Gustavo Petro, quien tomara posesión del gobierno de Colombia hacia mediados de agosto, viene realizando proclamas políticas tan ambiciosas como atrevidas desde el comienzo de la campaña electoral: superación del modelo extractivista, fortalecimiento de una economía productiva, reformas tributarias, agrarias, cierto retorno al proteccionismo, crecimiento turístico, etc. Ahora ha llegado la hora de su puesta en práctica, una tarea que se antoja, en muchos casos, harto complicada para el país cafetero.

Un hándicap importante a la hora de acometer reformas tan medulares puede ser la falta de mayorías claras en el Parlamento: en principio, todos los proyectos que, por su propia naturaleza, necesiten formalizarse como proyectos de ley, implicarán debates parlamentarios y cierto proceso a la hora de conseguir aliados. Así, Fitch Ratings señala que las propuestas más radicales podrían verse diluidas por la falta de mayorías claras en el Congreso, algo que hay que tener muy en cuenta para entender su futurible modificación hacia posiciones más conciliadoras con el resto del espectro político.

Transición energética

Un leitmotiv esencial en la comunicación política de Petro resulta ser la descarbonización de la economía (que él mismo ha previsto realizar completamente en una década). Tanto es así que el presidente proclamó recientemente, concretamente durante el cierre del Congreso Bancario de Asobancaria en Cartagena, ante los principales líderes de la banca colombiana que “hay que dejar de financiar actividades carbónicas, que es difícil, porque representan grandes utilidades”.

Su propuesta, que pasa por detener completamente la explotación petrolera, se ha encontrado con tantos detractores como aliados. Hay que tener en cuenta que, a día de hoy, el petróleo es la fuente principal de las exportaciones colombianas, además, el sector de los hidrocarburos aporta aproximadamente el 3,3% del producto interior bruto del país cafetero.

Un informe de Fitch Ratings recientemente publicado proclama que “Petro se ha comprometido a romper con algunos elementos clave de la política económica de Colombia, en particular poniendo fin a la dependencia del petróleo deteniendo la exploración y centrándose en las energías renovables en un esfuerzo por diversificar la economía”

Las propuestas antiextractivistas de Petro chocan, en cierta forma, con las halagüeñas predicciones que diversos organismos internacionales han realizado acerca del país al estar construidas estas en base a la ordenación y producción actual, por ejemplo, la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha proclamado que el país colombiano será el que más crezca este año en términos económicos, pero este impulso, en gran parte, se debe al alza en los mercados internacionales del precio del petróleo.

Reforma del agro

Otro punto esencial de lo que será el nuevo gobierno colombiano se encuentra en el sector de la agricultura. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, desveló las claves de la que será una nueva reforma agraria en el país, reforma que pretende ahondar y actualizar, en varios sentidos, la Reforma Rural Integral incluida como punto 1 del Acuerdo de Paz entre la guerrilla y el Estado. En líneas generales, la propuesta plantea la necesidad de redistribuir tierras fértiles e improductivas mediante instrumentos fiscales y compra de tierras (se calcula que actualmente alrededor de tres millones de hectáreas están destinadas a ganadería extensiva o no tienen uso alguno). La reforma también pretende potenciar la producción de alimentos como un motor crucial de la economía nacional y frenar la deforestación, especialmente en zonas previamente controladas por las FARC en la selva amazónica. Todos estos objetivos deberán ser conjugados con la potenciación de la industria del cannabis medicinal, otros de los objetivos del gobierno de Petro.

Comercio internacional

En muchos sentidos, el nuevo dirigente tiene una visión proteccionista del comercio internacional: siempre se ha mostrado como un aliado a la hora de llevar a cabo impulsos para la industria nacional, aumentar aranceles o revisar algunos de los tratados de libre comercio vigentes en aras de conseguir una posición más ventajosa para el país. Sin embargo, estos nuevos derroteros se recorrerán de forma pacífica, o así invita a pensar tanto la reunión del presidente con representantes del gobierno de EE. UU, como el nombramiento de Álvaro Leyva Durán, de tono moderado y conciliador, como ministro de Relaciones Exteriores. En cualquier caso, habrá que esperar para ver cómo toman forma estos propósitos. Cabe mencionar que, en un plano más general, elementos gestionados desde este ministerio como la alta inmigración venezolana que llega al país pueden desencadenar movimientos muy hondos en la economía de la nación receptora.

Fiscalidad: un aspecto clave del nuevo gobierno

Una de las propuestas más populares del dirigente se mueve en el ámbito fiscal: se trata de una reforma tributaria que, según los cálculos gubernamentales, aumentaría los ingresos en un 5% del PIB, destinando la mitad de estas nuevas entradas al sufragio de nuevos gastos, mientras que la otra mitad sería destinada a reducir el déficit, un déficit que, junto al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, muchos tíldan de ”insostenible” con una suma cercana a los 15.000 millones de euros perdidos cada ciclo económico, cifras que se dispararon en gran medida a raíz de la pandemia, en 2020.

El presidente ha planteado en varias ocasiones aumentar la recaudación reduciendo las exenciones a las empresas, lo que le evitaría tener que utilizar los impuestos directos. Esta propuesta pasa por la reformulación de un sistema fiscal que, según la visión gubernamental, alimenta unos beneficios tributarios no justificados, mientras que introduce distorsiones en la competencia de los agentes económicos.

Otra de las propuestas ambiciosas de Petro es la creación de un gran fondo pensional: una cartera contributiva obligatoria para más del 90% de trabajadores que sería administrada por el Estado. La reforma también contemplaría la regularización de los trabajadores informales, tan numerosos en el país.