La Comisión Europea ha puesto en consulta pública, hasta el 29 de enero de 2026, dos propuestas legislativas del nuevo paquete normativo sobre pensiones complementarias, con el objetivo de actualizar y agilizar la normativa vigente. Según explican los expertos de finReg360, las propuestas se refieren a la revisión de la directiva IORP II y del reglamento PEPP.
«Respecto a la directiva IORP II, la Comisión plantea permitir a los Estados miembros ampliar el ámbito de aplicación a instituciones que gestionen prestaciones de jubilación no cubiertas por la normativa prudencial de la Unión Europea (UE). Además, en algunos Estados miembros, las instituciones de previsión para la jubilación (IORP) o los fondos de pensiones de empleo podrán actuar como proveedores de pensiones personales, incorporando esta actualización a la normativa prudencial», apuntan desde la firma.
En concreto, la propuesta también detalla el procedimiento de autorización de los fondos de pensiones de empleo, que incluye una evaluación prudencial y un plan de negocio, y simplifica la operativa y las notificaciones en actividades transfronterizas, incluyendo las transferencias nacionales. Por otro lado, establece que los fondos de pensiones que no estén sujetos a requisitos regulatorios de fondos propios basados en riesgo y que asuman riesgos biométricos o proporcionen garantías deberán pasar una prueba de resistencia cada tres años.
Según añaden desde finReg30, en materia de inversión, la iniciativa redefine el principio de prudencia, promoviendo un enfoque equilibrado entre riesgo y rentabilidad y limitando la capacidad de los Estados miembros para imponer reglas de inversión más estrictas, excepto cuando el riesgo recaiga sobre los partícipes o beneficiarios. «A cambio, introduce principios adicionales de política de inversiones. Asimismo, la propuesta refuerza los mecanismos de gobernanza y los sistemas de gestión y control de riesgos, adaptándolos al cambio generalizado de los fondos de esquemas de prestación definida hacia modelos de aportación definida», matizan.
En su opinión, la normativa también refuerza las normas de conducta y la protección de los partícipes, exigiendo que los fondos actúen de forma honesta, justa y profesional, siempre velando por el mejor interés de los beneficiarios, entendido como la obtención de retornos adecuados al riesgo y eficientes en costes. «Se establece además la obligación de contar con procedimientos para gestionar quejas y reclamaciones, y se fortalecen las obligaciones de información hacia los partícipes y beneficiarios, tanto en la fase de acumulación como en la de cobro. La propuesta avanza hacia una presentación común del “pension benefit statement” e introduce nuevas exigencias informativas para los sistemas de seguimiento de pensiones y los partícipes cuando los rendimientos sean inferiores a los índices de referencia fijados por las autoridades nacionales competentes», destacan
Modificación del reglamento PEPP
En cuanto al reglamento PEPP, la Comisión propone eliminar el límite de costes del 1% del PEPP básico y sustituirlo por un enfoque centrado en la relación calidad-precio. Para garantizar esta relación, el diseño del producto debe ser evaluado durante el proceso de registro, y las autoridades nacionales deberán supervisar los productos para identificar aquellos que no cumplan con este estándar, tomando como referencia índices definidos por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y considerando las explicaciones del proveedor sobre la justificación y proporcionalidad de los costes.
«La revisión también elimina la obligación de ofrecer subcuentas nacionales en al menos dos Estados miembros y suprime el asesoramiento obligatorio en la oferta del PEPP básico, salvo que lo solicite el ahorrador, siendo este tipo de asesoramiento independiente. Se establece que los empleadores podrán realizar aportaciones al PEPP siempre que la normativa social y laboral nacional lo permita y sin afectar al funcionamiento del sistema de pensiones ocupacional existente. Además, se actualiza el contenido del documento de datos fundamentales del PEPP y se elimina la obligación de ofrecer un PEPP básico cuando existan PEPP personalizados que aseguren una protección suficiente», destacan desde finReg360.
Con estas medidas, apunta los expertos de la firma, la Comisión Europea busca modernizar y hacer más eficiente la regulación de las pensiones complementarias en la UE, invitando a todos los interesados a participar en la consulta pública antes del 29 de enero de 2026.
Por Funds Society, Madrid
