La industria de la gestión de activos sigue creciendo pero en España el sector ha de hacer frente a algunos retos clave para seguir desarrollándose, como facilitar la distribución de fondos españoles a nivel internacional, permitir a las IICs realizar préstamo de valores o eliminar incertidumbre en el régimen de las sicavs, según pidió Sebastián Albella, presidente de la CNMV, en el marco del evento “Regulación, consolidación y otras tendencias en la gestión de activos” organizado esta mañana por KPMG, en el que también defendió el buen estado de la supervisión de la industria en España: “La industria de la inversión colectiva ni es banca, ni está en la sombra”, resumió.

Albella reconoció que aún quedan asignaturas pendientes, como la comercialización de fondos españoles a través de terceros y a nivel internacional. “En España tenemos muy buenos gestores, y no solo value, y es una pena que no haya más distribución de fondos en el mercado global”. Existían dos problemas regulatorios: uno de ellos, el de las cuentas ómnibus, ya fue solucionado en 2018 (“El anterior sistema obligaba a las gestoras a mantener dos sistemas de registro y generaba distorsiones y costes excesivos, pero ya se resolvió”) pero aún queda otro tema pendiente, y es el régimen de responsabilidad fiscal en España por el cumplimiento por parte de los distribuidores extranjeros de las obligaciones de declaración y posible retención a residentes en España que pudieran comprar los fondos en el extranjero: “Genera aprensión y temor pensar que los incumplimientos de un distribuidor de otro país pueda reportar riesgos al partícipe si Hacienda reclama: es un tema a resolver y vamos a insistir desde la CNMV”, explicó.

En su opinión, este problema dificulta la capacidad de las gestoras españolas para distribuir fuera y determina que acaben creando fondos clónicos luxemburgueses para distribuir en el exterior, cuando lo lógico sería distribuir directamente el producto español.

Préstamo de valores y exigencias informativas

Otra asignatura pendiente es que se autorice a las IICs realizar préstamo de valores para obtener mayor rentabilidad, 12 años después del borrador que se preparó en 2007-2008: “Es comprensible que no saliera en ese periodo de crisis y momento en el que hubo prohibiciones de posiciones cortas etc, pero somos el único país europeo en el que sigue sin ser posible que las IICs presten valores, y además hay que tener en cuenta que los valores en manos de las IICs no llegan al 4% del total, de forma que el efecto del potencial préstamo sobre la liquidez sería ridículo. Vamos a insistir para cambiarlo”.

A estos retos regulatorios, Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, añadió el de la regulación de los fondos institucionales (que establece un número máximo para algunos inversores), el principio de proporcionalidad para la autorización de nuevos fondos –aunque ya hay una guía técnica por la que la CNMV ha agilizado la autorización para las gestoras, hay que seguir avanzando para productos y vehículos- o la revisión de las exigencias de información de la CNMV a gestoras y partícipes, con requisitos que no hay en Europa. “Debemos seguir quitando eñes a nuestra legislación, es decir, requisitos que no existen en la normativa europea o nacional de países que compiten con España en gestión de fondos”, defendió.

Retos con el nuevo gobierno: sicavs, pensiones, tasa Tobin y ESG

Otro de los eternos retos del sector es la posible nueva regulación sobre las sicavs, que siguen en la cuerda floja ante una incertidumbre regulatoria que se ha llevado por delante 770 entidades en tres años y medio. “Hay alguna referencia en los pactos del gobierno de coalición, y la parte positiva es que podría cesar la incertidumbre”, dijo Albella, poniendo en valor al sector, al ser “una opción bastante similar a los fondos, un vehículo transparente y abierto a cualquier inversor”. Pero, advirtió, si se siguen poniendo trabas como la exigencia de un número mínimo de partícipes (en la normativa europea la condición de inversión colectiva se vincula más al carácter abierto de las IICs que a que cuenten con un número mínimo de inversores, algo que solo sucede en Portugal y España) o se perjudica su régimen, podrían perderse muchos empleos en la industria y podría caer también su inversión en los mercados nacionales: “Las sicavs son claves en el desarrollo de la banca privada, muy valiosas para nuestro sistema financiero, con 2.569 sociedades a finales de 2019, con 30.000 millones de euros en activos, y que cuentan con el mismo número de asesores, auditores o secretarios. Si esta parte de la industria se deslocalizase, esos empleos se irían fuera y sería una pena. Y si acabaran convirtiéndose en vehículos no españoles, su propensión a invertir en activos españoles sería menor”, advierte el presidente de la CNMV: “Vamos a estar atentos, con espíritu constructivo y respeto, a las propuestas que se hagan pero tratando de contribuir a un debate para que se valore el vehículo sin prejuicios ni leyendas”, dijo.

“Cualquier modificación negativa o mantenimiento de la incertidumbre fiscal llevará no a que desaparezcan las sicavs en España pero sí las sicavs españolas en España, algo doblemente triste”, añadió el presidente de Inverco.

Martínez Aldama añadió otras peticiones al nuevo gobierno: la necesidad de tener un marco estable y estimulante para promover el ahorro financiero o la necesidad de incentivar mucho más desde un punto vista financiero y fiscal los planes de pensiones, especialmente el sistema de empleo, sin que ello vaya en detrimento del sistema individual: “Abogamos por un plan estratégico del sistema de pensiones con el objetivo puesto en 2030 y 2040 para ver cuál debe ser el nivel que podemos sostener a efectos de poder mantener pensiones adecuadas. Conocer la pensión estimada es una obligación, pendiente de desarrollo reglamentario, y promovemos un sistema de autoafiliación similar al de Reino Unido -que permita que el 100% de los trabajadores tengan un sistema complementario de capitalización para las pensiones futuras- y mantener un sistema de estímulo fiscal, mejorando la tributación de las prestaciones y favoreciendo la canalización de la riqueza de las familias desde activos inmobiliarios –que suponen el 80% de la riqueza- hacia los vehículos de gestión colectiva de rentas financieras, mediante la exención fiscal que hoy tienen las rentas vitalicias”.

Sobre el impuesto a las transacciones financieras, el presidente de Inverco fue muy crítico y advirtió de los efectos reductores de rentabilidad para los inversores: “No se debe llamar tasa Tobin, sino impuesto, y lo van a pagar los ahorradores que inviertan en bolsa española. En los ETFs puede tener un efecto deslocalizador en España si no se aprueba de forma coordinada a nivel europeo y creará impacto en los partícipes”: según Inverco, los ahorradores en fondos perderán un 7,4% en 25 años y los de fondos de pensiones, un 5,6% de su dinero para la jubilación.

Y también pidió “un puerto seguro en la regulación ESG”, en la que aún hay incertidumbre sobre aspectos como la inclusión del riesgo de sostenibilidad -que debe ser integrado en los procesos de las entidades al igual que se gestionan otros riesgos-, las nuevas normas de reporte o el deber de las gestoras de explicar a los clientes algunas realidades, como el hecho de que se reduzca el universo de inversión. “Va a haber costes de implementación porque las entidades han de transformar sus procesos internos de riesgo y selección de activos, contratar a expertos, hacerse con nuevas herramientas…”, advirtió.

Ni banca, ni en la sombra

En la conferencia, tanto Inverco como la CNMV incidieron en la fuerte regulación a que está sujeto el sector de la inversión colectiva, frente a las voces críticas que hablan de “banca en la sombra”, y de escasa regulación y riesgos para la estabilidad del sistema financiero. “La industria de la inversión colectiva ni es banca, ni está en la sombra”, dijo Albella, poniendo en valor la regulación de la inversión colectiva en España, los UCITS en Europa y también la regulación de la inversión alternativa: “Se suele decir que es una actividad insuficientemente regulada a diferencia de la bancaria y se llama la atención sobre el contraste entre la liquidez real de las carteras de los fondos y la promesa de liquidez a corto plazo con la que se comercializan, añadiendo que los requisitos de recursos propios de las gestoras son insuficientes y que es un hándicap que no tengan acceso a la liquidez del BCE. La inversión colectiva es una actividad muy distinta de la bancaria, pues quien invierte en fondos debe saber que invierte en un conjunto de activos sujetos a variaciones de precios en función de los mercados. A lo mejor es necesaria mayor educación financiera para que esta realidad se comprenda, pero hay que entender que la banca y esto son realidades diferentes y la inversión colectiva cuenta con un enfoque de supervisión más basado en la supervisión y el seguimiento de actividades que en la solvencia”, dijo.

Así, defendió una supervisión “más que razonable” y dijo que “en España, somos alumnos aventajados” debido a la gran cantidad de información de la que disponen los supervisores, con reportings sobre la composición de las carteras de las IICs de modo informatizado para su fácil tratamiento. “Vamos perfeccionando las herramientas de análisis de esa información y haciendo más eficaz la supervisión”, añadió, basada en la regulación española e internacional.

Albella puso tres ejemplos: en primer lugar, sus análisis regulares que dan lugar a informes en los que se detectan posibles anomalías –muy pocas y en tendencia decreciente- sobre rentabilidades, valores liquidativos atípicos o incumplimiento de límites de inversión; en segundo lugar, la revisión horizontal automatizada de aspectos cualitativos de la información contenida en la información pública periódica de los fondos, algo que se hizo por primera vez en 2019. “Hemos desarrollado facilidad informática para leer la información contenida en más de 1.600 fondos, y detectar posibles incidencias para lograr que esa información se adapte a lo que debería contener. Nuestra herramienta incluye aspectos de inteligencia artificial y machine learning”, añadió.

Y por último, el análisis de la liquidez de las carteras (para identificar una posible inversión más allá de lo normal en valores menos líquidos, y obligando a las gestoras a contar con herramientas para identificar los problemas, realizar tests de estrés o tener planes de contingencia): “En renta variable, para identificar activos menos líquidos tenemos en cuenta el número de días que serían necesarios para deshacer posiciones y lo que representan en porcentaje dentro de los fondos; en renta fija nos fijamos en la existencia o no de precios en firme de diversas fuentes que los proporcionan en el mercado y en el rating –pues, en casos de estrés, el rating bajo se convierte en un elemento de potencial iliquidez-. Controlamos las inversiones en activos menos líquidos más allá de lo normal por parte de fondos o conjunto de fondos de una gestora y tratamos de corregirlo, y provocamos que las gestoras estén encima de este problema: es más un tema de actitud y enfoque general de la gestión que de normas”, aseguró.