La decisión del ministro de Hacienda de avanzar con el gravamen a la renta financiera de las personas físicas ha traído sobre la mesa dos cuestiones innegables: por un lado, malestar; por el otro, incertidumbre.
Más allá de la magnitud del impuesto, lo que parece incomprensible es la dirección de la medida, sobre todo en un momento donde el país necesita imperiosamente del ahorro nacional y del desarrollo del mercado de capitales local para no depender del ciclotímico humor de los mercados internacionales, los cuales han mostrado una volatilidad creciente en los últimos días.
En cierta medida, el inversor residente se ha sentido traicionado y desilusionado con esta decisión, considerando que hace un año atrás se le confirmaba que el CAMBIO había llegado para quedarse y que era el momento de confiar en el país. Así, una parte importante de la atención de la semana entrante estará focalizada en la letra chica del proyecto que se envíe al Congreso para su debate.
En simultáneo, el Gobierno intenta promover el desarrollo del mercado de capitales local con la nueva Ley de Financiamiento Productivo, un proyecto que busca limitar el poder de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para intervenir en los Directorios de las compañías, mientras que se busca agilizar el acceso al financiamiento a PyMES (Pequeñas y Medianas Empresas) y la creación de nuevos instrumentos de inversión para promover el ahorro doméstico.
La pregunta que nos hacemos, entonces, es: ¿Cuál es el verdadero Gobierno? ¿El que intenta promover la confianza de los inversores locales para financiar el crecimiento de la economía o el que cambia las reglas de juego buscando gravar la renta financiera?
Esa ambigüedad es ciertamente la que está produciendo un incremento de la incertidumbre, en un momento en donde las condiciones financieras globales también se han enrarecido, con un aumento gradual de tasas por parte de los bancos centrales desarrollados y el desembarco de Jerome Powell en la Reserva Federal a partir de febrero próximo.
También ha quedado en el ojo de la tormenta la institución que hasta ahora gozaba de mayor credibilidad en Argentina: el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Tras no poder cumplir con la meta de inflación propuesta para el año en curso, fijada en el 17%, la autoridad monetaria redobló su apuesta en términos de endurecimiento de la política monetaria. En las últimas dos semanas, subió la tasa de referencia de los pases bancarios hasta el 28,75% y ayer convalidó igual rendimiento en la licitación mensual de Lebac, a 35 días.
Con una tasa de interés real positiva de casi 9%, las críticas arrecian sobre el BCRA por la efectividad de dicha política para contener las expectativas de inflación, al tiempo que el costo es elevado en términos del crédito para la actividad productiva.
Sin embargo, creo que ese enfoque de opinión general no es acertado. El BCRA ha hecho lo que debería hacer en un contexto donde la credibilidad de las instituciones argentinas sigue dañada por lo ocurrido, al menos, durante los últimos 25 años. Sin la sincronización entre la política monetaria y fiscal, la pelea por derrotar a la inflación parece tener un resultado cierto y previsible: no funcionará.
Para colmo de males, trascendió que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Seguros, impediría a las aseguradoras de riesgo invertir en Lebac a partir del mes de marzo, llevando sus tenencias a 0% para ese entonces.
Escudados bajo el lema de que “los estándares globales no permiten que las aseguradoras inviertan en instrumentos de política monetaria en ninguna parte del mundo”, el Gobierno intenta intervenir discrecionalmente en las estrategias de inversión de estas compañías privadas, erosionando su rentabilidad.
Como contraprestación, se les ofrecerá invertir su dinero en Letes del Tesoro nacional en pesos creando tres señales muy desfavorables en el caso de avanzar:
1. Se reconoce implícitamente que las Lebac son una “bomba de tiempo” para el BCRA.
2. Las aseguradoras pueden ser las primeras de una lista larga que podría venir detrás.
3. Se limita la capacidad privada de gestionar las inversiones de acuerdo a lo más conveniente para cada parte en cuestión.
Claramente que las últimas semanas estuvieron teñidas por medidas o intenciones del Gobierno difíciles de interpretar desde el espectro del inversor. La administración de Macri debe respirar profundo, tomarse el tiempo necesario y revaluar sus últimos pasos para evitar costos importantes que se pagarán en el futuro con esta clase de señales contradictorias que reciben los agentes más importantes del momento: los que ostentan capacidad de ahorro para financiar inversiones.
Diego Martínez Burzaco es economista y director de MB Inversiones
