Ningún presidente peruano ha completado un mandato completo desde 2016. El último en hacerlo fue Ollanta Humala, quien posteriormente fue condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero agravado. Lo que siguió fue una década de siete presidencias fallidas, caracterizadas por un liderazgo ineficaz, corrupción, sobornos, destituciones, dimisiones y un intento de golpe de Estado.
Un total de 34 candidatos presidenciales
Esa misma inestabilidad domina ahora el panorama electoral. Las próximas elecciones generales de Perú, que se celebrarán el 12 de abril de 2026, cuentan con un número récord de candidatos presidenciales, con 34 inscritos oficialmente, frente a los 18 de las elecciones de 2021.
Los candidatos representan todo el espectro político, desde la extrema izquierda, la izquierda, el centro, la derecha y la extrema derecha, incluyendo populistas y tradicionalistas, así como figuras del establishment y outsiders de alto perfil, como un comediante y un exfutbolista que también es exalcalde.
Entre los candidatos de izquierda se encuentran figuras vinculadas a Perú Libre y a plataformas marxistas. Vladimir Cerrón sigue siendo una figura destacada de la extrema izquierda, aunque sus problemas legales limitan su candidatura, y Ronald Atencio se perfila como una alternativa notable.
Los candidatos centristas abarcan desde reformistas moderados hasta figuras políticas consolidadas. Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, se posiciona como un reformista moderado. Figuras como Yonhy Lescano y César Acuña también ocupan posiciones centristas, al igual que el exalcalde y exfutbolista George Forsyth.
En la derecha, el campo es amplio, pero carece de un candidato dominante. Rafael López Aliaga, un conservador exalcalde de Lima, ha obtenido un apoyo significativo gracias a sus posturas duras contra la delincuencia y su retórica favorable a los negocios. Keiko Fujimori, más conocida tras tres candidaturas presidenciales anteriores, sigue siendo una figura clave, pero también polariza, lo que limita el techo de votos que puede alcanzar. Otras figuras de derecha son el periodista y presentador de televisión Philip Butters, así como candidatos conservadores centrados en el ejército o la seguridad, como Roberto Chiabra, junto con personalidades de los medios de comunicación como Carlos Álvarez, que se presentan como outsiders.
Sin embargo, en todas las encuestas, todos los candidatos se enfrentan a un electorado caracterizado por unos niveles inusualmente altos de indecisión. En múltiples sondeos, los votantes indecisos constituían una cifra elevada. Las encuestas realizadas a finales de 2025 y principios de 2026 también indican una amplia dispersión de las intenciones de voto. Rafael López Aliaga y Vizcarra han liderado varias encuestas con un apoyo moderado de un solo dígito, mientras que la posición de Fujimori fluctúa por debajo de sus resultados electorales anteriores.
Seguridad frente a corrupción
Aunque la corrupción sigue siendo endémica, como lo demuestran las condenas de antiguos funcionarios y las continuas acusaciones en todas las administraciones, ya no domina el discurso público en el ciclo actual en la misma medida que las preocupaciones económicas y de seguridad.
Los analistas observan un cambio en las prioridades hacia el orden y la seguridad pública, especialmente en las zonas urbanas y periurbanas, donde han aumentado los índices de delincuencia, incluida la violencia relacionada con la minería ilegal y las actividades de las bandas. En algunas regiones, los enfrentamientos entre delincuentes han provocado disturbios en la comunidad y han puesto de manifiesto las deficiencias en la aplicación de la ley.
Se espera que las influencias externas en las elecciones sean moderadas en comparación con otras contiendas regionales. Los gobiernos de izquierda del hemisferio muestran una intervención directa limitada, mientras que los partidos alineados con plataformas promercado pueden recibir atención o compromiso tácito por parte de los Estados Unidos y las partes interesadas internacionales, principalmente en torno a la inversión y la cooperación en materia de seguridad.
Un nuevo Senado
Para abordar la fragmentación política del Perú y fortalecer los controles y equilibrios, una importante propuesta de cambio institucional es la transición del antiguo sistema legislativo unicameral del Perú a un sistema bicameral que introduciría un Senado junto a la actual Cámara de Diputados.
El nuevo Senado estaría compuesto por 60 miembros, la mitad elegidos por circunscripciones territoriales y la otra mitad a nivel nacional, lo que exigiría a los candidatos tener atractivo tanto a nivel local como nacional. Si bien el Senado no iniciaría la legislación, tendría un poder decisivo en la aprobación de leyes y en la resolución de los resultados de los procesos de destitución tras la remisión de la cámara baja. Esta estructura bicameral también tiene por objeto equilibrar los poderes que actualmente se concentran en los titulares de cargos públicos y los ministerios.
Los defensores de la reforma argumentan que podría frenar la dispersión política al aumentar las barreras de entrada mediante umbrales electorales y una representación regional equilibrada, reduciendo así la proliferación de micropartidos. Al exigir un apoyo nacional más amplio y reforzar el control legislativo, el sistema bicameral se presenta como una salvaguarda contra los gobiernos de coalición débiles y las redes de clientelismo informales. Sin embargo, los críticos advierten que la introducción de una segunda cámara podría provocar un bloqueo entre ambas cámaras, especialmente si la alineación política diverge.
Resiliencia macroeconómica con fragilidades estructurales
Las perspectivas económicas de Perú presentan un panorama mixto. Por un lado, se ven obstaculizadas por debilidades estructurales de larga data que los sucesivos gobiernos han tenido dificultades para abordar. La más persistente es la informalidad. Aproximadamente el 70 % del empleo sigue estando fuera de la economía formal, lo que limita considerablemente la recaudación de impuestos, restringe las ganancias de productividad y deja a amplios segmentos de la población sin acceso a pensiones, seguro médico o protección por desempleo. Esta estructura informal también debilita la transmisión de las políticas públicas, lo que dificulta la implementación y el mantenimiento de las reformas fiscales y sociales.
El sistema de pensiones refleja estas distorsiones. La cobertura sigue estando fragmentada entre los planes públicos y privados, y las cotizaciones son bajas debido al empleo informal generalizado. Las repetidas retiradas de fondos de pensiones privados en los últimos años han erosionado aún más el ahorro a largo plazo, reduciendo la capacidad del sistema para proporcionar unos ingresos adecuados para la jubilación y debilitando los mercados de capitales nacionales. Aunque periódicamente surgen propuestas de reforma, la inestabilidad política ha frenado en repetidas ocasiones su aplicación significativa, dejando intactas en gran medida las vulnerabilidades estructurales.
Persisten las limitaciones internas y la fragilidad política, pero los resultados económicos de Perú han sido relativamente sólidos. A pesar de los frecuentes cambios en el liderazgo, el país ha mantenido la disciplina macroeconómica durante casi dos décadas. La política fiscal se ha mantenido conservadora y la continuidad institucional en el banco central ha aislado la política monetaria de las presiones políticas a corto plazo.
La deuda pública de Perú se sitúa en torno al 32 % del PIB, muy por debajo de los niveles de las principales economías de la OCDE. En comparación, la deuda de Estados Unidos supera el 120 % del PIB, mientras que la de Alemania, a menudo considerada un modelo de disciplina fiscal, se mantiene por encima del 60 %. Tras ampliarse durante la pandemia y alcanzar un máximo superior al 3,5 % del PIB en 2024, el déficit fiscal de Perú se ha ido reduciendo y se espera que se acerque a los objetivos oficiales en 2025 y 2026, con un ajuste más rápido que en muchas economías avanzadas en las que se han afianzado déficits elevados.
La gestión de la inflación es otra área en la que Perú sale favorecido. Las presiones sobre los precios se han mantenido en gran medida dentro del rango objetivo del banco central, gracias a una política monetaria creíble y a un marco monetario estable. Esto contrasta con los prolongados episodios inflacionistas observados recientemente tanto en Estados Unidos como en algunas partes de Europa, donde los bancos centrales se han visto obligados a aplicar ciclos de endurecimiento agresivos con resultados desiguales en materia de crecimiento.
Las perspectivas de crecimiento, aunque modestas, también son relativamente estables. Se prevé que el PIB crezca entre un 3 % y un 3,5 %, impulsado por la inversión minera, los proyectos de infraestructura y la demanda constante de exportaciones. Este ritmo supera el crecimiento previsto en Alemania y es comparable, o ligeramente superior, a las proyecciones a medio plazo para Estados Unidos, incluso con la incertidumbre política mucho mayor que existe en Perú. Los altos precios de las materias primas y una sólida cartera de inversiones en minería siguen proporcionando un ancla externa para el crecimiento, mientras que la inversión privada sigue siendo sensible a los resultados electorales.
Perú se acerca a las elecciones de 2026 con un número récord de candidatos presidenciales y un sistema de partidos fragmentado que refleja un profundo cansancio institucional, junto con un creciente reconocimiento de que el statu quo es insostenible. La volatilidad política ha debilitado la gobernanza y la confianza pública, lo que ha llevado a los votantes a preocuparse por la seguridad, la estabilidad y la rendición de cuentas. La propuesta de reintroducir un Senado ofrece una posible vía para una corrección gradual, al elevar el nivel de representación, reducir la fragmentación y reforzar la supervisión legislativa. Desafíos persistentes como la informalidad y las deficiencias del sistema de pensiones siguen sin resolverse, pero la capacidad del país para preservar la estabilidad macroeconómica a pesar de las repetidas crisis políticas sugiere una base más sólida de lo que el ciclo político por sí solo podría indicar.
Columna de Michaël Vander Elst, director de Mercados Emergentes de DPAM
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