En los mercados y en las propias instituciones -ante el bloqueo político en España- domina la incertidumbre, palabra que ha centrado el titular bajo el que esta mañana se ha celebrado en Madrid el VIII Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva, organizado por Inverco, Deloitte y la APD. Empezando por la CNMV, puesto que el mandato de la presidenta y vicepresidenta culmina el próximo 6 de octubre. Aunque José María Marcos, director general de entidades de la CNMV y ponente en el evento, no dio pistas sobre la resolución de la sucesión en un contexto carente de Gobierno, todo parece indicar que se nombrará un presidente en funciones para “que el organismo pueda seguir funcionando con eficacia”. Entre otros ámbitos, en el de los fondos de inversión, donde la actividad de la CNMV está siendo intensa.

En el ámbito nacional, el organismo está centrado en tres aspectos que afectan a la industria: en primer lugar, está vigilando la calidad de los controles internos de las entidades, analizando su gestión de los conflictos de interés y asegurando una adecuada transparencia de los productos. También ha realizado este año una revisión horizontal de los procedimientos internos de las entidades sobre las políticas de remuneración en las gestoras y, en tercer lugar, Marcos anunció en el evento que la CNMV ha iniciado recientemente, ante la proliferación de los fondos de retorno absoluto y las peculiaridades de transparencia de este tipo de vehículos, una “revisión horizontal” de este tipo de fondos.

El organismo también trabaja en mejorar la información pública periódica de las IICs, para que esa información incluya “comentarios razonados y comprensibles que expliquen la visión de mercado del gestor y cómo afecta esa visión al comportamiento de la inversión, así como una explicación cualitativa de los datos rentabilidad, costes o volatilidad de los fondos” (ya el año pasado hicieron esas peticiones a las gestoras para reforzar la transparencia).

José María Marcos realizó un balance de la evolución de la industria de fondos desde antes de la crisis, a finales de 2007, hasta este año, periodo en el que las IICs extranjeras han recuperado 71.000 millones (pasando de tener una cuota del 8% al 30% en el negocio) y en el que las españolas han sumado 45.000 millones, lo cual “pone sobre la mesa un elemento sobre el que se debería reflexionar: cuál es el valor añadido que pueden aportar las gestoras internacionales para ganar cuota de mercado”.

En este tiempo los partícipes han aumentado y ahora se acercan a 8 millones, si bien Marcos hizo hincapié en su composición, marcando fuertes divergencias con Europa en cuanto a la participación del inversor institucional. “En España, el 82% del patrimonio en fondos está en manos de personas físicas y en Europa esa cifra es del 25%. Por el contrario, en España la presencia de inversores institucionales, como firmas de seguros y pensiones, no alcanza el 5% frente a la media europea, situada en el 37,2%”. Para Marcos, hay que poner el foco en este dato puesto que la “presencia de institucionales es un indicador de madurez del sector y del valor añadido que aporta la gestión en un país”.

Uso de jurisdicciones foráneas

Además, en el caso de los partícipes españoles de fondos, la mayoría son residentes y menos del 1,2% del patrimonio está en manos de los no residentes. Y, para dar servicio a este inversor local, las gestoras dan uso no solo de la jurisdicción española sino también de las foráneas: “Se ha hecho un uso escaso del pasaporte al producto aunque el pasaporte en la gestión ha tenido más éxito: 53 gestoras han pedido el pasaporte y 46 de ellas lo han hecho para operar en Luxemburgo”, indica Marcos.

Para Angel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, podrían tomarse medidas para evitar ese flujo hacia otras jurisdicciones. En el evento, pidió una reducción de las cargas administrativas a las gestoras españolas en “un entorno más complicado en el que los costes han aumentado”; también la necesidad de una resolución de las cuentas ómnibus para fondos pre-existentes (porque la normativa solo para los nuevos fondos implica que las entidades no se plantean la transferencia de este modelo de registro para sus fondos establecidos); además, habló de aumentar el envío de información periódica por medios telemáticos y pidió una equiparación de los requisitos financieros y fiscales de las IICs españolas a sus homólogas europeas, en temas como la regulación del préstamo valores -que beneficiaría a los partícipes al facilitar la obtención de mayores retornos- o la no exigencia de un requisito de inversores mínimos, que no está en la directiva comunitaria. «La directiva da el carácter colectivo a una IIC no por tener un número mínimo de partícipes exigidos, sino por el carácter abierto del vehículo”, dice; de ahí que pide que se elimine esa exigencia que no se da en otros países, porque en España -donde se exigen 100 partícipes- supone una dificultad añadida para la comercialización de fondos. “Esta equiparación evitaría que ese tránsito hacia otras jurisdicciones se potencie: más de 30 gestoras españolas han domiciliado productos en otros países de la UE no para vender a no residentes sino para vender vehículos en España en determinados segmentos”, aseguró.

Visión futura

“Los gestores y participantes del mercado tienen retos importantes derivados de la incertidumbre económica que lleva a la búsqueda de rentabilidades, mientras en la CNMV se registran productos con costes muy bajos, no vistos antes. También el reto está en buscar al inversor internacional e institucional. Hay oportunidades por la necesidad de aumentar el ahorro a largo plazo, el auge de la financiación no bancaria… el éxito a medio plazo pasa por poner en el centro de las decisiones al inversor. Se debe integrar en la cultura corporativa de las entidades la defensa del inversor diseñando productos adecuados, alineando sus intereses con los de la gestora, evitando conflictos interés y realizando un cumplimiento real y no formal a la normativa. Y también con costes razonables y transparentes”, añadió Marcos.

Regulación internacional

José María Marcos también explicó cómo afectará al sector de la gestión de activos en España la aplicación de la normativa internacional, haciendo hincapié en la necesidad de que las políticas regulatorias tengan en cuenta los costes para la industria y recordando que los fondos –salvo los monetarios con NAV constante en EE.UU.- no han generando episodios de inestabilidad financiera. E indicando que ESMA tendrá un creciente peso en Europa, como consecuencia de la estrategia de la convergencia supervisora.

Marcos habló de la unión del mercado de capitales en Europa, de la que aún no hay nada concreto (que trata de fomentar la financiación no bancaria y busca el acceso de los inversores a una gama más amplia de productos para beneficiarse de la competencia en términos de costes y de retornos); y sobre todo de MiFID II, que, en lo que se refiere a productos complejos y no complejos, dijo, tendrá un efecto muy limitado, porque si el producto es complejo solo obliga a realizar un test de conveniencia, algo que ya se realiza al vender el 90% de fondos.

Pero sí impactará a nivel de distribución, sobre todo en el ámbito de las retrocesiones, que se podrán cobrar si se demuestra que el distribuidor está aumentando la calidad del servicio de esa forma. Aquí surgen incertidumbres, pues habrá que ver en qué se traducirá ese aumento de calidad, dice Marcos, una duda aún no despejada porque todo dependerá de la trasposición que se haga en España de la normativa y de las decisiones estratégicas que tomen los participantes del mercado. “Cada entidad deberá tomar sus propias decisiones: desde el desarrollo de un sistema de plataformas de solo ejecución donde se cobre por la intermediación; hasta un sistema de venta asistida; o una evolución hacia esquemas en que se reconozca asesoramiento al cliente, automatizado o no. También podría darse una evolución hacia menores niveles de arquitectura abierta, aunque esto no encajaría con los objetivos perseguidos”, dice Marcos, que niega una revolución en los incentivos, sino una evolución.

Sobre el gobierno de los productos, Marcos habló de la definición de un público objetivo y de la necesidad de garantizar que el producto se distribuya en ese mercado definido (lo que afecta a gestoras y distribuidores) y, sobre UCITS V, explicó que, para las gestoras en las que el depositario pertenezca al mismo grupo, se exigirá desde el 13 octubre que la gestora designe consejeros independientes.