La Unión Europea da un nuevo paso en su objetivo de convertir al ahorrador europeo en inversor, tras el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el marco actualizado para la Retail Investment Strategy (RIS). Aunque aún no se dispone del texto oficial, las medidas avanzadas conllevan cambios relevantes en la distribución de productos financieros en la Unión Europea (UE), especialmente en lo que se refiere a costes de los productos, incentivos y asesoramiento.
Para comprender las medidas acordadas, es necesario recordar que «el paquete busca reforzar la protección del inversor minorista al exigir a las entidades que identifiquen y evalúen todos los costes y cargos de los productos para garantizar que sean justificados y proporcionales, mejorando además la información estandarizada (como los KID) para hacer más visibles y comparables los costes, riesgos y rentabilidades. Al mismo tiempo, introduce un marco más simple en la experiencia del cliente, manteniendo la prueba de idoneidad, pero flexibilizándola para productos diversificados y no complejos. También refuerza las normas sobre incentivos para evitar conflictos de interés y exige mayor transparencia en comisiones», explica el Consejo Europeo en su nota oficial.
Entre los aspectos más destacados, analizados desde finReg360, se encuentra la obligación de las entidades fabricantes de demostrar que los costes y gastos soportados por los inversores son razonables y adecuados (“Value for Money”). Para instrumentos financieros, esto se realizará mediante comparativas internas con productos similares, mientras que para productos de seguros se usarán benchmarks elaborados por la Autoridad Europea de Pensiones y Seguros (EIOPA). Estos benchmarks se elaborarán a efectos de supervisión y se abre la puerta a que existan benchmarks nacionales durante los primeros cuatro años tras la entrada en vigor de las nuevas normas.
«Sobre la base de estándares acordados, la directiva UCITS y la directiva AIFMD, así como referencias supervisoras para productos sujetos a la directiva de distribución de seguros (IDD), deberán evaluar si los costes y cargos totales están justificados y son proporcionales. En caso contrario, dichos productos no deberán aprobarse para su comercialización», especifican las autoridades.
Test de incentivos y asesoramiento
Asimismo, se introduce un test de incentivos o “inducement test” que busca garantizar un beneficio tangible para el cliente cuando las entidades perciban retrocesiones o incentivos de terceros. Aunque, por el momento, se desconocen los requisitos concretos de dicho test.
El paquete acordado introduce salvaguardas para combatir los conflictos de interés de los asesores financieros mediante el refuerzo de las normas sobre incentivos (honorarios, comisiones, beneficios monetarios o no monetarios). Según los reguladores europeos, los textos legales actualizados refuerzan la obligación de que las entidades y los asesores actúen de forma honesta, justa y profesional, atendiendo al mejor interés del cliente. «Deberán garantizar que cualquier incentivo suponga un beneficio tangible para el cliente y que el coste del incentivo se publique de forma clara y separada del resto de comisiones y cargos. Los Estados miembros que deseen introducir una prohibición de incentivos podrán seguir haciéndolo», indican. De hecho, en materia de asesoramiento, se refuerza la obligación de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, intensificando la gestión de conflictos de interés, dicen en finReg360.
El acuerdo también prevé medidas adicionales, como asesoramiento simplificado para productos no complejos, y la posibilidad de que clientes minoristas se clasifiquen como profesionales. Con respecto al primer punto, el texto se apoya en otros mecanismos para mantener un elevado nivel de protección del inversor evitando cargas innecesarias para las entidades de inversión, las aseguradoras y los intermediarios de seguros. “La prueba de idoneidad que ya realizan estas entidades garantiza que a los clientes se les recomienden productos adecuados a su situación financiera, necesidades y objetivos. Este enfoque ajusta los productos de inversión a los perfiles individuales y protege frente a ofertas inadecuadas”, defienden las instituciones europeas en el comunicado. No obstante, en el nuevo marco simplificado, los asesores que recomienden a consumidores instrumentos diversificados, no complejos y eficientes en costes ya no estarán obligados a evaluar los conocimientos y la experiencia en inversión del cliente como parte de la prueba de idoneidad.
La propuesta también introduce claridad para el concepto de cliente profesional. Según el acuerdo alcanzado, se considera que los inversores con mayor experiencia no necesariamente necesitan el mismo nivel de protección que el inversor minorista medio. Teniendo esta premisa en cuenta, el marco actualizado permitirá que un mayor número de inversores minoristas sea tratado como cliente profesional. «Para ello, deberán cumplir al menos dos de los tres criterios siguientes: haber realizado 15 operaciones significativas en los últimos tres años, 30 operaciones en el último año, o 10 operaciones superiores a 30.000 euros en empresas no cotizadas en los últimos cinco años; que el tamaño de su cartera haya superado, de media, los 250.000 euros en los últimos tres años; y haber trabajado y desarrollado actividades relacionadas en el sector financiero durante al menos un año o, como nuevo criterio alternativo, poder acreditar formación o educación en estas actividades y capacidad para evaluar riesgos», aclaran desde el Consejo Europeo y añaden dos matices: «El criterio alternativo de formación y educación no podrá combinarse con el criterio de cartera. Asimismo, los directivos y consejeros de entidades financieras sujetos a evaluaciones de idoneidad, así como los empleados de gestoras de fondos de inversión alternativos (AIFM) con experiencia suficiente, serán tratados como clientes profesionales.
Un KID simplificado
La norma también contempla la simplificación del KID de PRIIPs. En este sentido, mejora la información estandarizada sobre los productos de inversión, como los Documentos de Datos Fundamentales (KID), que las entidades deben publicar para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas. En opinión de las instituciones europeas, la información sobre costes, riesgos y rentabilidades esperadas será más visible y accesible. «Las plantillas actualizadas que deberán utilizar las entidades serán desarrolladas y publicadas por las autoridades europeas de supervisión competentes. Además, treinta meses después de la entrada en vigor de las nuevas normas sobre PRIIP, la información de los KID deberá proporcionarse en un formato legible por máquina», indican.
Por último, las medidas alcanzadas prestan atención a la los llamados finfluencers y establece requisitos adicionales para ellos. Según explican de las instituciones europeas, la RIS también quiere impulsar la educación financiera y supervisa la actividad de los finfluencers.
Según explican desde finReg360, el acuerdo deberá ser aprobado formalmente por el Parlamento y el Consejo, previsiblemente durante el primer semestre de 2026. Una vez publicado en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros tendrán 24 meses para su transposición, y las nuevas medidas entrarán en vigor 30 meses después de su publicación, salvo las que afectan al Reglamento de PRIIPs, que se aplicarán a los 18 meses.
Este marco busca aumentar la transparencia, proteger al inversor minorista y fomentar un mercado financiero más justo y eficiente en toda la UE.
Por Funds Society
