Pixabay CC0 Public Domain. Los inversores profesionales temen una caída en el nivel de análisis e información del universo de las micro caps
El análisis de las compañías es básico para los inversores. Sin embargo, según revela una encuesta realizada por MBH Corporation, el 42% de los inversores profesionales considera que el nivel de cobertura de los analistas sobre el mercado de microcapitalización disminuirá en los próximos 12 meses, frente a un 15% que cree que aumentará.
La encuesta, realizada entre inversores profesionales de Reino Unido, EE.UU. y Alemania, muestra además que un 40% considera que el coste de la información sobre esta clase de valores aumentará en un plazo de tres años. En cambio, un 22% de los encuestados se mostró mucho más optimista y considera que estos costes se reducirán y que además los datos sobre las micro caps serán más accesibles.
En este sentido, la preocupación por poder acceder al análisis e información de empresas de microcapitalización se debe a que muchos inversores profesionales consideran que este tipo de valores son muy atractivos, en concreto un 83% de los encuestados, así como una alternativa al private equity. En general, los inversores ven en las micro caps valoraciones más atractivas, mayor liquidez y una forma de invertir sin soportar grandes comisiones.
A pesar de ello, apunta la encuesta de MBH Corporation, el 42% de los 117 inversores profesionales encuestados prevén que el nivel de cobertura del mercado de microcapitalización por parte de los corredores y proveedores de análisis disminuya en los próximos 12 meses; incluso un 5% prevé una caída drástica. Sólo el 15% espera que el nivel de cobertura aumente.
“En los últimos meses, la cobertura del mercado de micro caps por parte de los brokers y las casas de análisis ha disminuido, en parte debido a la MiFID II. Nuestra encuesta muestra que muchos inversores profesionales esperan que esta tendencia aumente, lo que hará aún más difícil para ellos detectar potenciales joyas de inversión en mercados pequeños”, explica Callum Laing, CEO de MBH Corporation.
Pixabay CC0 Public Domain. Los países africanos se unen a los escandinavos en el top 20 del Índice ESG del ARI
El abrdn Research Institute (ARI) ha anunciado los resultados anuales de su Índice ESG, que clasifica y puntúa a 135 países según 19 indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para apoyar el análisis de las inversiones y la toma de decisiones.
Según ha revelado la organización, los países escandinavos siguen ocupando los primeros puestos del índice, con Suecia en primer lugar, seguida de Suiza, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Japón y Corea del Sur son los únicos países asiáticos que figuran entre los 20 primeros, mientras que muchos de los rezagados son países devastados por la guerra y que han sufrido graves abusos de los derechos humanos. En cambio, los países ricos de Oriente Medio que hacen poco por mejorar sus puntuaciones en materia de ESG también se sitúan en los últimos puestos, mientras que muchos países más pobres de África y Europa del Este están haciendo progresos significativos.
“En una clasificación que tiene en cuenta el sesgo del desarrollo, Suecia, Suiza y Finlandia siguen obteniendo los mejores resultados. Los acompañan en los 20 primeros puestos cuatro países africanos: Liberia, Malawi, Níger y la República Democrática del Congo”, destacan.
Respecto al Reino Unido, se ha situado en el décimo lugar, la misma posición que ocupaba hace 10 años. “Los indicadores positivos muestran una reducción del uso del carbón y de la intensidad del CO2, al tiempo que ocupa un lugar destacado en la protección de las especies. Sin embargo, al igual que muchos países desarrollados, sus indicadores políticos y de gobernanza han empeorado en la última década, con fuertes descensos en la transparencia de las leyes y la igualdad de los grupos sociales”, explican las conclusiones.
Por su parte, Estados Unidos se ha situado fuera de los 20 primeros países, ocupando el puesto 25 (con una caída de cuatro puestos desde 2012). Ha bajado en todas las puntuaciones políticas y de gobernanza en el transcurso de la administración Trump, incluyendo menos libertad de expresión y transparencia de las leyes. El índice ESG también destaca el nivel de desigualdad de ingresos en el país, que se ha disparado. Ocupa el puesto 81 de 135 países, situándose por debajo de Rusia y China. El país también sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, ya que solo el 20% de su energía procede de las energías renovables.
Un dato positivo que muestra este índice es que la intensidad de las emisiones de carbono es el indicador que más ha mejorado en muchas de las economías con mejores resultados. Sin embargo, advierten de que muchos de estos países siguen produciendo niveles muy altos de dióxido de carbono, lo que se refleja en los débiles resultados de países como Estados Unidos y Alemania.
Un lugar aparte se merece China, donde la historia macro ESG tiene muchos matices. Obtiene una buena puntuación en indicadores sociales como la igualdad de género, la esperanza de vida y la mortalidad infantil, pero una mala puntuación en la mayoría de los indicadores políticos y de gobernanza y en las emisiones de CO2. La intensidad de sus emisiones ha mejorado en la última década y los planes de las autoridades para descarbonizar la economía son más ambiciosos que los de una economía emergente típica. Resulta alentador que también haya mejoras tangibles en la ausencia de corrupción en China durante los últimos 10 años, lo que refleja el éxito de la campaña anticorrupción de Xi Jinping. Sin embargo, estas mejoras contrastan con los resultados de China en los indicadores de libertad de expresión e igualdad de grupos sociales, que muestran un marcado deterioro en la última década.
Sobre el índice
El índice ESG del ARI recoge datos de la última década para destacar los problemas y retos ESG a los que se enfrenta cada país. Señala los avances y cómo estos pueden ser mejorados de la manera más adecuada para cada nación. Sus 19 indicadores, que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la UE, se identifican de la siguiente manera:
Medio ambiente: intensidad de las emisiones de CO2, calidad del aire, protección de las especies y agua potable.
Social: esperanza de vida al nacer; tasa de mortalidad de menores de 5 años; media de años de escolarización; años esperados de escolarización; índice de desigualdad de género; índice de la escala de bienestar; relación entre empleo y población; y desigualdad de ingresos.
Gobernanza (y política): compromiso de la sociedad civil; desigualdad de los grupos sociales; libertad de expresión; ausencia de corrupción; elecciones limpias; leyes transparentes con aplicación predecible; y, acceso a la justicia.
“El objetivo del Índice ESG es apoyar mejor a nuestros equipos de inversión con su análisis ESG. Resulta especialmente interesante ver que muchos de los países desarrollados se sitúan en una posición baja en cuanto a factores políticos y gubernamentales durante la última década, especialmente en Estados Unidos, donde la administración Trump ha tenido un gran impacto. Sin embargo, la mejora de la intensidad de las emisiones de carbono para muchas de las economías con mejores resultados es, sin duda, una buena noticia, que quizás refleje que los esfuerzos políticos que se están realizando en estos países para reducir las emisiones están teniendo un efecto claro”, ha destacado Stephanie Kelly, directora adjunta del ARI.
Según Kelly, el objetivo de esta labor “es que se comprenda mejor que los factores ESG son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de un país, y las medidas tan específicas que hemos utilizado hacen que sea más fácil para los inversores ver qué se puede mejorar y dónde. Hacer seguimiento de las mejoras o de los retrocesos en los años siguientes ayuda esencialmente a pintar una imagen realista para los inversores”.
Las compañías más importantes de la industria cerraban su 2021 con la mayoría de los equipos regresando a sus oficinas, al menos tres veces por semana, con una tendencia que apuntaba al regreso total. Sin embargo, con el surgimiento de la variante Ómicron, que es mucho menos lesiva pero muy contagiosa, las grandes empresas comenzaron el nuevo año dando la posibilidad a sus empleados de trabajar desde casa.
En este sentido, JP Morgan está ofreciendo a los empleados la opción de trabajar desde casa en las primeras semanas de 2022.
«No vamos a cambiar nuestros planes a largo plazo de trabajar en la oficina», dijo JP Morgan al personal en un memorando el jueves. «Sin embargo, con el aumento en los viajes y reuniones de vacaciones, estamos permitiendo más flexibilidad durante las dos primeras semanas de enero para trabajar desde casa (si su función lo permite) a discreción de su gerente», dice el informe de Advisorhub.
Se espera que los empleados reanuden sus horarios en la oficina para el 1 de febrero.
Además, Citigroup y Bank of America están alentando al personal a iniciar sesión de forma remota, a medida que más empresas financieras se enfrentan al último aumento de infecciones por Covid-19, dice un informe de Advisorhub.
Citigroup ya se encontraba entre otros bancos importantes de EE.UU. que habían relajado las políticas laborales en las últimas semanas, invitando al personal de toda el área metropolitana de Nueva York a trabajar de forma remota durante las vacaciones. Ahora, «le estamos pidiendo que trabaje desde su casa durante las primeras semanas del Año Nuevo si puede hacerlo», dijo el banco en un memorando el jueves.
«Continuaremos monitoreando los datos y brindaremos una actualización en enero sobre cuándo esperamos estar de regreso en la oficina», agregó la wirehouse.
Bank of America está instando a los empleados a trabajar desde casa durante esta semana, según una persona con conocimiento de las políticas de la empresa.
A principios de este mes, esa firma les dijo a los empleados con sede en Nueva York programados para estar en la oficina que podían trabajar desde casa durante las semanas de vacaciones.
EE.UU. se ha visto muy afectado por el aumento de las infecciones de este invierno boreal. Las aerolíneas tuvieron que suspender vuelos y muchos servicios se vieron afectados a causa de la cantidad de personal en cuarentena por dar positivo de COVID-19.
Además, en los hospitales los equipos están diezmados por la saturación en su primera línea de atención a causa de los contagios en el personal de salud.
Esta situación, que de todas maneras es leve para quienes se encuentran vacunados, genera preocupaciones sobre lo que sucederá en las torres de oficinas y en las escuelas después de que las familias regresen de reuniones o vacaciones en los próximos días.
La semana pasado Funds Society informó que Morgan Stanley, Citi y Jefferies Financial Group ya estaban planeando el trabajo de forma remota a raíz del crecimiento de Ómicron.
La transparencia en relación con los costes y gastos que soportan los clientes resulta fundamental en la prestación de servicios de inversión y es uno de los aspectos que ha reforzado la Directiva MiFID II. Por eso, también es un aspecto que vigila de cerca la CNMV y de ello da cuenta en su último informe anual correspondiente a la actividad de 2020.
“Tal y como estaba previsto en el Plan de actividades de la CNMV, en 2020 se realizó una revisión horizontal sobre el cumplimiento, en tiempo y forma, de la obligación anual de información ex post sobre costes a los clientes minoristas (información referida al año natural 2019)”, explica. La revisión se efectúo sobre una muestra representativa de 20 entidades de crédito (EC) y 11 empresas de servicios de inversión (ESIs).
La CNMV ha transmitido públicamente que esta información debería facilitarse no más tarde del 31 de marzo siguiente al cierre de cada año natural objeto de reporte, si bien la norma no establece un plazo concreto. La mayor parte de las entidades remitieron la información a sus clientes a finales de marzo o primeros de abril.
Entre las principales conclusiones alcanzadas tras la revisión de los modelos de información anual ex post empleados por las entidades, la CNMV destaca que se debe realizar una comunicación de los costes totales, distinguiendo el coste de los productos, el coste de los servicios prestados y los incentivos percibidos (en importe y porcentaje), algo que no siempre cumplen las entidades. “La información debe estar agregada, de forma que el cliente pueda comprender el coste total. Asimismo, deben facilitarse los subtotales de los costes por producto, servicio e incentivos. Parte de las entidades analizadas (nueve EC y tres ESIs) o bien no totalizaron estas tres partidas por separado, o bien no lo hicieron para todos los servicios, o directamente no detallaron estos aspectos, informando simplemente del total de los costes o utilizando otros conceptos para su detalle”, critica.
Estos datos deben comunicarse al cliente tanto en importe como en porcentaje, explicando en los extractos de qué manera se calculó dicho porcentaje para que los clientes puedan entender adecuadamente su significado. En algunos casos (12 EC y dos ESIs) no siempre se detallaron los porcentajes o no se explicó adecuadamente su significado.
Custodia, IVA y asesoramiento o gestión
La CNMV también destaca que entre los costes considerados en los extractos se deben incluir aquellos correspondientes al servicio auxiliar de custodia, el IVA soportado y los costes de los servicios de asesoramiento o gestión (con independencia de que estos se detallen en facturas aparte), y ha observado incidencias puntuales al respecto a lo largo del año pasado.
Además, las comisiones explícitas vinculadas a la prestación de los servicios de recepción/transmisión de órdenes deben comunicarse al cliente como costes de los servicios y en ningún caso como costes de los productos. Algunas entidades (cinco EC), sin embargo, los agregaron en el apartado correspondiente a costes del producto.
Costes implícitos
En aquellos casos en que los clientes soporten costes implícitos (típicamente en la operativa sobre instrumentos de renta fija, estructurados o derivados OTC o en el cambio de divisa vinculado a la operativa sobre instrumentos financieros denominados en monedas diferentes al euro), estos deben agregarse en el total de costes y, por tanto, siempre deben comunicarse a los clientes. “A estos efectos resulta determinante un correcto cálculo del valor razonable del instrumento financiero siguiendo criterios de general aceptación que no incluya costes operativos, de estructuración, de cobertura o similares”, destaca la CNMV.
Para conseguir unos niveles de transparencia y de protección del inversor adecuados, es muy relevante que se facilite esta información a los clientes. Sin embargo, se ha comprobado que numerosas EC (13) y algunas ESI (dos) aún no incorporaron algunos de estos costes implícitos en los extractos informativos correspondientes al año 2019. Por ello la CNMV ha requerido a las entidades señaladas para que adopten las medidas de subsanación necesarias y, en todo caso, que en los extractos de gastos correspondientes al ejercicio 2020 que se facilitarán a los clientes a lo largo de 2021, se agreguen estos costes cuando hayan sido soportados por los clientes.
Nivel de agregación establecido por cada entidad para informar
La CNMV recuerda que la información debe presentarse agregada, de forma que el cliente pueda comprender, en todo caso, el importe total de los costes soportados en el año sujeto a reporte: “El envío de extractos separados para diferentes tipos de instrumentos financieros o la presentación de la información por separado en función del tipo de instrumento del que se trate, sin llegar a totalizar un importe global de costes soportados, dificulta que el cliente quede adecuadamente informado sobre este aspecto y no cumple con la normativa vigente. Se observaron defectos en la totalización en los extractos de ocho EC y dos ESIs”, explica.
Adicionalmente, a efectos de que los clientes puedan entender adecuadamente la información facilitada, se considera recomendable que se incluyan en el extracto notas explicativas con la descripción de los conceptos de coste agregados en sus diferentes apartados (indicando, por ejemplo, que estos costes incluyen las comisiones por intermediación, las comisiones de custodia, las comisiones de gestión, etc.).
“Cuando se presten a un mismo cliente los servicios de gestión de cartera para algunas de sus posiciones y otros servicios como los de intermediación o asesoramiento para otras de ellas, con frecuencia las entidades optan por informar en un extracto de los costes correspondientes a las posiciones gestionadas y en otro separado de los costes correspondientes al resto de posiciones. Dada la especificidad del servicio de gestión de carteras, este enfoque se considera aceptable siempre que se advierta al cliente, en el extracto correspondiente al resto de posiciones, de que los costes correspondientes a las posiciones gestionadas se comunican por separado”, dice la CNMV.
Efecto acumulado de los costes sobre la rentabilidad de la inversión
En cuanto a la información relativa a la ilustración del efecto acumulado de los costes sobre la rentabilidad, la CNMV considera adecuado que se informe de la rentabilidad obtenida, junto con los datos de costes soportados, como vía para que los clientes puedan comparar ambas magnitudes. En general se ha observado que las entidades han optado por esta forma de facilitar la ilustración del efecto acumulado de los costes sobre la rentabilidad que exige la normativa.
“Dado que la finalidad de la información relativa a la rentabilidad, en este contexto, es la de permitir su comparación con el total de costes del periodo, es recomendable que se informe de la rentabilidad de toda la cartera, tanto en importe como en porcentaje. En todo caso la información relativa al porcentaje de rentabilidad debe expresarse utilizando una base igual o similar a la empleada al determinar el porcentaje de los costes totales, de forma que la comparación entre ambos resulte coherente”, recuerda la CNMV.
Como cada año, Bob Doll publicó sus 10 predicciones anuales para 2022.
“El tema de este año se centra en el tira y afloja entre los vientos de cola positivos de las buenas ganancias y los vientos en contra negativos derivados de la presión de valoración impulsada por el aumento de las tasas de interés”, señaló el CIO deCrossmark Global Investments.
En su opinión, “el 2022 se perfila como más desafiante para los inversores, ya que los bancos centrales se deshacen progresivamente de una acomodación monetaria sin precedentes en respuesta a la recuperación y expansión económicas en curso y las elevadas presiones inflacionarias”.
Las 10 predicciones para 2022 de Bob Doll son:
El crecimiento real y la inflación de EE.UU. se mantienen por encima de la tendencia, pero disminuyen desde los niveles de 2021.
La inflación cae, pero la inflación subyacente se mantiene estancada en torno al 3%.
Por primera vez desde 1958/1959, los bonos del Tesoro a 10 años proporcionan un segundo año consecutivo de rendimientos negativos.
Las acciones experimentan su primera corrección del 10% desde la pandemia y no logran los beneficios ampliamente esperados.
Las acciones cíclicas, de valor y de pequeña capitalización superan el crecimiento defensivo, y a las grandes firmas.
Las finanzas y la energía superan a los servicios públicos y de comunicaciones.
Las acciones internacionales superan a las de EE.UU. por segundo año en la última década.
La inversión basada en valores sigue ganando participación.
Después de un mínimo de más de 60 años en 2021, el gasto por intereses federales como porcentaje de los ingresos comienza un movimiento alcista a largo plazo.
Los republicanos obtienen al menos 20-25 escaños en la Cámara y apenas ganan el Senado.
Puede leer el escrito completo de Doll en este link.
Además, el conocido inversionista prepara un seminario web el 5 de enero a las 3:00 pm CT, en el que profundizará en cada predicción. Puede registrarse aquí.
De acuerdo con un comunicado, uno de los objetivos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es la creación de productos y servicios innovadores que contribuyan en una mayor oferta de opciones de inversión, «y hoy se ve reflejado al alcanzar el récord de los 3.000 valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC)», con ello, el crecimiento de esta plataforma ha sido tal, que actualmente tiene más de 73.000 millones de dólares en activos bajo custodia.
De estos 3.000 valores listados, el 55% corresponden a acciones y restante 45%, a Exchange Traded Funds (ETFs). Con base en su ubicación geográfica, es decir, el país o bolsa de origen de los valores, el 57% corresponden a emisores constituidos en Norteamérica, el 37% a emisores europeos, mientras que el resto pertenecen a Asia, Sudamérica, África y Oceanía.
Tan solo en 2021 se listaron 341 valores extranjeros (226 Acciones y 115 ETF’s). Por su parte, los valores más operados por importe en el último año fueron Apple, United States Steel, Tesla, Moderna y Occidental Petroleum, en tanto los ETF´s fueron el ligado al S&P500 y a los Treasuries estadounidenses.
Importante resaltar el desempeño del SIC en los últimos 5 años. De 2016 a la fecha los activos listados casi se triplicaron y el monto de operación pasó del 30% al 53% del volumen negociado en la BMV. Desde esa fecha el monto de los activos bajo custodia ha crecido en más de 240%.
“El SIC ofrece una oferta atractiva a la demanda de los inversionistas por tener exposición global, el desarrollo de esta oferta ha provocado que el mercado y el inversionista final ganen, por lo que siempre impulsaremos el sano desarrollo del mercado y que cada vez haya más opciones de inversión”, comentó Marcos Martínez Gavica,presidente del Consejo de Administración del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
Después de que las particularidades de 2021 provocaran movimientos interesantes en el mercado de commodities, el banco privado suizo Julius Baer espera que 2022 sea un período de normalización.
El año recién pasado estuvo marcado por el estrés en las cadenas de suministro, “tropiezos” que provocaron fuertes subidas de precios en materias primas. Estas “salvajes” dinámicas en las cotizaciones, según describe la firma europea en un informe, se vieron apoyadas por la rápida recuperación económica y un rebote impulsado por la manufactura.
En medio de este contexto, algunos metales industriales subieron a nuevos récords, el crunch en el mercado energético alimentó los miedos de déficit, los precios del petróleo superaron los 80 dólares por barril y la inflación dominó los debates, opacando la turbulencia del mercado de propiedades chino.
¿Qué viene para 2022? Para Julius Baer, la dinámica de este nuevo año será de normalización en el mundo de las materias primas. “Esperamos una normalización amplia. Vemos que los tropiezos fueron más resultado de factores cíclicos, no estructurales, por lo que están en el campo de la inflación temporal, no duradera”, indica la firma en su reporte, escrito por Carsten Menke y Norbert Rücker.
Según su análisis, hay señales de que las cadenas de suministro se van a expandir y desbloquear. Como anticipan que el crecimiento de la oferta supere al crecimiento de la demanda, los vientos a favor por el lado fundamental se convertirían en corriente en contra.
“Incertidumbres clave e imprevistos, que incluyen la política, están viniendo de las naciones petroleras, China y los bancos centrales, en vez de la pandemia”, añadieron los ejecutivos de Julius Baer.
En esa línea, el banco privado de origen europeo augura que los precios del crudo migren al rango entre los 60 dólares y 70 dólares por barril, a medida que el balance del mercado se asiente. En el caso de los precios del oro, la firma espera que se muevan “más a la baja que al alza”, con las subidas y bajas de corto plazo inspiradas por la confianza del mercado y las políticas de los bancos centrales.
“Solo vemos efectos estructurales en juego para los precios de los metales de baterías, considerando que el rápido giro a la movilidad eléctrica ha empezado un ciclo de industria que ofrecerá un apoyo duradero a los precios”, indicó.
Pixabay CC0 Public Domain. La pandemia obliga a transformar el modelo de negocio de ocho de cada diez empresas españolas
La firma de asesoramiento FTI Consulting publica el estudio global Resilience Barometer 2021, dondemide la capacidad de adaptación y resiliencia de empresas de todo el mundo ante riesgos financieros y extra financieros en un entorno económico cambiante.
El informe de este año analiza datos obtenidos en España para valorar cómo se han adaptado las compañías en nuestro país ante los difíciles retos que ha planteado el COVID-19. La información obtenida evidencia los riesgos y las debilidades que deberán afrontar y gestionar para garantizar la supervivencia de su negocio y la creación de empleo en un contexto de crisis económica y sanitaria.
A partir de las respuestas de directivos de estas empresas, el estudio ha podido concluir que el 53,6% de empresas españolas no han podido cumplir con sus compromisos financieros desde el inicio de la pandemia.
Una de las conclusiones destacadas que se extraen del estudio es que, desde el inicio de la crisis sanitaria en España, tan solo un 16,8% de empresas se han visto obligadas a refinanciarse o reestructurarse, frente al 30% de media de la UE.
Sin embargo, una vez retiradas las ayudas estatales y levantada la moratoria de concursos de acreedores, se calcula que aproximadamente 50.000 empresas españolas podrían declararse en quiebra, según estimaciones del Ministerio de Justicia. Es una cifra que es equiparable a todas las registradas en España entre los años 2008 y 2016.
Boom de operaciones de fusiones y adquisiciones en 2021
La adaptación y la supervivencia se han convertido en las prioridades de las empresas afectadas por la pandemia. Esta resiliencia a la nueva realidad se ha basado en dos hechos determinantes: la capacidad de las empresas para evaluar y afrontar su propia situación económica y su conocimiento de los instrumentos financieros y jurídicos disponibles para sortear la crisis.
Según el estudio, el 79,1% de empresas españolas cree que deben efectuar cambios disruptivos en sus modelos de negocio como resultado del efecto de la pandemia. El informe ha detectado además que cada vez más empresas ven las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) como su principal medio para la recuperación económica, particularmente en sectores como las telecomunicaciones o venta minorista.
De hecho, un tercio de las grandes compañías españolas han anunciado alguna fusión y adquisición desde la irrupción del virus, y otro 36% espera implicarse en este tipo de operaciones como consecuencia de la pandemia. FTI Consulting considera que la actividad se acelerará a lo largo de 2021 y posteriormente, entre otras razones por la presencia de fondos de inversión con liquidez y disposición para invertir en operaciones que puedan generarles valor.
Dicho esto, España figura entre los países más pesimistas con respecto a la capacidad para regresar a niveles pre-pandemia según ha demostrado el estudio: solo un 11,5% de empresas españolas confía en una recuperación total en 2021, frente al 34,55% del G20. La mayoría de las empresas españolas no cree que el crecimiento económico recupere la normalidad hasta 2022 o incluso 2023, mientras que la media del G20 confía en que la recuperación empiece en 2021.
Los litigios, en aumento
Otro de los efectos que ha tenido la pandemia ha sido el incremento global de los litigios. España no ha sido ajena a esta tendencia, con el incremento de disputas corporativas y casos de litigio en sectores como la energía o la construcción. Según el Resilience Barometer, alrededor de una cuarta parte de las empresas españolas prevé que sus prácticas financieras sean investigadas durante los próximos meses, frente a un 16,4% de las empresas del G20.
De hecho, un 49,3% de las compañías españolas son objeto actualmente de una investigación sobre cumplimiento normativo, frente a un 39,6% de las empresas del G20. Casi la mitad del conjunto de empresas españolas está siendo investigada por su utilización de recursos públicos.
Los riesgos no financieros ganan protagonismo
En los últimos años, los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) y las relaciones públicas se han convertido en una prioridad para las empresas de todo el mundo. El análisis ha detectado que la pandemia ha sido vista por un 85% de las grandes empresas españolas como una oportunidad para potenciar su enfoque hacia cuestiones de ESG y sostenibilidad.
El reconocimiento de los stakeholder (partes implicadas) sobre las cuestiones de ESG está creciendo, y está ampliamente aceptado que desplegar un buen comportamiento social ayudará a las empresas a la hora de acceder a financiación, captar talento y generar negocio. Dentro de los factores ESG, un 80% de los negocios se ha centrado más en el componente «social» a lo largo de 2020.
La crisis sanitaria también ha obligado a las empresas a adoptar y/o reforzar medidas que tradicionalmente han sido difíciles de implementar en áreas como la GDPR, la ciberseguridad o las normas en materia de competencia como consecuencia de la pandemia. Ha sido el caso por ejemplo de empresas que han adoptado protocolos de trabajo en remoto, y empresas que han tenido que incluir a una parte o a la totalidad de su plantilla en ERTES.
En este contexto, las políticas de control y ciberseguridad preexistentes al COVID-19 han quedado en su mayoría desfasadas y es la ciberseguridad una prioridad mayor para cerca de cuatro de cada cinco empresas (77,9%), cuyos directivos señalan que ha escalado posiciones dentro del orden del día de sus consejos.
A pesar de la recuperación económica del segundo trimestre favorecida por la campaña de vacunación, los datos relativos a España no se encuentran todavía en los mismos niveles prepandemia. No obstante, desde Credit Suisse auguran que la economía española recuperará terreno rápidamente a lo largo del próximo año: «Prevemos que la economía siga creciendo un 5,8% el próximo año después del 4,4 % de este año, impulsada por el gasto de los consumidores y de las empresas a medida que disminuyen las elevadas tasas de ahorro».
A lo que habrá que añadir en 2022 el impulso de la recepción de los fondos desembolsados en el marco del Fondo de Recuperación de la UE y la vuelta a las tasas de desempleo previas a la crisis gracias al sólido mecanismo de los ERTE.
En este sentido, también se presentan distintos riesgos que pueden suponer un baipás para el crecimiento de la economía española. El gasto de los consumidores podría detenerse por los altos precios del gas y de la energía si persisten hasta el 2022, con la consiguiente subida de precios del mercado. Asimismo, un riesgo adicional sería la necesidad de un ajuste fiscal en 2023. Desde la gestora suiza señalan que el déficit de España se mantendrá probablemente por encima del 5 % del PIB el próximo año. Con una ratio deuda/PIB cercana al 120%, España podría verse presionada a tomar medidas de consolidación de sus finanzas públicas una vez que vuelvan las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2023.
Por otra parte, se espera que las acciones españolas ofrezcan buenos rendimientos en 2022. Sus fundamentos siguen siendo atractivos, sobre todo si están impulsados por un mayor «breakeven inflation», y se apoyan en las expectativas del repunte del sector servicios; más concretamente del ocio, los viajes y el turismo. Aunque el alza estará limitada por las perspectivas de la política del Banco Central Europeo.
Por último, sobre el euro mantienen una visión de duración corta. «El carácter cíclico del EUR debería ser un factor favorable en nuestro escenario de reflación mundial previsto. Por último, consideramos que el enfoque fiscal común de la UE durante la crisis es un factor que favorece al EUR a largo plazo. No obstante, la ventaja de las tasas en EE.UU. mantendrá controlado el euro-dólar y esperamos un rango de negociación lateral del EUR/USD», concluyen en Credit Suisse.
Schroders comenzó a trabajar con la corporación Mujeres en Finanzas (Mef.), para impulsar una mayor presencia de mujeres en la industria, según un comunicado al que accedió Funds Society.
El propósito de este acuerdo, firmado en diciembre, es promover la participación de mujeres y la igualdad de oportunidades en la industria financiera.
En esa línea, Gonzalo Binello, Head of Latin America de Schroders y embajador Mef. resaltó el compromiso de la firma en lograr una industria inclusiva.
“Estamos muy comprometidos en apoyar y aportar lo que sea necesario para seguir construyendo una industria financiera en América Latina que sea inclusiva a todo nivel y que garantice que la idoneidad sea el factor determinante a la hora de acceder a distintas posiciones en las empresas”, enfatizó.
Por otro lado, Nuria Martínez, co-fundadora de Mef. fue enfática en resaltar la importancia que tiene la diversidad para la sustentabilidad a largo plazo.
“Para nosotros la diversidad no es un capricho, es un tema de sustentabilidad a largo plazo porque impacta directamente en la permanencia en el tiempo de las empresas”, afirmó Martínez.
La corporación Mujeres en Finanzas nació en 2017 como una iniciativa que apoya y promueve la participación de las mujeres en la industria financiera, sentando como base el valor y riqueza de la diversidad para las organizaciones del sector que hoy deben adaptarse a una realidad cambiante y cada vez más compleja. Francisca Parada, Head of Intermediary Business Andean Region, será la responsable de liderar la iniciativa para la región.
“Desarrollar una fuerza laboral diversa e inclusiva en todas las ubicaciones de la compañía es más que una responsabilidad corporativa, es un imperativo de estrategia de negocio y requiere una visión a largo plazo”, agregó Binello.
A mediados de este año, Mef. junto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, lanzaron la mesa “Mujeres en Finanzas”, un proyecto pionero a nivel latinoamericano que convoca al sector público y privado en el área financiera, con alcance en todo Chile. A la fecha, son 26 las entidades participantes en esta iniciativa, siendo Schroders una de ellas.
Mujeres en Finanzas fue fundada por Claudia Morales y Nuria Martínez, ambas con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero. Su directorio también lo integran Andrea Sanhueza y Pilar Vigo.
