Un país sostenible se compromete a garantizar plenamente la libertad de sus ciudadanos e invierte en su desarrollo personal y su bienestar. Respeta el medio ambiente y es fiable en términos de responsabilidades y compromisos internacionales. Asegura su futuro e invierte en las generaciones venideras.
Desde la crisis de la deuda soberana de 2008, los países se examinan cada vez más desde una perspectiva ASG y las agencias de calificación crediticia incluyen ahora el riesgo de cambio climático en sus evaluaciones. En este artículo repasamos los principales indicadores de nuestro modelo de país patentado para evaluar la sostenibilidad de los países emergentes y los Estados miembros de la OCDE en el actual contexto mundial.
1. Gobernanza: transparencia y valores democráticos
Instituciones democráticas y libertades civiles
La gobernanza democrática y las libertades civiles son elementos fundacionales del desarrollo sostenible y la resiliencia institucional. Unas instituciones democráticas fuertes apoyan el Estado de Derecho, permiten la participación inclusiva y defienden los derechos humanos, todos ellos elementos clave para la estabilidad política y económica a largo plazo.
Sin embargo, en 2024, los indicadores de gobernanza mundial siguieron deteriorándose a pesar del número récord de elecciones celebradas en todo el mundo. El Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit registró su puntuación media más baja desde su creación en 2006. Este declive se repitió en el último informe «Libertad en el mundo», de Freedom House, que marcó su 19º año consecutivo de descenso de la libertad global.
Las últimas cifras del Índice de Democracia muestran que sólo el 45% de la población mundial vivía bajo un régimen democrático, mientras que el 39% estaba gobernado por regímenes autoritarios y el 15% por sistemas híbridos. 83 países experimentaron un deterioro en sus puntuaciones de democracia, mientras que sólo 37 registraron mejoras marginales. Sin embargo, es importante señalar que el retroceso del índice en 2024 no fue impulsado por las democracias del mundo, sino por un mayor deterioro de las puntuaciones medias de los regímenes autoritarios. Esta tendencia en curso refuerza la pauta de que tales regímenes son cada vez más represivos con el paso del tiempo.
Los valores democráticos en el núcleo de nuestro modelo de país
En este contexto, la continua exclusión de los países clasificados como regímenes autoritarios y no libres de nuestro modelo de sostenibilidad aporta un valor añadido al limitar la exposición a los riesgos políticos sistémicos y promover los valores democráticos, que constituyen el núcleo de nuestro modelo de país patentado.
Estos indicadores son esenciales para comprender el riesgo político sistémico, la fortaleza institucional y la alineación de un país con los valores democráticos. Recientemente, los regímenes autoritarios han desempeñado un papel clave en el deterioro de la gobernanza mundial.
Sesenta países -frente a los 52 de hace una década- se clasifican ahora como autoritarios, lo que representa casi el 40% de la población mundial. Estos regímenes se caracterizan por la supresión de las voces de la oposición, la manipulación electoral, el control estatal de los medios de comunicación y la erosión de la independencia judicial. En muchos de estos contextos, las elecciones han sido estrictamente controladas o directamente anuladas, la oposición prohibida y la disidencia recibida con violencia.
Las libertades civiles y la integridad del proceso electoral, ambas integradas por las metodologías de Economist Intelligence Unit y Freedom House, han experimentado su mayor declive desde 2008. Este declive del proceso electoral y del pluralismo es especialmente preocupante, dado el número sin precedentes de elecciones celebradas. De hecho, 2024 se caracterizó como una «extravagancia electoral», con cerca de 4.200 millones de personas, que representaban más de la mitad de la población mundial con derecho a voto.
Sin embargo, esta oleada de elecciones no se tradujo en avances democráticos. De hecho, la puntuación media de la categoría «proceso electoral y pluralismo» descendió 0,08 puntos a escala mundial. Esto es especialmente preocupante, dado que las elecciones suelen ser momentos de compromiso cívico y renovación democrática.
2. Medio ambiente: el Acuerdo de París en el punto de mira
Un nuevo indicador que refleja la ambición climática multilateral
Anteriormente, el Acuerdo de París no diferenciaba a los países en nuestro modelo, ya que casi todas las naciones -excepto Irán, Libia y Yemen- lo habían firmado. Sin embargo, la salida de Estados Unidos reavivó el debate sobre si la participación formal debe tenerse en cuenta en nuestra evaluación de la ambición climática de un país, además de otros indicadores como los subsidios a los combustibles fósiles, la cuota de energías renovables, la eficiencia energética y el consumo de carbón, entre otros.
Dado que la firma del acuerdo es una señal clara del compromiso colectivo con la acción climática, hemos decidido reintroducir un indicador binario que refleje si un país ha firmado formalmente el Acuerdo de París y permanece en él.
Como mayor emisor histórico del mundo y segundo emisor actual, Estados Unidos desempeña un papel fundamental en los esfuerzos internacionales por el clima. Su retirada del Acuerdo de París bajo la administración Trump supuso un importante revés para la gobernanza climática mundial. Esta retirada pone de manifiesto la fragilidad de los compromisos internacionales y hace temer que otros países sigan su ejemplo y abandonen también el Acuerdo de París.
3. Social: población, asistencia sanitaria y distribución de la riqueza
Mortalidad materna: un indicador añadido a nuestro modelo
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de las Naciones Unidas insta a reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos para 2030. Las complicaciones durante el embarazo y el parto siguen siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad entre las mujeres en edad reproductiva, sobre todo en los países en desarrollo y las economías emergentes. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las muertes maternas son evitables con un acceso oportuno a una atención de calidad antes, durante y después del parto.
La mortalidad materna sirve como indicador indirecto de la capacidad sanitaria sistémica: engloba la disponibilidad de servicios obstétricos de urgencia, la solidez de las redes de atención primaria y el grado de equidad social y de género dentro de un país. Su reducción ha sido uno de los logros clave de la salud mundial en las últimas dos décadas, con un descenso mundial de aproximadamente el 40% entre 2000 y 2017 (OMS, UNICEF, UNFPA). Sin embargo, las tendencias recientes muestran una inversión, con un aumento de la mortalidad materna en algunas regiones debido a los conflictos, el debilitamiento de los sistemas de salud y las desigualdades en el acceso.
La inclusión de la mortalidad materna como indicador básico de sostenibilidad proporciona información sobre la resiliencia del sistema sanitario de un país. También alinea el modelo con los objetivos reconocidos mundialmente, apoya el análisis centrado en el género y refuerza la capacidad de evaluar el riesgo de desarrollo a largo plazo desde una perspectiva sanitaria.
Necesidades humanas básicas: vivienda
El acceso a la vivienda está reconocido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de las Naciones Unidas, cuya meta es «garantizar el acceso de todos a una vivienda adecuada, segura y asequible y a los servicios básicos, y mejorar los barrios marginales» para 2030. Una vivienda inadecuada o la carencia de hogar a menudo conducen a la exclusión de los mercados educativo y laboral y están estrechamente relacionadas con los malos resultados en materia de salud (OCDE, ONU-Hábitat). Además, la estabilidad de la vivienda está directamente relacionada con la capacidad de una persona para salir de la pobreza y participar plenamente en la sociedad.
En los últimos años, la inflación, el aumento de los tipos de interés y el estancamiento salarial han incrementado el coste de la vivienda en los países de la OCDE. Estas presiones han afectado de manera desproporcionada a los hogares con bajos ingresos, empujando a muchos a la inseguridad de la vivienda o a quedarse sin hogar.
Según datos de la OCDE, casi uno de cada diez hogares con ingresos bajos gasta más del 40% de su renta disponible en vivienda, agua, electricidad, gas y otros servicios básicos, mucho más de lo que se considera asequible. Según ONU-Hábitat, las políticas de vivienda bien planificadas reducen la desigualdad, aumentan la productividad económica y son esenciales para las estrategias de adaptación al clima.
La asequibilidad de la vivienda mide la proporción de los ingresos que los hogares gastan en vivienda y servicios públicos relacionados. Este indicador es crucial para controlar la equidad social y la resiliencia económica. Cuando estos costes superan el 30-40% de los ingresos de un hogar -el umbral de asequibilidad comúnmente aceptado-, los hogares corren el riesgo de sufrir privaciones materiales, estrés financiero y, en el peor de los casos, desahucio o quedarse sin hogar.
En la mayoría de los países, los hogares dedican una parte cada vez mayor de sus gastos a estos artículos de primera necesidad. La República Eslovaca, Finlandia y Dinamarca tienen los porcentajes más altos, en torno al 25-30%, mientras que México y Turquía tienen los más bajos, por debajo del 15%. La media de la OCDE se sitúa en torno al 20%, y la tendencia general indica un aumento de los gastos relacionados con la vivienda a lo largo del tiempo.
Esta medida también actúa como indicador indirecto de las presiones urbanas sistémicas y de la eficacia de las políticas. Proporciona información sobre la forma en que los mercados de la vivienda y los sistemas de protección social apoyan -o no- a las poblaciones vulnerables. Abordar este indicador dentro de nuestro modelo de país permite intervenciones específicas basadas en datos y garantiza que el progreso hacia el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) siga siendo equitativo e inclusivo.
Educación
La educación es un motor clave del desarrollo social y económico. En nuestro modelo, se basa en las necesidades humanas básicas y apuntala la resiliencia a largo plazo ampliando las oportunidades, mejorando la movilidad social y apoyando el crecimiento integrador.
La educación preescolar está ampliamente reconocida como una de las bases más eficaces para el aprendizaje permanente y la equidad social. Según la OCDE, la escolarización entre los 3 y los 5 años de edad desempeña un papel decisivo en la configuración del rendimiento académico futuro, el fortalecimiento de las aptitudes socioemocionales y la reducción del riesgo de abandono escolar, especialmente en el caso de los niños procedentes de entornos desfavorecidos.
Denominada «la gran igualadora», la educación temprana ayuda a cerrar las brechas de aprendizaje antes de que aumenten, apoyando sistemas educativos más inclusivos y eficaces. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO subraya su importancia para el desarrollo equitativo, mientras que el Grupo Consultivo sobre Prácticas Educativas Mundiales la incluye entre las inversiones en educación más rentables y de mayor impacto. El seguimiento de las tasas de escolarización en la enseñanza preescolar ofrece una visión significativa del compromiso de un país con el desarrollo del capital humano en las primeras etapas.
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Tribuna de Julie Gossen y Lina Arrifi, especialistas en Inversión Responsable de DPAM.
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