Finalmente, el Senado de Estados Unidos aprobó por un estrecho margen el masivo paquete de recortes de impuestos y gastos por 3,3 billones de dólares del presidente Donald Trump. La votación salió 50 a 50 y quien tuvo que desempatar fue el vicepresidente James David Vance. Los senadores republicanos Rand Paul, Susan Collins y Thom Tillis votaron en contra, al igual que los demócratas.
Ahora, falta que el proyecto regrese a la Cámara de Representantes, donde se enfrenta al rechazo de los demócratas y de muchos republicanos, antes de que sea aprobado por el Congreso. Los líderes republicanos se apresuran a conseguir que el proyecto de ley llegue a la Casa Blanca antes del 4 de julio, día marcado por Trump como límite para que la norma entre en vigor.
La ley contempla un paquete fiscal que añadirá 3,3 billones de dólares al déficit en 10 años, según estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso.
La dificultad que enfrentaron los republicanos, que tienen la mayoría en el Congreso, probablemente no disminuirá. El Senado introdujo cambios, particularmente en Medicaid, arriesgando más problemas.
Un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso encontró que 11,8 millones más de estadounidenses quedarán sin seguro para 2034 si el proyecto se convierte en ley.
En total, el proyecto de ley del Senado incluye 4,5 billones de dólares en recortes fiscales, según el último análisis de la agencia presupuestaria, haciendo permanentes las tasas de Trump de 2017, que expirarán al final del año si el Congreso no actúa.
El paquete revertiría miles de millones de dólares en créditos fiscales para energía verde, que los demócratas advierten eliminarán las inversiones en energía eólica y solar en todo el país. Impondría 1,2 billones de dólares en recortes, en gran parte a Medicaid y cupones de alimentos, al imponer requisitos de trabajo a personas en edad de trabajar, incluidos algunos padres y estadounidenses mayores, haciendo más estrictas las condiciones para inscribirse y cambiando los reembolsos federales a los estados.
Además, el proyecto de ley proporcionaría una inyección de 350.000 millones de dólares para seguridad fronteriza y nacional, incluyendo deportaciones, parte de la cual se pagaría con nuevas tarifas cobradas a los inmigrantes.
Las empresas se benefician de los cambios introducidos por el Senado, que darían carácter permanente a una serie de exenciones que sólo se habían ofrecido temporalmente en una versión de la Cámara de Representantes, así como a una exención más generosa para las empresas de los estados con elevados impuestos.
Por Carlos Ruiz de Antequera
Por Funds Society, Miami