro, el debate sobre la revalorización de las pensiones por encima del 0,25% que estableció la última reforma del año 2013, continúa encendido. El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha rechazado acudir a «una puja populista» sobre la subida de las pensiones para hacer «proclamaciones que al final no se traducen en nada».
En una entrevista en la COPE, ha admitido que para el Ejecutivo es una «mala idea» volver a revalorizar las pensiones con arreglo a la subida del IPC como defiende el PSOE, «el mismo partido que en 2010 congeló las prestaciones con el voto de su actual secretario general», ha recalcado. «Lanzar este debate como se está lanzando es populismo puro y duro», ha añadido Méndez de Vigo. Lo cierto es que desde que entró en vigor la reforma, los 9 millones de pensionistas españoles han visto reducido su poder adquisitivo entre un 3 y un 4% al registrase los últimos años un IPC muy superior a ese 0,25% de la revalorización.
A esta preocupación se úne el efecto que pueda tener la sesgunda medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 213, el llamado «factor de sostenibilidad», según el cual la cuantía inicial para los que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019 se vinculará a la esperanza de vida. Algunos expertos han calculado que el mecanismo supondrá un recorte de esas pensiones del futuro de entre un 5% y un 6% cada diez años. Todo un aviso a navegantes, o lo que es los mismo, a los trabajadores en activo y a las empresas, para que cubran ese gap mediante el ahorro privado y los planes de empleo corporativos.
Ante este escenario y, tras el éxito del jueves 22 de febrero, los pensionistas indignados han convocado movilizaciones en toda España para el próximo sábado 17 de marzo.
Por Fórmate a Fondo