En México, actualmente el Congreso del país analiza la propuesta de reforma legislativa de la presidencia para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con un horizonte de implementación que terminaría en 2030. Sin embargo, podrían registrarse efectos económicos importantes, cuando menos en el corto plazo, según un análisis del área de estudios económicos de Banamex.
«Considerando que las MiPyME’s, que representan más del 99% del total de empresas, generan 40% del PIB del país y 65% del empleo, podrían ser más vulnerables a los incrementos en costos y que esta reforma generaría presiones en ese sentido, es muy probable que la misma tenga un impacto negativo en la actividad y el empleo, por lo menos de este sector», explica la firma en su reporte.
Con el objetivo de mitigar el impacto económico estimado en un aumento de costos laborales, el gobierno propone una serie de subsidios dirigidos a las MiPyME’s. Estos incluyen incentivos fiscales (reducciones en el ISR), créditos blandos a través de Nacional Financiera o el Banco del Bienestar, y programas de capacitación y digitalización del Servicio Nacional de Empleo para mejorar la productividad.
Sin embargo, la iniciativa todavía carece de detalles sobre el diseño de los subsidios, lo que ha generado incertidumbre sobre su suficiencia para cubrir costos, especialmente para microempresas, según la firma financiera. La falta de un plan claro, sobre todo para sectores con altas tasas de informalidad (como el comercio y la construcción), limita su alcance, ya que los trabajadores informales no están protegidos por la LFT. Además, no aborda explícitamente cómo incentivar la productividad en empresas con recursos limitados, un desafío crítico dado el rezago histórico
de México en este ámbito.
Posible reducción del crecimiento PIB en el horizonte
«Especialmente en sectores intensivos en mano de obra, la reducción de horas laborales implica una disminución inicial en la producción por trabajador. La reducción de 16% en las horas trabajadas (de 48 a 40 horas) aplicaría para la parte formal del 25% de la población ocupada que trabaja más de 48 horas (la cual estimamos entre el 30% y el 80%)», señalan los analistas de Banamex.
«Considerando que el 75% del PIB es formal y la elasticidad productividad-horas trabajadas basada en estudios internacionales es entre 0,6 a 0,8, esto arroja caídas brutas en el PIB de entre 0,1-0,3 pp si no hubiera nuevas contrataciones para mantener la producción constante (considerando adopción rápida y generalizada de nuevas tecnologías) y hasta una reducción de 1,0 pp (sin adopción tecnológica)«, explican.
Adicionalmente, los expertos del banco mexicano indican que cuando sea el turno de cumplimiento de las MiPyME’s, si estas reducen contrataciones, la tasa de desempleo podría aumentar entre 0,2 y 0,4 pp. El empleo formal privado, que ya muestra un claro estancamiento, podría verse afectado con destrucción de plazas formales desde el primer año en caso de que las empresas decidan que no es óptimo mantener su nivel de producción previo. Sin embargo, Banamex también considera probable que los trabajadores desplazados por el aumento en el costo laboral unitario en el sector formal puedan ser absorbidos por el mercado laboral informal, dada la dominancia de este último, o bien que las empresas decidan mantenerlos pero de manera informal, con el riesgo de ser sancionadas.
«Además, considerando un traspaso de costos a precios de alrededor de 70%, estimamos un aumento en los costos laborales en 6,5% en caso de que las empresas decidan mantener sus niveles de producción sin cambios. Estos representan a su vez el 30% de los costos totales de las empresas, por lo que el impacto en costos sería de 2%, que estimamos podría verse reflejado en un aumento entre 0,1 y 0,4 pp para la inflación en un esquema sin gradualidad si subsidios», dijo Banamex.
Beneficios en el largo plazo
Eso sí, desde Banamex aseguran que la economía podría verse beneficiada en el largo plazo. Los economistas de la compañía consideran que los trabajadores laborarán menos horas pero seguirán recibiendo el mismo salario, por lo que aumentará la masa salarial, en caso de que las empresas decidan mantener sus niveles de producción y hacer contrataciones o pagar horas extra para ello.
La remuneración de asalariados representa el 30% del PIB, pero la correspondiente a la economía formal es el 24,4%. En la medida que las empresas contrataran nuevo personal, y que sus salarios fueran mayores, aumentaría la masa salarial y, por lo tanto, el consumo, lo que mitigaría el potencial efecto adverso sobre el PIB.
«En resumen, se vería afectada la rentabilidad de las empresas o las finanzas públicas. Esto salvo un incremento abrupto en la productividad laboral, por lo que existe el riesgo de ver una combinación de menor actividad y empleo formal, mayores precios y destrucción de empresas», dice Banamex.
Con un crecimiento proyectado de 0% en 2025, la reforma enfrenta un entorno económico frágil, al que se le suma la debilidad de las finanzas públicas que limitan el margen para financiar subsidios.
«La reforma incrementará los costos laborales, afectando principalmente a sectores como manufacturas, comercio y servicios 24/7, donde las MiPyME’s podrían enfrentar cierres o mayor informalidad sin subsidios suficientes. La transición plantea varios desafíos, incluyendo la duración del periodo de adaptación, la capacidad de supervisión y el monitoreo del cumplimiento. En México la productividad laboral está estancada y la informalidad disminuye a un ritmo muy lento, lo que aumenta los riesgos potenciales de esta reforma, en términos de crecimiento, empleo e inflación», advirtió Banamex en sus conclusiones.
Por Funds Society, México
